PP y Cs denuncian en Fiscalía la desobediencia de Torra a la Junta Electoral Central
La representación legal del PP solicita «una investigación en profundidad» por si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de denegación de auxilio o subsidiariamente de desobediencia y pide que se eleve a la Audiencia Nacional
No dejar pasar ni una. Populares y liberales están dispuestos a marcar de cerca al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y así, ayer, presentaron por separado ante la Fiscalía las correspondientes denuncias por el incumplimiento por parte de Torra del acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que ordena al presidente autonómico retirar la simbología (lazos amarillos, pancartas políticas y carteles partidistas) de los edificios de titularidad autonómica. Una decisión de obligado cumplimiento, al menos, en periodo electoral.
Pablo Casado informó de la decisión del PP desde Sevilla, y señaló que la denuncia la había interpuesto el secretario general del partido, Teodoro García Egea, por denegación de auxilio a requerimiento de la autoridad competente y de desobediencia, según los artículos 412 y 410 del Código Penal. Además, en la denuncia, el PP también hace referencia a funcionarios o autoridades autonómicas y locales que «produzcan, permitan o amparen, con su acción u omisión, la exhibición de símbolos ideológicos o partidistas en edificios y espacios públicos».
Al mismo tiempo que Casado anunciaba la denuncia contra Torra, Inés Arrimadas (Cs), en Barcelona, hacía lo propio en un escrito de ocho páginas con el que denunciaba a Torra ante la Fiscalía por si la decisión del presidente autonómico pudiera ser constitutiva de los delitos de «desobediencia» y «delito de propaganda electoral».
Las denuncias de PP y Cs se interpusieron solo unas horas después de que un grupo de personas intentara descolgar la pancarta política que luce la fachada del Palacio de la Generalitat , en la plaza San Jaime de Barcelona, frente al edificio consistorial y del que el jueves a última hora de la noche se descolgó un gran lazo amarillo, por indicaciones de los responsables del Ayuntamiento y por orden de la Junta Electoral de Zona de Barcelona.
Torra, por su parte, volvió a dirigirse ante la JEC en otro escrito, como respuesta al presentado el jueves por Cs, insistiendo en que los lazos amarillos no forman parte de la simbología partidista.
Sobre este asunto se pronunció, también, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que instó a Torra a cumplir con lo dictaminado por la JEC y proceder a la retirada de los símbolos.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Calvo planteó que Torra debe «actuar respetando las decisiones» de la JEC. Pero no quiso ir más allá respecto a actuaciones concretas. Eso sí, aseguró que el Gobierno «está a disposición de la JEC» para «cuando lo considere oportuno» y defendió que «tiene que mantener en este caso la posición constitucional idónea», que es la de «cumplir con estas resoluciones e instar a que se cumplan».
Falta de neutralidad
La exhibición de símbolos partidistas en los espacios públicos de Cataluña se ha convertido realmente en una invasión del espacio neutral y común, que en los últimos años, con la efervescencia del procés, ha quedado en manos del independentismo más intransigente.
Más allá de Barcelona, en las zonas de Cataluña en las que el secesionismo es mayoritario, la invasión de lo público es más intrusiva. Sería el caso, por ejemplo, de Gerona . En la capital de provincia, la candidata del PP, Concepció Veray, pidió ayer a la Junta Electoral la retirada del cartel partidista que luce el edificio consistorial y cuya alcaldesa, Marta Madrenas, se niega a retirar.
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