Los dos periodistas a los que se les incautó su móvil reiteran que no tuvieron otra opción
Ambos profesionales han declarado como testigos en la causa abierta contra el actual instructor del caso Cursach por la requisa de los dispositivos telefónicos
Los dos periodistas que el pasado mes de diciembre se vieron obligados a entregar sus teléfonos móviles a la Policía por orden del actual instructor del caso Cursach, el juez Miquel Florit, han afirmado este martes ante la juez Felisa Vidal que no tuvieron entonces otra opción que atender al requerimiento del magistrado. El periodista de «Diario de Mallorca» José Francisco Mestre y la redactora de Europa Press en Palma Blanca Pou han declarado, en calidad de testigos, ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB). Mestre y Pou son dos de los profesionales que han venido informando de manera regular sobre el caso Cursach desde sus inicios.
Cabe recordar que la comparecencia de ambos periodistas ha tenido lugar en el marco del proceso abierto recientemente por el TSJIB tras la querella conjunta presentada en diciembre por «Diario de Mallorca» y Europa Press contra el juez Florit, como presunto autor de los delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el secreto profesional de los periodistas. «Ni me resistí, ni me aferré al móvil, ni me tiré al suelo, si me hubiera resistido podía haber acabado detenido por resistencia a la Policía», ha explicado Mestre esta mañana a la juez. «Es como si vas al médico y te dice: o te operas o te mueres», ha señalado asimismo, al mismo tiempo que ha recalcado que toda esa situación le ha provocado «un enorme daño moral y un gravísimo perjuicio profesional y familiar».
El juez Florit compareció ya ayer, en calidad de investigado —equivalente a imputado—, ante la juez Vidal. El magistrado explicó que la decisión que tomó hace cuatro meses, muy meditada , no habría vulnerado el derecho a la información ni el secreto profesional de los dos redactores afectados. En ese contexto, indicó que su propósito no era conocer posibles fuentes de ambos periodistas, sino intentar averiguar si, como se sospecha, ha habido filtraciones a los medios durante la instrucción de esta macrocausa. Fue también ayer cuando compareció, en calidad de testigo, el fiscal Anticorrupción Juan Carrau , quien también rechazó que se hubiera lesionado el secreto profesional de los dos periodistas afectados.
En el caso Cursach se investiga, esencialmente, la existencia de una supuesta trama de corrupción policial, política y empresarial, cuyo presunto impulsor sería el magnate mallorquín Tolo Cursach, quien durante décadas fue el principal empresario del sector del ocio nocturno de Baleares. Esta causa judicial cuenta hoy con diversas piezas separadas, entre ellas una específica que abrió el juez Florit el pasado año para indagar acerca de las presuntas filtraciones periodísticas habidas desde hace tiempo en el marco de este proceso. Dicha pieza separada se abrió tras sendas denuncias previas presentadas el verano pasado por Cursach y por uno de sus colaboradores, Bartomeu Sbert, también investigado, por la publicación en los medios de informaciones reservadas.
Un largo proceso
Una de las decisiones tomadas por el juez Florit en el marco de esta pieza separada fue, precisamente, ordenar el pasado 11 de diciembre la incautación de los teléfonos móviles de Mestre y de Pou. El magistrado devolvió los móviles a ambos periodistas el pasado 4 de enero, certificando que dichos teléfonos no habían sido finalmente abiertos y que sus contenidos tampoco habían sido examinados. En cualquier caso, como se ha indicado ya, en diciembre «Diario de Mallorca» y Europa Press habían presentado ya una querella conjunta contra Florit .
El primer paso en el marco de esta pieza separada que investiga presuntas filtraciones a periodistas se había dado ya el pasado verano. Así, agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional iniciaron entonces una investigación para averiguar quiénes habrían estado detrás del posible suministro de informaciones reservadas a los medios de comunicación. Las primeras sospechas recayeron sobre el hoy extinto Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional de Palma, cuyos miembros llevaron el peso de la investigación del caso Cursach durante años. La citada unidad estuvo siempre en contacto permanente con el primer instructor del caso, el juez Manuel Penalva, y con el fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán. De hecho, en su momento se crearon hasta tres grupos de «whatsapp» compartidos , en los que de manera regular había intercambio de comentarios y de información. El contenido de varios de esos «whatsapps», en donde aparecen descalificaciones personales hacia determinadas personas y expresiones soeces, fue adelantado el pasado viernes por el diario «Última Hora».
El segundo paso judicial vinculado a esta pieza separada del caso Cursach fue, como se ha indicado, la incautación de los móviles a dos periodistas locales hace cuatro meses. El tercer paso se produjo poco después, el 19 de diciembre, cuando fueron detenidos el exjefe del Grupo de Blanqueo y un agente de dicha extinta unidad por el presunto delito de revelación de secretos. Tras acogerse a su derecho a no declarar, ambos quedaron en libertad con cargos. Posteriormente, el martes de la pasada semana, fueron también arrestados otros dos antiguos agentes del Grupo de Blanqueo, en concreto una inspectora y un subinspector. El motivo de la detención habría sido el mismo, una supuesta revelación de secretos. Horas después de su arresto, ambos agentes quedaron también en libertad con cargos.
El cuarto y último paso hasta ahora tuvo lugar el miércoles de la pasada semana. En concreto, los mencionados agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional entregaron al juez Florit un informe en el que se apunta que el juez Penalva y el fiscal Subirán podrían haber cometido hasta una decena de presuntos delitos , entre ellos los de pertenencia a grupo criminal, detención ilegal, denuncia falsa, revelación de secretos, coacciones y omisión del deber de perseguir delitos. En el citado informe se pide la adopción de diversas medidas cautelares contra el juez y el fiscal, entre ellas una orden de alejamiento que les impida comunicarse con testigos e imputados, la retirada de las armas que ambos juristas portan para su propia seguridad o la incautación de sus teléfonos móviles. En principio, será el TSJIB el órgano que tendrá que decidir si finalmente se imputa o no a Penalva y a Subirán.
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