El PP fuerza a López a un posible cambio en la segunda votación de Sánchez

La organización del debate de investidura se le está atragantando al presidente del Congreso, Patxi López , que no acaba de encontrar la fórmula perfecta para amoldarse a Pedro Sánchez, y al mismo tiempo cumplir a rajatabla la Constitución y los plazos legales hasta las enventuales elecciones generales del 26 de junio. El último movimiento de López, no menos brusco que los anteriores, ha sido convocar una Junta de Portavoces de forma urgente el próximo lunes, para decidir, junto a los grupos parlamentarios, si la segunda votación del candidato Sánchez, la definitiva, se mantiene el sábado o bien se adelanta al viernes. Fuentes parlamentarias consideran que el hecho de convocar la Junta ya es un indicio de que la rectificación está en marcha, y la votación final se adelantará un día, para cumplir las 48 horas que dicta la Carta Magna de forma clara desde que se vota por primera vez.

La cuestión no es menor, y la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ya advirtió ayer de que un retraso en esa segunda votación supone forzar la Constitución, pero también quitar tiempo a los candidatos que puedan venir después. «Son 48 horas exactas. El tiempo que te tomes de más es tiempo que quitas a otros candidatos », advirtió Sáenz de Santamaría.

López decidió en un principio, después de reunirse con Sánchez en su despacho del Congreso, que el debate de investidura empezaría el 2 de marzo, la primera votación sería el 3, y la segunda, 48 horas después, es decir el sábado 5. Todo estaba pensado para que, en caso de ser una investidura fallida, el plazo empezara a contar desde la primera votación y las elecciones generales pudieran celebrarse el 26 de junio. El PP advirtió de que con esas fechas los plazos no podrían cumplirse y las elecciones no serían antes del lunes 27 de junio, lo que llevaría a tener que celebrar los comicioes el domingo 3 de julio. Ya con las vacaciones estivales en marcha y generando una baja participación.

López rectificó entonces las fechas, y adelantó el debate al 1 de marzo, con Pedro Sánchez en solitario ese día. El miércoles 2 se llevaría a cabo la primera votación, pero la segunda se mantuvo para el día 5. El PP amenazó con ir al Tribunal Constitucional, ya que la Carta Magna dice que esa segunda votación se llevará a cabo «cuarenta y ocho horas después de la anterior», y no «a partir de». Ante la advertencia del PP, el presidente del Congreso decidió ayer convocar la Junta de Portavoces el próximo lunes por la tarde de manera extraordinaria, eso sí, tras recibir el informe de lo letrados de la Cámara baja que concluye que celebrar la segunda votación el sábado por la mañana «es conforme» a la Constitución, aunque hayan pasado más de 48 horas, siempre y cuando la celebración del Pleno el viernes día 4 justifique el retraso y se habilite parlamentariamente ese sábado, informa Ana I. Sánchez.

López quiere ahora «consensuar» la convocatoria con el resto de los partidos. Todo indica que el lunes se rectificará y la votación final se adelantará al viernes. Aunque el PSOE obtuviera el apoyo de Ciudadanos para mantener la convocatoria del sábado, lo que daría un día más a Sánchez para buscar apoyos a la desesperada, esas dos formaciones no forman una mayoría en la Junta ni en la Mesa, por lo que su propuesta saldría derrotada.

Aunque ayer se daba la decisión del adelanto por tomada en un intento de López por «evitar problemas» , lo que ocurra finalmente sigue siendo una incógnita. Desde el PSOE se trasladaba ayer que se va a seguir defendiendo que la segunda votación se celebre el sábado. Dicen que actuarán así «tanto porque parece lo más razonable y porque hay un informe jurídico que lo avala».

Por otra parte, desde Ciudadanos fuentes del partido denunciaban que «hay grupos que en lugar de buscar soluciones, lo que quieren es plantear nuevos problemas y quieren llevar al límite la confrontación». Anticipan que ellos «no van a entrar en esa confrontación», pero sigue defendiendo que celebrarlo el sábado para «estudiar el programa de investidura con sosiego y evitaría votar con nocturnidad con el perjuicio que eso supone para los trabajadores de la Cámara». Creen que el informe del letrado pone de manifiesto que «no es un problema jurídico sino de voluntad política» .