La Constitución revalida su vigencia

Suscribir y defender nuestro pacto constitucional es, por excelencia, la tarea en la que un gobierno debería demostrar su sentido de la responsabilidad y su compromiso con los valores democráticos. Por supuesto sabemos que, en el momento de su redacción, nuestra Carta Magna quiso dar un amplio margen para la organización del Estado , y que dejó abierta la puerta a una creatividad política que había de asumir el signo de tiempos nuevos y las aspiraciones de una sociedad empoderada e inconformista. Con esa flexibilidad, la España democrática ha configurado su tejido institucional, ha sentado plaza entre las naciones libres y avanzadas en el seno del proyecto europeo , y ha operado transformaciones que han mejorado visiblemente el panorama físico y ético de nuestro país. Todo ello ha podido hacerse con libertad, con un gran pluralismo de ideologías y opiniones y con la alternancia de los diversos partidos a los que los españoles han confiado la defensa de sus intereses. Aun así, está claro que cuarenta y tres años no han agotado, ni mucho menos, las posibilidades de ajustar y perfeccionar nuestro modelo político según las exigencias y necesidades de una sociedad en constante evolución. Quienes tenemos el privilegio de representar a los españoles en el Congreso y en el Senado no debemos perder de vista que una legislación generosa y prudente debe empeñarse siempre en dar forma y contenido a las líneas esbozadas en la Constitución, extendiendo su espíritu y sus conquistas a la España del siglo XXI .

Pero hay otras cuestiones esenciales que tampoco conviene perder de vista, a pesar de –o justamente a causa de– los discursos populistas que buscan soslayarlas. Entre esas cuestiones está el hecho de que, a lo largo de estos cuarenta y tres años, la estabilidad de la Monarquía parlamentaria y las amplias libertades del Estado autonómico han probado constituir valores propicios al desarrollo político y social de nuestro país. Una y otras representan principios que sostienen nuestra arquitectura institucional, y todo el edificio se cimienta sobre una base que debe procurar ser más firme en estos tiempos en los que la seguridad y la certeza se han visto tan amenazadas. Tal base no es otra que el acuerdo. Quienes desprecian los frutos del consenso parecen permanecer ajenos a una cabal comprensión sobre la naturaleza de la democracia; por el contrario, da la impresión de que defienden una idea de la política en la que los éxitos solo consisten en avasallar y excluir a quien piensa distinto. Solo así puede explicarse la absurda descalificación de un pacto que asimila nuestra historia a la de todos los países que exhiben con orgullo un acta fundacional basada en el axioma de la soberanía de la nación: columna vertebral de las sociedades modernas y, por supuesto, del proyecto de convivencia plasmado en nuestra Constitución.

Como ha recordado recientemente el presidente del Partido Popular , Pablo Casado , «hablar de la Constitución no es una lección de historia, sino de libertad ». Por ello, desautorizar los logros de nuestra Ley fundamental con la intención de impugnar el pasado es una manera temeraria e irresponsable de comprometer la libertad de los españoles; es quitarle el suelo; es hacerla aparecer frágil a los ojos de quienes más deberían gozar de sus ventajas: las nuevas generaciones. Lejos de semejantes despropósitos, el deber para quienes conferimos su justo valor al sistema democrático es renovar y multiplicar sus incontestables virtudes, y dar a comprender a los más jóvenes la importancia de la Constitución según aquella sencilla fábula que se atribuye a Pitágoras: «La libertad dijo un día a la ley: «Tú me estorbas». La ley respondió a la libertad: «Yo te guardo»».

* Ana Pastor es vicepresidenta del Congreso y lo presidió entre 2016-19