La Policía andorrana registra la casa y la empresa de los Cierco por las pruebas aportadas sobre los Pujol

La investigación por la sospechosa fortuna de la familia Pujol vuelve a estar en entredicho. Este jueves el grupo empresarial Cierco emitió un comunicado condenando la entrada y registro que la policía andorrana efectuó en los domicilios particulares de Higini Cierco , accionista mayoritario y expresidente de Banca Privada de Andorra (BPA) -la entidad a la que el clan llevó su dinero en 2010 tras salir de Andbank, la antigua Banca Reig-, y Ramon Cierco, así como en sus respectivos despachos profesionales, para averiguar la autenticidad de los documentos que el grupo aportó a la causa y que incriminan a los Pujol.

Entre estos están el manuscrito en el que Marta Ferrusola se presentaba como «la madre superiora de la congregación » ordenando el traspaso de «dos misales » -según la Policía expresiones en clave para transferir dos millones de pesetas-, o el famoso manual sobre cómo evadir dinero en paraísos fiscales.

La investigación, iniciada a raíz de una reclamación de la defensa de Jordi Pujol Júnior –encarcelado de forma preventiva en la madrileña prisión de Soto del Real desde el mes de abril- busca averiguar si los documentos que el banquero le aportó a la Fiscalía Anticorrupción el pasado 31 de marzo son o no verdaderos. Y es que, según el auto de la juez que analiza los documentos, no existe «un vínculo profesional que permita acceder (a Cierco) a esta información lícitamente y, por tanto, la ha obtenido por medios desconocidos».

Por su parte, el grupo empresarial ha manifestado su «profunda repulsa» a la actuación de las autoridades andorranas «por la constante persecución a la que está sometiendo a los accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra». Según dicen, el ataque a la familia Cierco contrasta con las actuaciones «tendentes a proteger los intereses de los Pujol».

Cabe señalar que los Cierco presentaron documentación certificada de Andbank sobre las cuentas de la familia Pujol que pondría de manifiesto la existencia de 15,4 millones de euros que el clan tendría en esa entidad en 2002, de los cuales habría transferido 4,5 de esos millones a la Banca Privada de Andorra.

«Queda claro que la criminalización de la entidad bancaria es solo una maniobra para intentar desviar el foco de interés de donde habría que ponerlo: el caso Pujol y la entidad bancaria donde históricamente tuvieron el dinero y llevaron a cabo toda una operativa cuyo origen todavía hoy es muy incierto», denuncia el comunicado.