El PSOE consuma su pacto con Bildu y lanza la Ley de Memoria con los herederos políticos de ETA
El texto ha salido adelante en comisión parlamentaria con el concurso de socialistas, Bildu, Unidas Podemos, el PNV y los independentistas de Esquerra, mientras que el PP, Vox y Cs han votado en contra
Los acuerdos que ha ido trabando el PSOE para sacar adelante la Ley de Memoria Democrática de la mano del independentismo y de los herederos políticos de ETA se ha consumado este martes en el Congreso. Tocaba votar el texto en la Comisión Constitucional de la Cámara y se certificaron esas alianzas. El PSOE unió sus votos a los de sus socios de gobierno de Unidas Podemos, los abertzales de Bildu y los soberanistas del PNV, aritmética que se completó con la abstención de los independentistas catalanes de Esquerra Republicana (ERC). Enfrente, los votos en contra del PP, Vox y Ciudadanos, en minoría.
La controvertida Ley de Memoria supera así este trámite parlamentario, paso intermedio en su recorrido hacia la aprobación en Pleno y su consiguiente entrada en vigor. Las concesiones de PSOE a Bildu han surtido efecto para consumar su voto a favor en esta ley, en la que los herederos políticos de ETA se convierten en actores condicionantes de la memoria democrática legislada.
Entre otras concesiones, el nuevo texto legal admite que hubo víctimas por violaciones de los derechos humanos hasta el año 1983, cuando la Constitución ya llevaba cinco años en vigor. De esa forma, los abertzales logran poner el foco en los GAL, la llamada 'guerra sucia' contra ETA que se produjo durante los primeros años de Gobierno de Felipe González . Y abona también el discurso que durante años esgrimieron los terroristas y sus órbitas para legitimar la violencia.
Esta ley, que supone una profundización en la Ley de Memoria Histórica de 2007, fue aprobada en Consejo de Ministros hace casi un año y tomada en consideración por el Congreso en octubre de 2021, pero dos meses después se metió en 'la nevera' al no ver el Gobierno suficientes apoyos para sacarla adelante, ya que a la oposición del PP, Vox y Ciudadanos se sumó el rechazo de ERC, que la considera insuficiente.
Fue el pasado mes de junio cuando la coalición de Gobierno reactivó su tramitación, una vez que PSOE y Unidas Podemos habían acercado posturas con otras formaciones minoritarias. Así, la Ley de Memoria Democrática superó la fase de ponencia tras introducirse varias enmiendas pactadas con Bildu, PNV, el PDeCAT, Más País y Coalición Canaria .
Conesiones a los abertzales
La nueva ley mandata al Gobierno a crear, en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor, una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983», informa Ep. Ese estudio deberá recoger «posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo», en línea con las concesiones exigidas por Bildu y aceptadas por los socialistas..
Además, el PSOE y Unidas Podemos acordaron también con la coalición abertzale la creación de una comisión estatal independiente de carácter académico para «contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura». Su función será recoger testimonios, información y documentos y aprobar un informe de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas de forma «objetiva e imparcial».
Ilegalidad de los tribunales franquistas
En otro de los acuerdos previos se introdujo una enmienda para declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales y administrativos creados a partir del golpe de Estado de 1936, para la persecución por motivos políticos o de conciencia. El proyecto de ley ya recogía la nulidad de sus resoluciones y la ilegitimidad de estos tribunales que finalmente se reconocerán como ilegales.
Con Más País, y el PDeCAT, el PSOE y Unidas Podemos cerraron otro acuerdo que declara «ilegal» el régimen franquista y reconoce expresamente que «las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos» alumbraron la democracia.
Con el PDeCAT se acordó articular mecanismos y recursos para evaluar la «represión y persecución» cultural y lingüística del franquismo, declarando «víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega3.
Y con el PNV se selló otro pacto para fijar en un año el plazo para la restitución de documentos u efectos a personas naturales o jurídicas de carácter privado que estén en el Archivo General de la Guerra Civil. Podrán beneficiarse también partidos, sindicatos o unidades militares que reclamen enseñas, emblemas o banderas que estén en poder de entidades públicas.
Todos estos acuerdos han permitido al Gobierno sumar apoyos suficientes para sacar adelante la ley este lunes en la Comisión Constitucional. A los 17 votos que suman PSOE y Unidas Podemos en comisión ha añadido este lunes los del PNV y Bildu, lo que ya les ha dado la mayoría absoluta en la comisión que preside el socialista Patxi López.
Esquerra y Junts quieren más
Finalmente Esquerra Republicana se ha decantado por la abstención , pues aunque su portavoz ajunta, Carolina Telechea, admite que ha habido avances en las enmiendas pactadas, creen que faltan cuestiones como fijar una escala de reparaciones económicas, impedir que prescriban los crímenes del franquismo y derogar total o parcialmente la Ley de Amnistía de 1977, que a su juicio sella la «impunidad» del franquismo. «Se sigue sin poder juzgar los crímenes del fascismo», ha señalado.
Tampoco Junts ha querido dar su apoyo al texto, se ha quedado en la abstención, al considerar que «no cambia nada» para investigar crímenes del franquismo y no declara a Cataluña como «nación víctima» de la dictadura .
En contra se han mantenido el PP, Vox, Ciudadanos y el diputado Carlos García Adanero, de Navarra Suma, que ha representado al heterogéneo Grupo Mixto.
Una vez aprobado por la Comisión Constitucional, el dictamen de la comisión se elevará al 'pleno escoba' que se prevé celebrar tras el Debate sobre el estado de la Nación con idea de que llegue al Senado este mismo mes de julio y se pueda completar toda la tramitación parlamentaria en otoño.
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