Podemos olvida su ADN en política migratoria

«Los #FelicesReyes serían más felices si se acabasen los CIES (Centros de Internamiento de Extranjeros) y no existiera la infame valla de Melilla». Era enero de 2015, Podemos se proyectaba al cielo de la política tras haber logrado pocos meses antes cinco escaños en Bruselas, y su rutilante lideresa en Andalucía, Teresa Rodríguez, se desparramaba en twitter contra piezas clave del sistema de gestión migratoria. Guión de partido.

La formación de Pablo Iglesias, y entonces también de Íñigo Errejón, Carolina Bescansa y Juan Carlos Monedero, de los Círculos y la guerra a la «casta», había concurrido a las elecciones europeas con un programa, -que también fue el las generales de 2015-, en cuyo apartado 4 dedicado a «Recuperar la fraternidad. Construir la democracia» figuraba literalmente su compromiso de «Eliminación de las vallas fronterizas anti-persona y del SIVE». El SIVE es el sistema de radar que detecta las pateras en el Mediterráneo y Canarias para su salvamento. También preveía una regularización masiva de inmigrantes con «garantía de plenos derechos» , «sin distinción de nacionalidad, etnia o religión, con o «sin papeles»».

Un Podemos con este ADN, aunque ya purgado, lavado y planchado ideológicamente para no desentonar en La Moncloa, acaba de tener su primera crisis de coalición precisamente a cuenta de la cuestión migratoria, y en concreto vista la conformidad que los de Pedro Sánchez están mostrando con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ha declarado legales los rechazos en frontera de inmigrantes, las mismas que el PSOE prometió suprimir mientras estuvo en la oposición y ha practicado a discreción una vez en el Gobierno.

Si bien la ocurrencia de eliminar las vallas se aflojó en los sucesivos programas y dio paso a la propuesta de retirar las concertinas -«Garantizaremos el respeto absoluto a los derechos humanos en la frontera sur», consta en el contrato que ofrecían a los ciudadanos en 2019-, lo que sí aparece explícitamente desde 2016 en todos los documentos electorales es la vocación de acabar con las entregas exprés de inmigrantes. La formulación retórica va cambiando, en apariencia de mayor a menor intensidad: «Pondremos fin de forma inmediata» a esta práctica, es la expresión de 2015; «garantizaremos su cese», la de 2016; «Vigilaremos que no se produzca ninguna devolución en caliente» , lo elegido para la doble convocatoria de generales el año pasado.

Conviene no olvidar que Podemos es en lo institucional Unidas Podemos, que incluye IU, en quien han delegado la Portavocía en materia de Interior dentro del Congreso. S u pronunciamiento sobre la resolución de Estrasburgo, comunicado por escrito el mismo día, es una advertencia: «seguiremos exigiendo un compromiso para que se acabe con esta práctica en nuestras fronteras». Pero antes reclaman «que se tomen medidas para derogar» esa figura y «sacarla» de la «ley mordaza» -de Seguridad Ciudadana 4/2015- «de una vez», «al margen del TEDH ya la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional», que estudia un recurso sobre gran parte de la mencionada normativa hace cinco años.