LOS AUDIOS DE KITCHEN
El policía que investigó la Gürtel avisó de un posible blanqueo de capitales de Villarejo hace cinco años
Declara al juez que ni el DAO ni el inspector Jefe que investigaba incompatibilidades del comisario quisieron escuchar los resultados
Realizó el análisis en 2015, cuando fue destinado forzosamente a la DAO dificultando su labor de investigación a Bárcena
El responsable del grupo de la UDEF que comandó la investigación de la Gürtel, Manuel Morocho, analizó un documento de inteligencia financiera del Sepblac en el año 2015 del que extrajo indicios de actividades de blanqueo de capitales en el patrimonio del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo. Sin embargo, cuando quiso exponer sus conclusiones al inspector jefe que le había encomendado la tarea, José Ángel Fuentes Gago , y al director Operativo de la Policía, Eugenio Pino , no quisieron los detalles.
Es una de las vueltas que da la vida. Morocho compareció el 21 de febrero de 2019 como testigo en la pieza del caso Villarejo que investiga la operación Kitchen que se habría orquestado en la DAO de Pino y comandado desde el Ministerio del Interior a partir del año 2013 y a espaldas de la investigación que él estaba desarrollando sobre Bárcenas bajo tutela del juez Pablo Ruz.
Según explicó ante el juez, pese a haber sido designado en 2013 por el instructor como responsable de la investigación a todos los niveles, en 2015 recibió una orden de Eugenio Pino: debía incorporarse a la DAO.
«No lo solicité. Fue una orden que se me transmitió y el DAO me hizo ir a su despacho y me dijo que a partir de ese momento, necesitaban que estuviese ahí y que por mor de su categoría y el puesto que ocupaba no tenia capacidad de decir que no. Administrativamente se revistió bajo el paraguas de una atribución temporal de funciones», explicó.
No podía abandonar Gürtel, tenía un mandato del juez, así que durante el año y medio que acabó durando aquel destino, compatibilizó las oficinas de la DAO con las de la UDEF. «Mi primera impresión: me quieren quitar de aquí para que no pueda seguir desarrollando mil actividad normal. Es un hecho porque el tiempo que estuve allí a pesar de que intenté compatibilizar ambas cosas lo que consiguió es que el proceso fuera decayendo y se generaran retrasos en la elaboración de informes que se han ido acumulando en el tiempo». Fueron 18 meses, prorrogados de seis en seis.
No vieron incompatibilidad en Villarejo
Pero una vez en la DAO, había que darle trabajo. «Intuí que no se tenía muy claro que hacer conmigo. Se me dijo que era para apoyar investigaciones o análisis de información financiera y que necesitaban una persona experta para poder evaluarla (…) De facto, se me adscribió a la Brigada de Revisión y Análisis de Casos (BRAC) y se me encomendó una cosa que estaban haciendo, un análisis de un procedimiento de instrucción».
No obstante, según explicó, otros encargos que recibía « no obedecían a que existiera un proceso », se le daba un documento y se le pedía que lo valorase y sacase conclusiones en informes «de uno o dos folios». «Pero esos documentos finalmente no se los entregué a nadie porque en algunos casos hice dación verbal y en otra casos, cuando dije que ya tenía el documento se me dijo que en ese momento no era de interés», explicó.
Y eso fue lo que pasó, siempre según su declaración, cuando le entregaron un documento de inteligencia financiera elaborado por el Sepblac sobre el comisario Villarejo. «Ese es uno de los que se me dio y que no dio lugar a que yo explicara lo que pude o no haber obtenido sobre el mismo. Yo analicé el documento e hice un esbozo desde el punto de vista de investigación de blanqueo y saqué conclusiones sobre si existían o no indicios respecto de lo que el documento apuntaba», prosiguió Morocho.
La conclusión de su trabajo era que «efectivamente» había «una serie de elementos indiciarios» y «operaciones de riesgo» desde el punto de vista de blanqueo . Refirió, entre otros, que «estructuras societarias con unas operaciones inmobiliarias y unos flujos de dinero vinculados, algunos en efectivo, en territorios no cooperantes en materia financiera; estructuras holding empresariales con titulares de las acciones a nombre de terceros, aunque realmente quien estaba detrás de la estructura era el comisario objeto del informe» y «transferencias del exterior asociadas a préstamos a personas físicas que luego se cancelan con venta de inmuebles».
Sin embargo, cuando acudió a Fuentes Gago con los resultados, que fue quien le comunicó «que el DAO quería que lo analizara», le dijo que «era un tema de que una de esas sociedades se crearon en época política anterior vinculadas a una dinámica de lucha contra ETA». «No obstante, me dijo que se lo dijera al DAO por si quería escuchar el resultado. El DAO me dijo que no quería conocer el particular», aseguró Morocho.
El informe de Fuentes Gago
Sobre el por qué de aquella encomienda, el investigador de Gürtel explicó que sólo sabía que el documento que le dieron a analizar procedía de la Comisaría General de Información, «que era a donde lo había mandado el Sepblac», pero como en aquel momento se había incoado un expediente para «investigar la compatibilidad o no de las actividades conocidas» de Villarejo y en la prensa había leído que se le había encomendado a Fuentes Gago, asumió que su análisis se enmarcaba «en ese ámbito».
El propio ministro del Interior Jorge Fernández Díaz anunció en marzo de 2015 que encargaría aquel informe justo después de que El País revelase que Villarejo, siendo funcionario público, amasaba una fortuna por encima de los 16 millones de euros. La investigación, supuestamente, analizó su patrimonio. No encontró ninguna causa de incompatibilidad.
Fuentes Gago declaró sobre este asunto en 2017 en una comisión parlamentaria sobre el supuesto uso partidista del Ministerio del Interior en el Congreso. Aseguró que no encubrió a Villarejo, simplemente no vio claro que hubiese incurrido en incompatibilidad alguna. Y eso, teniendo un informe de Morocho, según este jefe de grupo de UDEF detalló al juez, que apuntaba indicios de blanqueo.
Interior exculpó a Villarejo aquella vez, pero en 2017 la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias tras la denuncia de uno de sus socios. En noviembre de aquel año fue detenido y sigue desde entonces en prisión provisional. Entre las imputaciones destacan, precisamente, el cohecho y el blanqueo .
