La polémica por los traslados de inmigrantes a la península no cesa

Sólo a la Comunidad Valenciana han llegado 300 inmigrantes esta semana. Y se esperan más a un territorio con cierre perimetral en vigor hasta mediados de enero. "Que si no se puede entrar en coche en esta Comunidad, tampoco se puede entrar por avión", afirmaba Mónica Oltra, la vicepresidenta de la Generalitat. El Gobierno autonómico pide que se corte ese flujo, que se haga de forma organizada. "Aquí no se trata de hacer ningún guiño al racismo. Y nosotros, como Comunidad, estamos dispuestos a cooperar como lo estamos haciendo siempre", ha explicado el president, Ximo Puig. Los puestos fronterizos se han reforzado, pero, denuncian los sindicantos policiales, sólo para aviones y buques procedentes de Baleares y Canarias. "Entendemos que si lo que se quiere es proteger el confinamiento perimetral, estos controles deberían realizarse sobre todas las personas que llegan a la Comunidad Valenciana", apunta Pablo López, portavoz de JUPOL. La llegada a la península de inmigrantes procedentes de Canarias, que no vivía algo así desde la crisis de los cayucos de 2006, es un goteo constante. El Gobierno apunta a la libertad de movimientos que otorgan las leyes internacionales y niega estar detrás. "Sólamente los únicos traslados que ha habido han sido traslados muy esporádicos", afirmaba el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Para colectivos vulnerables o solicitantes de asilo, en los que también ha participado Cruz Roja. El resto, no quedaría otra, bien por sus propios medios, bien ayudados por las mafias, que se aprovechan también de la pandemia, un obstáculo más para las repatriaciones.