La presión política obliga a Sánchez a dialogar con los alcaldes
Rectifica a la ministra Montero que afirmó que el acuerdo con la FEMP no se cambiaba
La presión política liderada por el Partido Popular contra el acuerdo de Pedro Sánchez con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) , el socialista Abel Caballero , para que los municipios cedan a la Hacienda Pública los 15.000 millones de su superávit, a cambio de poder acceder a un fondo de 5.000, y la devolución de los remantes en 15 años, ha hecho efecto en el presidente del Gobierno.
El rechazo de todas las formaciones políticas ponía en peligro su convalidación en el Congreso de los Diputados y Pedro Sánchez ha preferido dar un paso atrás y abrir una negociación, antes que perder una votación en la Cámara Baja.
Una semana después de que el Consejo de Ministros aprobara el polémico real decreto ley, el presidente del Gobierno anunció ayer, en la comparecencia posterior a su reunión con Su Majestad el Rey en Palma de Mallorca , su disposición a iniciar un diálogo con los grupo parlamentarios antes de someter a votación el decreto ley . Una convalidación que estaba prevista para la primera quincena de septiembre, pero que a día de hoy no cuenta con los apoyos suficientes. Hasta su socio de gobierno, Podemos, se abstuvo en la votación de la Junta de Gobierno de la FEMP, y solo se ha mostrado dispuesto a aceptar que se tramite como proyecto de ley, lo que permitiría incorporar algunas propuestas .
Sánchez aseguró ayer que su gabinete tiene la «máxima disponibilidad» y «la mano tendida» con todas las instituciones y, «singularmente, con los ayuntamientos», para negociar y dialogar. No obstante, sostuvo que lo pactado es un «gran acuerdo». El presidente subrayó que tiene un «compromiso firme» con estas instituciones, «olvidadas durante mucho tiempo» y a las que quiere dar un «papel protagonista» en la recuperación económica y social futura.
Convalidación
Este cambio de posición de Sánchez viene a rectificar la postura que ha venido manteniendo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero , que, según el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, dijo «que no se tocaba ni una coma» del documento firmado con la FEMP.
De hecho, ayer mismo, Montero se mantuvo firme en la defensa del contenido del real decreto ley y no dio muestras de ceder en su posición inicial. Llegó a afirmar desde Rota (Cádiz) que no entendía las «críticas» que por parte de grupos políticos y alcaldes se estaban realizando al acuerdo , apuntando que «no tendría ningún sentido» que el Congreso de los Diputados no convalidara el decreto ley que lo recoge.
La ministra de Hacienda atribuyó a una «estrategia de desgaste» la reacción del PP , «que perjudica el municipalismo». Una ofensiva de los populares que ha terminado por obligar al presidente a rectificar, y que se inició registrando mociones en todos los ayuntamientos , diputaciones y parlamentos autonómicos contra la medida.
Va a continuar con movilizaciones y la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, entre otras actuaciones de protesta. La coordinación de toda esta movilización comenzó con una reunión de los presidentes provinciales y con otra con 125 alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes.
«Robar y expropiar»
En el marco de esta agenda reivindicativa de los populares, el vicesecretario de Política Territorial,Antonio González Terol, se trasladó ayer a Santander para mantener un encuentro con responsables de corporaciones de esta formación política en la cornisa cantábrica.
El dirigente popular aseguró a ABC que el presidente Sánchez, si quiere negociar el acuerdo, lo primero que tiene que hacer es reunirse con los diez alcaldes de las ocho formaciones políticas que mostraron su desacuerdo con el real decreto y retirarlo. «Son ya muchos los partidos políticos que se oponen al real decreto ley que el Gobierno de España ha aprobado con agosticidad y alevosía para robar, expropiar y hurtar los ahorros de los ayuntamientos».
Finalmente, González Terol insistió en que los socialistas «han hecho una suerte de corralito de fondos públicos, que puede ser la introducción a un nuevo corralito, en este caso de los ahorros privados».
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