La ANC pretende reunir a 48.000 personas en 107 manifestaciones
La entidad mantiene la Diada pese a las recomendaciones de los médicos
107 puntos de concentración y 48.000 asistentes previstos, una pesadilla para cualquier epidemiólogo. No es el guion de una mala película sino la previsión de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) para la próxima Diada, una convocatoria de movilización que la entidad mantiene contra viento y marea pese a las demandas explícitas en sentido contrario de todos los epidemiólogos consultados, también, sin ambages, de los que asesoran al gobierno catalán durante la pandemia de coronavirus.
Noticias relacionadas
La presidenta de la entidad, Elisena Paluzie, detalló ayer la previsión con la que trabajan, a falta aún de que la consejería de Interior de la Generalitat, competente en esta materia, autorice o no la movilización. Hasta ahora, la postura del Govern ha sido ambivalente. En un primer momento, y tras anunciar nuevas medidas restrictivas en Cataluña que limitan a diez personas las reuniones sociales o familiares -medidas aún vigentes-, el presidente Quim Torra afirmó que estas limitaciones afectarían también a la manifestación de la Diada. No había pasado ni una hora que Presidencia mandaba una nota enmendando a Torra asegurando que el derecho a manifestación no estaba afectado.
Regreso escolar
La posible legalidad de llevar a cabo una movilización de este estilo no impide que el sentido común deba tenerse también en cuenta, denuncian para empezar todos los partidos políticos, a excepción de los independentistas, claro. Y eso es lo que han pedido también tanto Antoni Trilla como Josep Maria Argimon, los dos científicos de referencia en Cataluña en la lucha contra la Covid-19.
El miedo a que la Diada (11 de septiembre) pueda convertirse en un nuevo 8-M se extiende, más cuando va a celebrarse a falta de tres días para el inicio del curso escolar (día 14), y en un momento en el que las cifras de propagación de la pandemia -aunque llevan dos días mejorando en Cataluña- son preocupantes.
Pese a ello, la ANC sigue adelante . La entidad que ha organizado en los últimos años las movilizaciones más importantes vividas nunca en Cataluña y siempre ha presumido de imaginación es incapaz de proponer algo para manifestarse que no ponga en riesgo a los manifestantes y a la población en general. La ANC -entidad que en los últimos años ha radicalizado su postura, hasta el punto de incomodar a los partidos que antes la jaleaban, es el caso de ERC- se ve capaz aseguran de organizar una nueva Diada «descentralizada» cumpliendo con todos los protocolos de seguridad.
Para poder asistir a los distintos puntos de concentración habrá que inscribirse de manera previa, y voluntarios controlarán los accesos, la distancia entre los manifestantes, el uso de mascarillas y la prohibición de consumir alimentos o compartir pancartas, se explicó ayer. Nada se dijo de cómo se impedirá que se agolpe la gente en los puntos de acceso si personas no inscritas, o las mismas que lo han hecho, deciden acercarse a la vez. Aunque la media de manifestantes en los 107 puntos previstos será de entre 200 y 300 personas, hay otros, como el previsto en Badalona (Barcelona), donde se prevé reunir a unas 1.700 personas. Tampoco nada se dijo sobre los desplazamientos hasta los distintos puntos de concentración y los problemas y riesgos que por sí ello genera.
Además de la oportunidad de la convocatoria en términos epidemiológicos, el formato mismo y los puntos de concentración también han generado críticas desde el punto de vista político, ya que, tal y como denuncian los partidos no soberanistas , lo que pretende la ANC es organizar en realidad una suerte de «escrache» masivo, aunque no contra personas sino contra sedes de organismos del Estado. Hay puntos de protesta ante oficinas de la Seguridad Social, la sede del Banco de España o estaciones de tren. También ante la Universidad de Barcelona, lo que ha motivado la airada réplica de su rector, Joan Elias, que pidió a los manifestantes que se vayan a rodear la Generalitat, administración que es la que en realidad infrafinancia la educación superior en Cataluña.