¿Qué pretenden JpS y la CUP con la reforma parlamentaria para la «ley de ruptura»?
Su intención es presentar las llamadas leyes de «desconexión» mediante el procedimiento de lectura única, sin el «estorbo» de la oposición
¿Qué dice el artículo 135 del Reglamento del Parlamento de Cataluña?
Este artículo -que tiene tres puntos- recoge los requisitos para tramitar las iniciativas legislativas en lectura única, tanto los referidos a los proyectos de ley (a iniciativa del gobierno) como a las proposiciones de ley (a iniciativa de los grupos parlamentarios). El trámite pasa, en cualquier caso, por el pleno o por una comisión, pero, sobre todo, las propuestas han de ir firmadas por todos los grupos de la Cámara. La propuesta de reforma de JpS elimina la firma de todos los grupos para su tramitación y deja la petición, solamente, en un grupo , que puede ser el «promotor» de la iniciativa. En ambos casos, la propuesta de ley por este mecanismo tiene que ser aprobada por mayoría en el pleno del Parlamento de Cataluña.
¿Qué bloquea su estrategia?
Con el reglamento actual, cualquiera de los grupos políticos constitucionalistas que están en la oposición puede bloquear una petición de ley por el trámite de lectura única. Pero si se aprueba la propuesta de JpS, con el visto bueno de una formación bastaría para votar la reforma legislativa en el pleno, lo que significaría que el control de JpS y la CUP sería total.
¿Qué plazos y debates quieren evitar?
La utilización de cambios legislativos mediante la lectura única se utiliza en casos excepcionales, por «la naturaleza del proyecto» o «la simplicidad de la formulación», sobre todo. Esto se traduce en gestiones básicamente técnicas de un consenso unánime o para reformas breves en su articulado. Además, tramitar un cambio legislativo por lectura única significa que no hay debate en comisión, ni se aceptan enmiendas de los grupos de la oposición y, por tanto, se acortan los plazos parlamentarios.
¿Toda esta reforma reglamentaria, para qué, finalmente?
La intención de JpS y la CUP es presentar las llamadas leyes de «desconexión» (sobre transitoriedad jurídica, hacienda pública y seguridad social) en el Parlamento de Cataluña mediante el procedimiento de lectura única, sin el «estorbo» de la oposición, y aprobarlas rápidamente . Esto haría que el Gobierno y el Tribunal Constitucional tuvieran menos tiempo de reacción para presentar recursos de ilegalidad.
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