Pedro Sánchez impulsa el impuesto a las energéticas que pidió Podemos
El PSOE y Unidas Podemos presentarán una reforma para gravar los «beneficios extraordinarios»
La medida se añade al nuevo decreto de ayudas, en el que se dan luz verde a ayudas para bajos salarios y parados
La reunión del Consejo de Ministros extraordinario de este sábado, que aprobó un nuevo decreto de ayudas para combatir la espiral inflacionista que estarán en vigor hasta final de año, duró poco más de una hora. A las diez de la mañana estaban convocados los ministros y apenas hora y media después la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz , ya estaba en el exterior del complejo de La Moncloa departiendo con sus más estrechos colaboradores. Media hora después, a mediodía, estaba convocada la rueda de prensa de Pedro Sánchez para detallar lo acordado, aunque finalmente el presidente del Gobierno se retrasó una hora, para hacer finalmente acto de presencia en la sala de prensa al filo de la una de la tarde.
La representante de Unidas Podemos en la coalición –aunque ahora totalmente enfrentada a las líderes del partido y compañeras en el Ejecutivo, las ministras Ione Belarra e Irene Montero – se apuntó varios tantos de los que a buen seguro presumirá en su larga precampaña con la plataforma Sumar para ser candidata en las próximas generales. En el decreto se incorporan medidas por las que llevaba abogando hace semanas. El cheque de ayudas a las familias vulnerables , que finalmente se concreta en 200 euros al mes (Díaz pedía que fuesen 300) para parados y asalariados , por cuenta propia o ajena, que perciban menos de 14.000 euros anuales. También una rebaja sustancial del precio del transporte público , que será de hasta el 50 por ciento en los medios de titularidad estatal (fundamentalmente las cercanías de Renfe ) y del 30 por ciento en los que dependen de las comunidades autónomas y ayuntamientos, a los que Sánchez invitó a «completar» con sus propios recursos el descuento, para alcanzar igualmente la mitad de su coste actual. El decreto mantiene también la bonificación de veinte céntimos por litro de combustible , una medida dirigida a conductores y transportistas que tendrá continuidad hasta el 31 de diciembre.
Pero la principal medalla para la número tres del Gobierno y titular de Trabajo no estaba en el decreto, que el Congreso deberá validar ahora el próximo mes de julio, sino en el acuerdo de los dos socios de coalición para impulsar un «nuevo impuesto», anunció el presidente, a «los beneficios extraordinarios», dijo, de las empresas energéticas . Falta por concretar el porcentaje exacto que se gravará a eléctricas y petroleras . Díaz pedía un diez por ciento y Sánchez admitió este sábado que están estudiando la fiscalidad aplicada en otros países y que no le disgusta el modelo italiano, que comenzó precisamente en un diez por ciento para luego ir aumentando progresivamente.
Lo que sí se sabe es que, a diferencia de lo dicho por error por el propio jefe del Ejecutivo durante su intervención, el impuesto afectará a los beneficios de estas compañías en el presente 2022, pese a que la idea es que entre en vigor el 1 de enero del año que viene. Se hará mediante una proposición de ley conjunta del Grupo Socialista y Unidas Podemos, las dos formaciones coaligadas, lo que abre un nuevo trámite parlamentario incierto, dado que como siempre ocurre necesitarán del concurso de otras fuerzas políticas para sacarlo adelante. Curándose en salud, Sánchez presumió de otras medidas fiscales que incluye el decreto, como la ya anunciada el pasado miércoles bajada del IVA de la luz del diez por ciento al cinco por ciento. Unas rebajas que cifró en 3.600 millones de euros de «reducción de ingresos» para las arcas del Estado.
Apoyos parlamentarios
En todo momento, Sánchez acentuó el mensaje de que su Gobierno no es indiferente a la preocupación social derivada de la exponencial subida de los precios . Y lo hizo con una mirada retrospectiva a su trayectoria, desde la investidura de enero de 2020: «En los planes del Gobierno no figuraban la pandemia , tampoco la erupción de un volcán , menos aún una guerra en Europa . Pero sí estaba claro cuál debía ser la respuesta ante cualquier contratiempo, que es proteger a las familias , a las empresas , a las industrias de nuestro país, empezando siempre por los más vulnerables, y extendiéndolas también a la clase media y trabajadora en nuestro país». Y para eso, argumentó, se aprobaron medidas como «los ERTE , la creación del ingreso mínimo vital , los créditos ICO , las prestaciones directas a los trabajadores autónomos o los fondos Covid , que fortalecieron los servicios públicos en los peores momentos de la pandemia».
Sobre los posibles apoyos en las Cortes, primero para convalidar este mismo verano el nuevo decreto aprobado este sábado, y luego para la creación del impuesto a las energéticas , Sánchez recurrió a la partitura habitual en estos casos, la de dar a entender que lo que sale de la mesa del Consejo de Ministros es una síntesis de medidas que en principio, y a su juicio, no tienen por qué suscitar excesivo rechazo del arco parlamentario. «Hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas, del signo que sean, para que convaliden de manera total y absoluta este real decreto, que contiene medidas específicas para la clase media y trabajadora, en forma de rebaja de impuestos», apuntó en referencia a los gravámenes que afectan a la luz. «Probablemente no sea el decreto que hubieran firmado el PP y otras formaciones, pero creo que es un paquete de medidas poderoso, en el que se pueden sentir reconocidos muchos ciudadanos», remarcó.
La manera de presentar el plan, con una rueda de prensa del propio presidente, y con un Consejo de Ministros extraordinario un sábado, no solo responde a las exigencias del socio de coalición, sino también al nuevo rumbo «ideológico» que muchos vienen reivindicando en el PSOE , en la semana de la digestión del fracaso electoral en Andalucía , que los socialistas no han dudado en atribuir a la alta desmovilización de su electorado. Para ese sector del partido, la formación hegemónica de la izquierda en España debe priorizar, ahora más que nunca, las necesidades acuciantes de los ciudadanos, antes que otras agendas menos coyunturales.
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