Un proceso judicial bajo estado de alarma
Recepción de la denuncia
El 23 de marzo la juez Rodríguez-Medel abre una investigación tras admitir a trámite una denuncia de un particular contra la decisión de permitir que se celebrasen manifestaciones en Madrid entre el 5 y el 14 de marzo. La magistrada cree que hay indicios de delito y dirige el procedimiento contra el delegado del Gobierno en la Comunidad.
Decisión final a la vista de las pruebas
Una vez practicadas todas las diligencias, la juez toma su decisión final, que salvo sorpresa de última hora es la de archivar la causa por falta de pruebas. Hasta entonces cree que hay indicios contra el delegado del Gobierno, pero con todos los datos en la mano lo descarta. No cabe hablar, pues, de «investigación teledirigida».
Orden de diligencias de investigación
La magistrada ordena a la Guardia Civil y al forense la elaboración de informes. Con los primeros documentos sobre su mesa, ya descarta que pueda haber un delito de lesiones u homicidio imprudente, pero deja abierta la puerta a la prevaricación, ya que el delegado pudo haber tenido «conocimiento objetivo y cierto» del peligro, sin que hiciera nada.
Toma de declaración al investigado
El siguiente paso de la magistrada -además de responder a los duros escritos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado- es tomar declaración, con todas las garantías, al delegado del Gobierno y a otras 18 personas, entre trabajadores de la Delegación y convocantes de manifestaciones. Con estas comparecencias termina de formarse criterio.
