Unidas Podemos quita su firma de una ley de vivienda paralela para no empeorar la relación con el PSOE
El grupo confederal y ERC registraron un texto impulsado por colectivos de la vivienda. El anteproyecto de la ley de vivienda aprobado por el Gobierno en octubre les parece insuficiente y querían que esta iniciativa de los sindicatos sirva para «mejorarlo»
Unidas Podemos, ERC y Bildu han llevado este martes por la tarde al Pleno del Congreso una ley de vivienda paralela al anteproyecto aprobado por el Gobierno de coalición a finales de octubre. Pero s egún explican fuentes del grupo parlamentario, Unidas Podemos ha quitado su firma del texto después de un acuerdo con el PSOE para evitar trasladar una imagen de choque directo. Una fórmula para poder facilitar así un acuerdo en la tramitación del texto gubernamental.
El texto legislativo que hoy se debate se titula 'Ley de garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada'. Está impulsado por sindicatos y colectivos de vivienda y apoyado por Junts, CUP, Más País, Compromís, BNG y Nueva Canarias. En la práctica, va unos pasos más allá del aprobado por el Ejecutivo el pasado 26 de octubre en Consejo de Ministros, que aún no ha llegado a las Cortes para seguir con su tramitación.
A pesar de quitar su firma, lo seguirán apoyando. «Hemos retirado la firma como muestra de nuestro compromiso también con la ley del Gobierno, para no darle ninguna excusa al PSOE para romper el acuerdo «, aclaran fuentes del grupo morado. Así, p resionan a su socio socialista y le obliga a posicionarse antes de que el Gobierno remita el otro proyecto al Congreso. Con esta iniciativa subrayan además que el texto gubernamental es insuficiente. Creen que ambos son compatibles y el segundo servirá para mejorar el primero.
En octubre ya anunciaron que seguirían dando la batalla en materia del alquiler. Pero el PSOE ha confirmado esta mañana que no va a apoyar la iniciativa legislativa que hoy elevan al Pleno. Se tumbó con 274 votos en contra, 54 a favor y seis abstenciones.
El portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez , ha explicado que tumbarán la iniciativa porque «choca frontalmente» con el anteproyecto aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 26 de octubre, así como «choca» también con la regulación en las Comunidades Autónomas. Gómez ha explicado que «el camino a seguir» es el de debatir y «introducir cambios y mejores» en el texto del Gobierno, pero que no tiene sentido hacerlo en otro.
El secretario primero de la mesa del Congreso y dirigente de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello, ha defendido este martes durante una rueda de prensa en el Congreso la posición de su grupo. «En nuestra opinión, sí o sí debe ser tenido en cuenta [el texto de las asociaciones] si se quiere hacer frente a una emergencia habitacional que se agravó más durante la pandemia», ha dicho Pisarello, que lo tilda de «proyecto garantista» que sigue «escrupulosamente» el derecho internacional.
Unidas Podemos necesita el apoyo del PSOE para sacarlo adelante. «El proyecto que tiene detrás el apoyo de seis grupos parlamentarios, nueve partidos, diferentes plataformas de vivienda y más de 120 organizaciones sociales (...) Y un consenso sin parangón, ya tiene 63 votos a favor, basta con voluntad y determinación para que salga adelante y sirva para mejorar la ley», ha continuado Pisarello.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián , también defendió la iniciativa, aunque ya da por hecho el 'no' del PSOE. «Lo que llega hoy al Pleno es una iniciativa de las plataformas y asociaciones, estamos absolutamente de acuerdo, con lo que no estamos de acuerdo es con lo que nos llega del Ministerio de Transportes, porque se queda corto y de facto no frena ni la especulación en cuanto al alquiler ni los desahucios«, explicó.
Este texto fue presentado en septiembre por UGT, CC.OO., y el Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en plenas negociaciones de PSOE y Unidas Podemos para aprobar la regulación de los precios del alquiler en la Ley de Vivienda. El anteproyecto que el Consejo de Ministros aprobó en octubre aún no ha llegado al Congreso. Curiosamente, se debatirá primera la iniciativa de los sindicatos registrada por Unidas Podemos, ERC y Bildu que el texto del Gobierno.
Más impuestos y controles del alquiler
¿Qué diferencias existen entre una ley de vivienda y otra? En la práctica, el texto elaborado por Unidas Podemos y los nacionalistas va un paso más allá y es todavía más intervencionista que la norma acordada precisamente entre la formación morada y el PSOE. El documento supone un espaldarazo a cuestiones como los controles de los alquileres, la prohibición de los desahucios y la implantación de la vivienda social.
Para muestra, un botón. Según el texto aprobado en octubre en Consejo de Ministros, los controles a los alquileres solo se podrán aprobar en una zona determinada si se cumplen una serie de circunstancias. Entre ellas, que los precios del alquiler de esta zona hayan subido en el último lustro cinco puntos porcentuales más que el IPC autonómico. Un requisito que, tal y como ha publicado ABC, provoca que ciudades como Barcelona no puedan hoy en día aplicar estos controles.
Pues bien, el proyecto de Unidos Podemos y ERC flexibiliza este requisito, y establece que solo será necesaria una subida del IPC autonómico más tres puntos porcentuales en el último lustro, y no cinco. Además, establece que los controles se podrán extender durante cinco años prorrogables y no tres, como dicta la norma del PSOE.
El castigo a las viviendas vacías, otra de las medidas estrella de la ley de vivienda, también es mayor en este proyecto. La ley de vivienda establece un recargo de hasta el 150% en el IBI a los propietarios de viviendas vacías siempre y cuando estos tengan más de cuatro inmuebles. Sin embargo Podemos y sus socios piden un recargo de hasta el 75% en el caso de propietarios con dos o más viviendas vacías... y del 300% en el caso de que el dueño tenga más de cinco viviendas desocupadas. Además, «la recaudación de dicho impuesto deberá emplearse en la gestión, mejora y creación de un parque público de alquiler u otras formas de acceso a la vivienda que será gestionado por la administración pública competente».
No son las únicas modificaciones que contiene el texto. La ley establece la prohibición expresa de los desahucios sin alternativa habitacional en situación de vulnerabilidad y también trata de garantizar los suministros básicos, aplicando el principio de precaución en caso de impago, y con una tarifa social de agua, gas y electricidad, a financiar por empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras.
De igual forma, es más ambiciosa respecto a las políticas de vivienda social, y establece un objetivo para que los municipios con más demanda residencial dispongan en un plazo de veinte años de un 20% de vivienda social respecto al total del parque de viviendas.
