Pablo Iglesias ve «fraude de ley» en la entrada de Vox como acusación en el caso Dina

Recurre en apelación directa, igual que Dina Bousselham, que hace hincapié en la «mala fe» del partido

Isabel Vega

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El vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha presentado un recurso de apelación contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional que el pasado 31 de agosto permitió la entrada de Vox como acusación popular en el llamado caso Dina, en el que afirma que con este movimiento « se ha producido un abuso de derecho, fraude de ley y fraude procesal evidente».

En el recurso, que va directo a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la defensa de Iglesias expone que tanto Vox como la asociación Prolege, cuya personación fue admitida igualmente, han entrado en la causa para ejercer la acusación popular «contra personas y delitos ajenos» a los hechos que se investigan.

«Ambos escritos están dirigidos para el ejercicio de la acusación popular frente a personas y por hechos que no son los que forman parte del presente procedimiento, no han sido declarado investigadas dichas personas en el mismo, no se investigan los tipos delictivos recogidos en dichos escritos y más aún, desbordan claramente las competencias funcionales del Juzgado Central de Instrucción número 6», afirma.

Se refiere a la denuncia de Vox ante la Fiscalía que iba adjunta a su solicitud de personación así como la querella que impulsó simultáneamente y que también presentó al juzgado. Se dirigía contra Iglesias y su exasesora Dina Bousselham por delitos relacionados con la estafa procesal, pero también contra el fiscal del caso Ignacio Stampa y con la abogada de Podemos Marta Flor Núñez .

Ninguna de estas personas está investigada en el procedimiento, donde Bousselham es perjudicada e Iglesias lo sigue siendo en tanto la Sala de lo Penal, ante la que ha recurrido su expulsión, no diga lo contrario. Además, tanto Iglesias como el fiscal están aforados ante el Tribunal Supremo y los hechos por los que les señala Vox, según expone Iglesias, «corresponderían funcionalmente» a tribunales ordinarios.

Incide además, que el auto por el que daba acuse de recibo el juez de la solicitudes de personación, decía que se daba traslado al Ministerio Fiscal para informe y sin embargo, la petición se ha resuelto favorablemente sin que la Fiscalía haya aún hablado al respecto. Para Iglesias, esto «conlleva aún en mayor medida l a irregularidad de la actuación recurrida, debiendo revocarse la misma».

En la misma línea ha recurrido la defensa de Bousselham, que solicita a la Sala que anule la entrada de Vox en el procedimiento. En su caso alega además que «es notorio que la actuación de las referidas organizaciones está inspirada en la mala fe, ejercitando el derecho a constituirse en acusación de forma abusiva, erigiéndose en acusadoras de personas no investigadas en las presentes diligencias y respecto de hechos no investigados en la presente pieza».

«Es público y notorio que la formación política VOX al tiempo de solicitar su personación en el presente proceso, anunció su intención de plantear una moción de censura contra el gobierno actual, del cuál forma parte el Sr Iglesias, perjudicado por los hechos delictivos que se investigan en esta pieza», comunica el escrito de Bousselham al tribunal.

Añade que la decisión del juez «es arbitraria» porque ni Vox ni Prolege «persiguen la averiguación de los hechos delictivos investigados en la presente pieza» y «provocará una dificultad manifiesta en la gestión procesal de la causa, impidiendo la debida prosecución de las diligencias de instrucción» y causando «indefensión» a Bousselham.

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