AUDIENCIA NACIONAL: FLOTILLA DE LA LIBERTAD
«Pelea» entre el fiscal y el juez a cuenta de si se debe actuar contra Netanyahu
El juez De la Mata frusta el intento de la Fiscalía para que no fuera avisado por la Policía en caso de que el primer ministro israelí pise suelo español
La Policía y la Guardia Civil tendrán que avisar al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata si el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y otros seis altos cargos de su Gobierno contra los que se querelló una asociación por el ataque a la Flotilla de la Libertad de 2010 viajan a España. El titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco ha frustrado la pretensión de la Fiscalía de lograr que las fuerzas de seguridad no le avisen. En el fondo está la polémica suscitada por la eliminación de la llamada justicia universal.
El Ministerio Público recurrió el pasado 13 de noviembre dos providencias en las que el Juzgado Central de Instrucción número 5, que sobreseyó la causa en junio pasado, trasladaba al Ministerio del Interior los datos de identificación de los miembros del Ejecutivo israelí querellados para que «se insertaran en su fichero automatizado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
La Fiscalía argumentó que procedía «dejar sin efecto la comunicación dirigida a las autoridades españolas a fin de informar sobre la presencia de los querellados en territorio español», al tratarse de una «medida cautelar» que resultaba «ausente de respaldo legal y de muy difícil ejecución» .
El magistrado instructor rechaza estos argumentos al señalar que el auto de sobreseimiento de la causa , dictado el 10 de junio, ya es «firme» al haber sido avalado por la Sala de lo Penal y que incluso el propio Ministerio Público «solicitó por dos veces su confirmación».
Según De la Mata, la petición a la Policía Nacional y la Guardia Civil no constituye ninguna medida cautelar sino que da «cumplimiento exacto» a la obligación imperativa establecida en el IV Convenio de Ginebra de 1949 en el que se estipula la obligación de « buscar a las personas acusadas de haber cometido , u ordenado cometer un delito, cualquier infracción grave (...), a fin de hacerlas comparecer ante los propios tribunales».
Para poder cumplir esta «obligación internacional», según recalca el juez, es «evidente» la necesidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado le comuniquen, «de inmediato, la posible presencia en territorio español» de los querellados. Si esto ocurriera, el juez podría ordenar la detención, hecho que compromete las relaciones entre ambos países. Situaciones como esta son las que propiciaron la reforma que impulsó el PP para limitar el alcance de la justicia universal.
Además de Netanyahu la querella se dirigía contra los entonces ministros de Defensa, Ehud Barak; Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman; Asuntos Estratégicos, Moshe Yaalon; Interior, Eli Yishai; el ministro sin cartera Benny Begin, y el vicealmirante al mando de la operación, Eliezer 'Chiney' Maron.
El juez De la Mata sobreseyó el pasado junio la causa, en la que los activistas Manuel Tapial, Laura Arau y David Segarra pedían imputar a estos dirigentes, argumentando que la reforma de la justicia universal solo permite perseguir a los querellados si se encuentran en suelo español .
El magistrado, en una decisión que fue confirmada por la Sección Segunda de lo Penal, invitó al Ministerio de Justicia para que inicie los mecanismos contemplados en la Ley de Cooperación con el Tribunal Penal Internacional (TPI) para que este organismo inicie una investigación sobre el ataque a la Flotilla, que provocó el 31 de mayo de 2010 la muerte de nueve personas de nacionalidad turca y heridas a otras 38.
