El PP registra una proposición no de ley para el cumplimiento íntegro de las penas de sedición
Los populares instan al Gobierno a «garantizar« también el cumplimiento de las condenas por terrorismo y contra la Constitución
La concesión de semi-libertad a los políticos independentistas condenados por organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre ha levantado ampollas en el PP. Los populares se pusieron manos a la obra y ayer mismo registraron en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a tomar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento «real y efectivo» de las condenas impuestas por terrorismo, sedición y delitos contra la Constitución.
Los populares concretan estas acciones en nueve puntos siendo el primero la ejecución «de cuantas modificaciones legislativas sean necesarias» para garantizar «la correcta aplicación por las autoridades autonómicas catalanas de las normas penitenciarias cuya competencia tienen transferida».
El paquete de propuestas contempla también el empleo de «todos los cauces» posibles para que los condenados por delitos de sedición no puedan acceder al tercer grado, la renuncia a cualquier negociación con el ejecutivo vasco para transferir las competencias penitenciarias también a esta comunidad o la paralización de la política de acercamiento de presos condenados por delitos de terrorismo.
Los populares también encuentran necesario que se modifique el Reglamento Penitenciario para que no pueda utilizarse de forma arbitraria, para «abrir la puerta a la impunidad» o para que se produzcan «agravios comparativos» entre los presos.
Asimismo, defienden la importancia de reformar el Código Penal para «recuperar el delito de rebelión impropia», «introducir el cumplimiento íntegro de las penas para los condenados por rebelión, sedición y terrorismo» o «restablecer el delito por convocatoria de referéndum ilegal».
Por último, abogan por «impedir de forma efectiva los homenajes públicos a terroristas» y reformar la Ley de Financiación de los Partidos Políticos para que las formaciones que tengan condenados en sus filas por los delitos de rebelión, sedición, colaboración con banda terrorista o apología del terrorismo no puedan recibir fondos públicos.
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