Plan de choque contra la corrupción

La Fiscalía, como órgano garante de la más estricta legalidad, es fundamental para el funcionamiento de nuestra democracia. Por su delicada tarea en la persecución de cualquier delito, especialmente la corrupción política, el Ministerio Público siempre se utilizará como arma arrojadiza entre los partidos , y su credibilidad siempre estará en entredicho en la medida en que los nombramientos de su cúpula forman parte de la pugna ideológica por el poder. Es inevitable. España necesita una Fiscalía independiente y ajena a los manejos de los partidos porque solo así contribuirá a la mejora de la imagen de nuestra Justicia y a realizar un auténtico servicio a los ciudadanos. Sin embargo, es habitual que las «guerras de fiscales» no tengan su origen en discrepancias profesionales, ni suelen estar basadas en cuestiones internas u orgánicas. Esa es solo la excusa. Lo cierto es que a menudo determinados fiscales actúan como auténticas extensiones de los partidos en el Ministerio Público para enturbiar procesos en marcha, presionar a los fiscales jefes, generar un debate público sobre la falta de independencia, y sobreactuar con rebeliones más mediáticas que formales. Es lo que ahora ocurre, por ejemplo, con la Unión Progresista de Fiscales frente al fiscal jefe Anticorrupción, al fiscal general, y al propio ministro de Justicia, cuyas explicaciones públicas, sean las que sean, nunca terminarán de satisfacer a la oposición porque las campañas de acoso son inherentes al juego político.

Este Gobierno, como todos, tiene la obligación de dejar manos libres a los fiscales , y permitir que las discrepancias entre ellos sean resueltas con criterios objetivos de profesionalidad y de autoridad, y nunca con instrucciones ni órdenes políticas. Por ello, es un buen camino el refuerzo del Ministerio Público que hoy avanza ABC. La creación de cien nuevas plazas de jueces y fiscales, la ampliación de la plantilla de Anticorrupción, o la implantación de la Oficina Fiscal y de la Fiscalía Digital para una mejor coordinación de su labor, son medidas relevantes. La oposición no tiene motivo legal, jurídico y objetivo alguno para exigir la reprobación del fiscal jefe Anticorrupción o del fiscal general. Ambos han desmentido con datos las acusaciones de favorecer a presuntos corruptos del PP, y ningún reproche a su labor se sostiene en un solo documento o prueba. Aun así, revisar el papel de Anticorrupción es indispensable para superar muchos errores cometidos en el pasado . Anticorrupción tiene una plantilla de 57 fiscales, que en colaboración con unidades en la Agencia Tributaria, la Intervención o las Fuerzas de Seguridad, suman 130 funcionarios. Pero en 2015 tenía abiertos 340 procedimientos penales, de los cuales solo llegaron a juicio 22, y 18 acabaron en condena. El año anterior, de 371 procesos acumulados, solo 19 acabaron en sentencia y 17 en condenas. Pobre bagaje para un sistema judicial que necesita ser reforzado.