El PP exige al Gobierno «máxima diligencia» para que Carles Puigdemont pueda ser juzgado por sus delitos
La oposición celebra que la Justicia europea le retire la inmunidad parlamentaria
El Partido Popular (PP) se ha lanzado a celebrar en Twitter la decisión de la Justicia europea de retirar la inmunidad parlamentaria de los prófugos Carles Puigdemont , Toni Comín y Clara Ponsatí . El Parlamento Europeo ya les había revocado dicha condición el 9 de marzo -atendiendo un suplicatorio del Tribunal Supremo de principios del 2020-, pero el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) la suspendió hasta resolver un recurso presentado por los afectados.
Este viernes, el TGUE ha desestimado la apelación de los eurodiputados fugados de la Justicia española y les ha vuelto a retirar la inmunidad parlamentaria . Sin ella, se podría reactivar el proceso de euroorden para que sean detenidos y enviados a España, por lo que el PP reclama «máxima diligencia» al Gobierno.
Las euroórdenes que emitió Pablo Llarena , magistrado del Supremo, se encuentran suspendidas a la espera de que Luxemburgo resuelva la cuestión prejudicial que planteó el juez español para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva si un Estado miembro puede negarse a aplicar la euroorden. Pero el PP evoca hoy, más que nunca, las palabras del presidente del Gobierno en una entrevista durante la campaña electoral de noviembre del 2019, cuando presumió de que la Fiscalía «depende» de él y prometió «traer» a Puigdemont.
«Ya no hay excusa para que Sánchez cumpla aunque sea una de sus promesas electorales: traerle a España para que pueda ser juzgado», ha escrito el PP en su perfil oficial de Twitter. El primero en reaccionar a la noticia ha sido el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, el popular Enrique López , quien ha exigido «la máxima diligencia del Gobierno» para posibilitar «cuanto antes» que Puigdemont pueda ser juzgado por los delitos de los que se le acusa: sedición y malversación de caudales públicos.
«No hay atajos»
López, además, interpreta la decisión del TGUE como «un claro respaldo a la Justicia española». El líder del PP, Pablo Casado , ha añadido por su parte que los socios parlamentarios del Gobierno deben «someterse al imperio de la ley» y «no ser premiados por atentar contra la unidad nacional». «Se tarda más o menos, pero siempre se rinden cuentas cuando atacas el orden constitucional. No hay atajos», ha escrito, a su vez, la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra .
También se ha posicionado en Twitter la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, la exministra Dolors Montserrat , quien ha reconocido a Europa como «la mayor garante del Estado de derecho» frente a quienes «atacan» la democracia. «Deben ser juzgados en España cuanto antes».
Vox y Cs, hacia el fin de su «impunidad»
Vox y Ciudadanos (Cs) también han reaccionado con contundencia en la red social Twitter. El partido de Santiago Abascal ha escrito el siguiente mensaje en su perfil oficial: «Lo dijimos en octubre de 2017 en las calles de Barcelona. Y no hemos dejado de decirlo ni un solo día desde entonces. ¡Puigdemont a prisión! ¡Golpistas a prisión! España ni se vende ni se trocea; se defiende».
La líder de Cs, Inés Arrimadas , ha remarcado que ya le advirtieron al separatismo de que ir contra la democracia española supone hacerlo también «contra la Unión Europea y sus valores». «Cs seguirá trabajando, con prudencia y respeto al Estado de derecho -ha agregado-, para que este respaldo a nuestra Justicia se traduzca en el fin definitivo de la impunidad de Puigdemont».
En declaraciones a ABC, el portavoz de Cs, Edmundo Bal , ha recordado cómo los independentistas sacaban pecho en el Congreso del «tirón de orejas» que según ellos había dado la Justicia europea a la española cuando suspendió cautelarmente la retirada de la inmunidad votada en el Parlamento Europeo. «Se jactaron mucho cuando suspendieron la retirada de la inmunidad cuando no era más que una medida cautelar», ha aseverado.
El también abogado del Estado, además, explica que el juez Pablo Llarena podría reactivar las segundas euroórdenes que quedaron en suspenso, pero que es posible que no lo haga por cautela y espere a que se resuelva la cuestión prejudicial que planteó ante el TJUE cuando Bélgica denegó la extradición de Lluís Puig . Si Bélgica se negase de nuevo a aplicar las euroórdenes, Llarena debería plantear una segunda cuestión prejudicial ante Luxemburgo para que resuelva si un Estado miembro puede denegar la euroorden de detención pedida por otro. El Gobierno por ahora tiene poco margen de maniobra, dice Bal, pero sí le exige que no «obstaculice» y que apoye «por vía diplomática» los pasos que emprenda la Justicia.
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