El PP lleva al Parlamento Europeo la denuncia de los jueces españoles sobre la reforma del CGPJ
«Las reformas planteadas por el gobierno de Sánchez en el ámbito judicial suponen una violación de los principios del estado de derecho, que son uno de los pilares fundamentales de la UE», asegura el eurodiputado Javier Zarzalejos
EEl Partido Popular en Bruselas ha pedido al Parlamento Europeo que discuta formalmente la queja que tres asociaciones judiciales -que representan a 2.500 jueces , la mitad de la carrera- presentaron el martes a la Comisión Europea (CE), sobre la posible violación del estado de derecho en la reforma del Consejo General del Poder Judicial , planteda por el Gobierno de Pedro Sánchez.
El escrito de las asociaciones judiciales fue dirigido a la vicepresidenta de Valores y Transparencia y al comisario de Justicia de la CE donde señalaban que «aun sabiendo que solo en contadas ocasiones la UE se pronuncia sobre asuntos de organización, nos vemos obligados a recurrir a la Comisión Europea para poner en su conocimiento nuestra inquietud ante el actual panorama que se cierne sobre la independencia judicial en España».
El grupo popular en Bruselas, encabezado por el eurodiputado Javier Zarzalejos , pidió al grupo parlamentario responsable de evaluar las posibles amenazas contra la democracia, el estado de derecho y las libertades fundamentales en los 27 países, la evaluación de esta queja.
«Lamentablemente hay indicios suficientes de que las reformas planteadas por el gobierno de Pedro Sánchez en el ámbito judicial suponen una vi olación de los principios del estado de derecho, que son uno de los pilares fundamentales de la UE , por lo que procede realizar una evaluación al respecto desde la perspectiva europea», apunta Zarzalejos, miembro de la Comisión de Libertades Civiles y Justica. «Cuando la mitad de los jueces españoles promueven esta denuncia ante la UE, es que algo grave está ocurriendo. La arrogancia del gobierno desafiando los principios de la Unión sobre el estado de derecho es insostenible y produce un grave daño político y de reputación a España», ha añadido Zarzalejos.
Tras evaluar este asunto, el Grupo de Trabajo podría dar un paso más y proponer a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo que tome diferentes medidas, entre ellas redactar una resolución del Parlamento Europeo sobre este tema, mantener reuniones con las asociaciones de jueces que han presentado la denuncia, o enviar una misión de investigación a España.
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