Un proxeneta: «Te mando ganado nuevo»
Miles de mujeres siguen confinadas y explotadas en pisos de alterne a merced de sus «dueños». El consumo de sexo de pago no ha cesado; la Policía ha desmantelado dos redes en una semana
A las once de la mañana del Martes Santo, un hombre llamó al teléfono contra la trata de la Policía Nacional. «Conozco a una mujer que está encerrada en un piso de Estepona donde la obligan a prostituirse» . A las siete de la tarde, la pareja que regentaba el prostíbulo clandestino ya estaba engrilletada: un español y una paraguaya. Los agentes liberaron a tres mujeres de esa nacionalidad. La víctima que alertó de su encierro había acabado allí por una oferta de trabajo para cuidar niños. Desde enero, ella y sus compañeras apenas habían podido pisar la calle dos veces, una para comprar droga con un cliente.
Es la última operación contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y confirma lo que se sospechaba: los puteros burlan como pueden el estado de alarma. La mayoría de grandes prostíbulos han cerrado, pero miles de mujeres siguen confinadas en pisos de alterne, obligadas a trabajar las 24 horas, como las víctimas paraguayas, y en peores condiciones que antes. Las deudas con los proxenetas se acumulan y algunas no tienen ni para comer. La «diaria», lo que deben entregar, no se perdona.
La pareja de Estepona se distribuía las tareas: ella concertaba las citas sexuales con los clientes y su marido los surtía de drogas. Las víctimas, según contaron a los agentes, tenían que entregarles la mitad de lo que cobraban y estaban controladas día y noche. La pareja detenida llevaba un exhaustivo control de los pagos en cuatro agendas que fueron intervenidas.
Desde que empezó el estado de alarma la Policía Nacional ha recibido 141 comunicaciones sobre hechos relacionados con trata, que han activado quince investigaciones, una de ellas la de Málaga. Dentro del Plan contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la Policía cuenta con el teléfono 900 10 50 90 (anónimo y que no deja rastro en la factura), y el correo electrónico trata@policia.es.
Denuncias anónimas
«Creíamos que los ciudadanos iban a colaborar menos, pero no ha sido así. Nos llaman cuando saben que hay una casa de citas cerca o en su bloque o si detectan anuncios en páginas», explica el inspector jefe José Nieto, jefe de servicio operativo en la Ucrif Central.
Nieto, uno de los mayores expertos en este tráfico de personas, cuenta que se han complicado las vigilancias porque igual que se alerta de pisos clandestinos también se avisa si hay dos personas en un coche de paisano. «Hay compañeros a los que han ido a identificar policías locales sin saberlo, claro».
Advierte de la situación extrema en la que han quedado muchas de estas mujeres. «Se están dando casos en los que las ONG tienen que llevarles comida o productos básicos, como pueden». «Estamos volviendo a una situación tercermundista con mujeres hacinadas en pisos obligadas a pagar la deuda y, por supuesto, con puteros que las reclaman», dice Rocío Nieto, presidenta de la asociación Apramp, que lleva años rescatando a estas víctimas y buscándoles una salida laboral.
Prostitución en los invernaderos
El estado de alarma no amilana a los proxenetas. El mismo día que se declaró un avión aterrizó en Madrid con una veintena de mujeres colombianas traídas para usarlas como mercancía. La Policía llevaba meses detrás de esa organización que tenía varios pisos de prostitución en Jaén. «Te mando ganado nuevo», le dijo uno de los proxenetas a otro miembro del grupo. Esa nueva remesa unida a la denuncia de secuestro presentada en Colombia por unos familiares precipitó la operación. Al entrar, los agentes descubrieron que había una menor. A las de veintipico las llamaban «viejitas». Fueron detenidos siete individuos y liberadas doce víctimas.
«Es inexplicable pero los victimarios (clientes) utilizan cualquier pretexto: desde sacar al perro hasta ir a trabajar a los campos de Almería y solicitar mujeres en los invernaderos», dice Rocío Mora, directora de Apramp. En Madrid cuentan con una unidad móvil que identifica puntos de explotación ocultos y mantienen comunicación como pueden con las víctimas. Muchas no sabían lo que era el Covid-19; otras tenían síntomas y algunas han desaparecido. «Están sometidas a más violencia, más presión y más aislamiento que nunca», asegura.
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