La oposición pone en duda la imparcialidad de la Fiscalía en el archivo de las querellas contra el Gobierno
El PSOE defiende ahora su independencia y Podemos sostiene que las acciones legales contra el Ejecutivo buscan «propaganda»
La decisión de la Fiscalía General del Estado de pedir que no se investiguen las responsabilidades del Gobierno en la gestión de la pandemia y se archiven las querellas ha provocado una dura reacción de los partidos de la oposición. Entre las fuerzas políticas ha causado perplejidad que se posicione en contra de la decisión del Tribunal Supremo, que admitió a trámite las denuncias presentadas.
El presidente del PP , Pablo Casado , ha criticado este martes a la fiscal general del Estado, la exministra socialista Dolores Delgado , después de que pidiera al Supremo que rechazara las 20 querellas presentadas contra el Gobierno de Sánchez, al no ver delito en la gestión frente a la pandemia de coronavirus . «No puede ser -ha dicho- que se dedique a defender al Gobierno que la ha nombrado», ha advertido Casado
«Yo avisé y el partido avisó de que no se podía nombrar como fiscal general del Estado a una diputada socialista envuelta en un escándalo de extorsión a empresarios, periodistas, jueces y políticos», ha explicado Casado en un acto con empresarios. Ahora, ha subrayado, «la seguridad jurídica está faltando en el caso de la Fiscalía General del Estado».
Casado también ha insistido en que «no puede ser que la Fiscalía General del Estado no investigue un caso de financiación irregular de quien es vicepresidente del Gobierno de España».
El presidente de Vox, Santiago Abascal, en una entrevista esta mañana en «El programa de Ana Rosa» de Telecinco, ha llegado a afirmar que existe una «mafia fiscal», al frente de la cual se encuentra la responsable de esta institución, Dolores Delgado.
El líder de Vox considera de «una gravedad absolutamente extraordinaria» que se ni siquiera se considere que el Tribunal Supremo investigue si el Gobierno de Sánchez ha podido incurrir en alguna responsabilidad penal.
Abascal enmarca esta decisión de la Fiscalía, sobre la que todavía se tienen que pronunciar los jueces, en lo que el presidente Sánchez afirmó en la campaña electoral, en el sentido de que el Ejecutivo es el que «manda» en esa institución. «¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso» , llegó a presumir Sánchez.
A juicio del presidente de Vox, en España existe un conjunto «de mafias» que impiden que el país salga adelante , entre las que incluyó la «mafia fiscal», que no quiere «que se investigue absolutamente nada sobre los 53.000 muertos que se han producido en España como consecuencia de la epidemia».
Sin escuchar a la Junta de Fiscales
El portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) en el Congreso, Edmundo Bal, ha subrayado después de la Junta de Portavoces que el fiscal que firma el informe, Luis Navajas, tomó la decisión de pedir el archivo sin convocar a la Junta de Fiscales, «un órgano consultivo muy importante».
La semana pasada, en el debate de una proposición del PP para cambiar la forma de elección del fiscal general del Estado, Bal aventuró que en cada decisión de la Fiscalía, con Delgado al frente, surgiría la duda de si las decisiones se toman por «criterios técnicos o políticos». Un argumento que ha repetido hoy: «Durante toda la legislatura, hasta que cese la señora Delgado, vamos a tener la duda».
Un órgano independiente
En el PSOE y en Podemos, sin embargo, han normalizado la petición de Fiscalía. De hecho, olvidando las palabras de Sánchez, la portavoz socialista en la Cámara Baja, Adriana Lastra, ha defendido con ahínco «la independencia» de la Fiscalía y ha rehusado hacer valoraciones de un criterio que atañe «a un órgano independiente». «La controversia política se resuelve en el Congreso. Llamo al resto de partidos a hacer política en el Congreso y no en los juzgados», ha añadido.
Por su parte, el portavoz de Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, ha desviado el foco y, obviando el resto de querellas, ha dicho que cuando unas acciones legales «van firmadas por Vox y por Hazte Oír», «uno tiene que sospechar que no tienen base jurídica». «No están basadas en indicios sino en propaganda», ha incidido, y ha asegurado que el informe de la Fiscalía «se ajusta a derecho».
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