Los Presupuestos de 2016, los últimos aprobados en tiempo y forma
Los aprobados este jueves para el ejercicio 2022 son los que menos retraso han acumulado sobre la fecha límite legal, el 1 de octubre
El Consejo de Ministros, reunido de forma extraordinaria, ha aprobado este jueves el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 . Comienza así su tramitación parlamentaria, bloqueada hasta ahora por los desencuentros entre los socios del Gobierno en temas clave como la ley de vivienda. A pesar de eso, que ha provocado que el texto llegue al Congreso más tarde de lo que exige la Constitución, las de 2022 son las cuentas que más se han ajustado al plazo adecuado, que no se ha cumplido desde las elecciones de 2016.
Según la Carta Magna, el Gobierno debe entregar al Congreso el proyecto de Presupuestos «al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». La Ley General Presupuestaria complementa esta disposición sin dejar ningún margen de duda: el proyecto tiene que llegar a la Cámara Baja «antes del día 1 de octubre del año anterior».
Por lo tanto, los de 2022 llegarán una semana tarde al Congreso. Pese a las dificultades para llegar al proyecto definitivo en La Moncloa, lo cierto es que con los antecedentes de los últimos años parece casi un logro que el retraso haya sido tan pequeño. Los últimos PGE aprobados en plazo fueron los de 2016 , que llegaron al Congreso en agosto de 2015 y recibieron el visto bueno en octubre. Las elecciones de diciembre de 2015, además de fragmentar el hemiciclo parlamentario, acabaron con esto.
La imposibilidad de formar Gobierno y la repetición de las elecciones en junio de 2016 llevó a que las cuentas correspondientes al año 2017 se aprobaran cuando ya había transcurrido la mitad de ese ejercicio, en junio de ese año. Hasta entonces, siguieron en vigor, prorrogados, los de 2016. Pese a la corta esperanza de vida que tenían al haber nacido en verano, los Presupuestos de 2017 duraron más de lo previsto: la incapacidad de negociar un nuevo texto los prorrogó hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy sacó adelante en mayo las cuentas de 2018 .
Solo unos días después, la moción de censura liderada por Pedro Sánchez le apartó del poder gracias al apoyo del PNV –que había sido clave para la aprobación de las cuentas de Rajoy–. De nuevo, unos Presupuestos que nacían con la mitad de su mandato expirado acabaron dando la sorpresa: el nuevo Ejecutivo socialista los prorrogó en 2019, año en el que fue incapaz de sacar adelante su propio proyecto, lo que derivó en las elecciones generales de abril. El escenario fue el mismo que en 2015, con otra repetición electoral en noviembre. Tras la cita con las urnas, Sánchez volvió a formar Gobierno, esta vez en coalición con Unidas Podemos.
Lejos de perder vigencia, los Presupuestos de 2018 fueron prorrogados en 2020 por el Gobierno de coalición, permaneciendo en vigor por un tercer ejercicio y rozando el cuarto: hubo que esperar hasta el 23 de diciembre del año pasado para que Sánchez y Pablo Iglesias sacaran adelante las cuentas del ejercicio actual, que llegaron al Congreso el 27 de octubre. Los de 2021 han sido, por lo tanto, los primeros PGE desde los de 2016 que han estado en vigor todo el ejercicio para el que estaban previstos.
Otros retrasos
Algo similar ocurre con el Plan Anual Normativo , con unas fechas aún más desvirtuadas. Se trata de un documento en el que el Gobierno detalla los planes que tiene en materia de legislación y que se tiene que aprobar antes del 30 de abril del año anterior al que se refiere. Por lo tanto, el de 2021 se tuvo que aprobar hace 18 meses, pero no vio la luz hasta el Consejo de Ministros del 31 de agosto, hace poco más de un mes y con una vigencia de solo cuatro.
Con respecto al de 2022 , que ya lleva más de cinco meses de retraso , aún no hay noticias. Esta situación ha provocado las quejas del grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso, que en julio instó al Gobierno a presentar estos documentos «con carácter de urgencia». «Esta obligación legal le resulta incómoda para la consecución de sus fines», denunció la portavoz del PP, Cuca Gamarra.
