Los pederastas extranjeros se vigilan; los españoles, no

Francisco Javier Almeida , el presunto asesino de Álex, ya había agredido sexualmente a una niña de 13 y violado a otra mujer de 26 a la que mató a continuación. Ni Policía Local ni Guardia Civil ni Policía Nacional habían sido alertados de que estaba en libertad. «No sirve de nada el trabajo que hacemos policías, juzgados, equipos de Prisiones si no tenemos la información y no podemos prevenir». La legalidad se ha cumplido (tres cuartas partes de condena, 39 permisos sin incidencias, seguimiento de las medidas de la libertad condicional...) pero no ha impedido un crimen cruel y sin sentido.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad más que buscar culpables persiguen soluciones. «Si controlamos a los agresores sexuales extranjeros, ¿por qué no podemos controlar a los españoles?», se preguntan. En 2016, tras la aprobación de la ley que modificó el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, Interior dictó la instrucción 8/2016. Suponía la ampliación de una orden previa «sobre medidas policiales para un mejor control de individuos extranjeros condenados o detenidos por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales ».

Se envió a todas las comisarías de Policía Nacional y puestos de la Guardia Civil y fija prioridad absoluta y máxima coordinación para evitar que un sospechoso de violación o acoso a menores entre en España sin que se le someta a una vigilancia «específica». Es suficiente con que tenga antecedentes policiales, aunque no haya sido condenado. El objetivo era y es evitar turistas depredadores sexuales campando a sus anchas.

No son muchos, pero se les vigila, según confirman a ABC fuentes de ambos Cuerpos porque se parte del «riesgo de reincidencia» en este tipo de delitos. A la costa almeriense llegó uno, con alerta de Interpol, y a los pocos días se ofreció para dar clases de inglés a niños. La Guardia Civil, que ya lo controlaba, avisó a unos padres que se disponían a contratarlo e impidió que el niño cayera en sus garras.

La orden de Interior estableció un procedimiento de actuación que se activa cuando se recibe la información a través de los tres principales canales de cooperación internacional ( Interpol , Europol o Sirene ). Constan los datos del sospechoso y su plan de viaje con el mayor detalle posible. El señalamiento se inscribe además en la Base de Datos de Señalamientos Nacionales y a partir de ahí comienza la vigilancia discreta, según el perfil del individuo. Ante la duda, se actúa. Y si por ejemplo se comete una agresión sexual en esa demarcación, el sospechoso estará bajo control.

El riesgo de reincidencia en este tipo de delincuentes fue uno de los factores determinantes, igual que su capacidad para pasar desapercibidos. «En la cárcel no tienen ningún problema. Los terroristas y los violadores son los que mejor se portan», afirma un veterano inspector jefe. «Aun así habrá que hacer caso a lo que dicen los psiquiatras y los psicólogos que los tratan».

La división en la Junta de Tratamiento de la cárcel de El Dueso , donde cumplió la mayor parte de su condena Almeida, escuece. El asesino de Álex se sometió al Programa para el control de la agresión sexual (PCAS) que durante este año siguen 356 presos condenados, según fuentes penitenciarias. Representan entre el diez y el quince por ciento de los penados por delito sexual en todas sus formas: violación, abusos , corrupción de menores , pornografía infantil , etcétera (3.110 en la actualidad).

Fuentes penitenciarias sostienen que entre un cinco y un seis por ciento de los depredadores sexuales «no se rehabilitan nunca», aunque otros estudios elevan esta cifra. «Son perfiles muy psicopáticos como el de Almeida», explican las mismas fuentes. «Son difíciles de detectar por su comportamiento, pero sí se les detecta en el ámbito emocional porque carecen de resonancia emocional».

Los programas son voluntarios cuando el reo está condenado; suelen durar en torno a dos años y medio y dado que estos delincuentes acumulan condenas largas van pasando por dichos programas, sobre todo cuando se aproxima su salida de la cárcel. En caso de que se trate de delitos menos graves como abusos el juez puede imponer la suspensión de la pena y en ese caso el programa sí es obligatorio, junto a otras medidas.

A la pregunta de si Almeida podría haber sido sometido a algún control, las fuentes consultadas aseguran que sí: una pulsera de control telemático. «No te dice lo que hace pero sí dónde está y tal vez se habría alertado de que vivía frente a un colegio». Esa circunstancia se pasó por alto en el seguimiento que le hizo la prisión (once veces este año y al menos una en su casa), pese a que el manual de esos cursos para agresores sexuales señala que esa es una alerta previa a una posible reincidencia.

Nadie se opuso a que Almeida obtuviera la libertad condicional hace 18 meses. La Fiscalía no lo hizo y la acusación representada por la asociación Clara Campoamor asegura que ni siquiera se les comunicó y, por tanto, no pudieron hacerlo.