Del Olmo defiende el contrato con Neurona y se desmarca del desvío a México
El secretario de Comunicación de Podemos y mano derecha del vicepresidente Pablo Iglesias ha asegurado que eligió a la consultora Neurona para que asesorara a la formación porque conocía su trayectoria
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El secretario de Comunicación de Podemos y mano derecha del vicepresidente Pablo Iglesias, Juan Manuel del Olmo, ha defendido este viernes ante el juez que investiga al partido la elección de Neurona como proveedor electoral y se ha desmarcado de los pagos que la mercantil hizo a una sociedad en México .
Del Olmo comparecía como imputado en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid que investiga a Podemos por presuntos delitos de financiación irregular y/o delito electoral en el contexto de ese contrato por importe de 363.000 euros que la coalición Unidas Podemos no pudo justificar como gasto de campaña ante el Tribunal de Cuentas.
Según informaron en fuentes jurídicas al término de la declaración, Del Olmo eligió a Neurona para asesoría política de cara a las elecciones porque conocía su trayectoria en este ámbito y sin entrar a valorar si para suscribir ese contrato la sociedad de origen mexicano creó o no una mercantil nueva en España.
Se desvincula de este modo de si luego esa mercantil subcontrató o no en México los servicios que se le habían encomendado y así, del flujo de dinero procedente de los pagos del partido que acabó en Creative Advance Interactive, otra empresa con sede en una barriada de Morelia, en Michoacán.
Ha concretado además, que en el contexto del desarrollo de esos trabajos, él despachaba con cuatro personas de Neurona, incluido su director en las distintas filiales que tiene la empresa en Latinoamérica, César Hernández . Según ha explicado, le conoció en 2018 y desde entonces, tenían cierta relación. Le parecían interesantes sus puntos de vista y por eso, cuando le hizo una propuesta para las elecciones generales, apostó por su empresa. Ha confirmado además que no tenía interlocución con Elías Castejón, el administrador de la mercantil que fundaron en España para facturar a Unidas Podemos.
No ha sido el único que ha comparecido por este asunto. El juez y la fiscal del caso han interrogado al responsable de Finanzas en Podemos, Daniel de Frutos, quien además, era administrador mancomunado de la cuenta electoral de Unidas Podemos desde la que salió el dinero para pagar a Neurona.
Según ha explicado, autorizó el pago a este proveedor porque el gasto se ajustaba al presupuesto electoral y no tuvo necesidad de supervisar la prestación de servicios porque tenía constancia de la misma por una doble vía: Por un lado, porque los vídeos y otros servicios se podían ver según se iban remitiendo al partido y por otro, porque su difusión conllevaba ir autorizando a su vez otros contratos, como con plataformas de redes sociales en las que se daba visibilidad. Era, según ha declarado, un proveedor de tantos y no se le había planteado ninguna duda al respecto.
Por otra parte, se le ha preguntado por la transferencia fallida de 75.000 euros que el juez ha ordenado a la UDEF investigar y en línea con lo que este jueves desveló ABC, ha explicado que la cuenta de Neurona no estaba del todo operativa y por eso, Bankinter devolvió el dinero a Unidas Podemos. La formación aportará la documentación acreditativa de este flujo, la misma que ya obra en el expediente abierto por el Tribunal de Cuentas.
Las obras, bajo la lupa
Durante la jornada de este viernes, han comparecido asimismo la jefa de compras de Podemos, Andrea Deodato, y como testigos, varios proveedores de servicios de las obras de reforma de la sede del partido, asunto que también está bajo investigación porque el denunciante original, el exabogado de la formación, José Manuel Calvente, relacionó el sobreprecio respecto de la licitación con un posible reparto de comisiones o tratos de favor.
En cuanto a los proveedores, el juez y la fiscal se han interesado por el origen de su relación con el proyecto y los servicios que prestaron. Han explicado que las obras en cada uno de los casos se ejecutaron de acuerdo al presupuesto pactado inicialmente y si hubo desviaciones, fue por incrementos de los costes durante la ejecución.
Para la acusación popular que ejerce Vox, la jornada de declaraciones ha puesto sobre la mesa severas "contradicciones" que abren nuevas líneas de investigación. Sopesa pedir más diligencias al juez, sobre todo en lo relacionado a las obras, porque ha encontrado discordancias en la testifical del tesorero, pues mencionó un derrumbe en el edificio que los proveedores resultaron no conocer.
Mientras, la defensa de Podemos insiste en que "todo se ha aclarado" con estas declaraciones y la documentación aportada y sopesa ahora instar el archivo de la causa. La línea de defensa se centra en que por su parte, todo fue regular.
Contrataron unos servicios que se prestaron y, en el caso de las obras, la licitación fue por algo más de 600.000 euros pero porque era exclusivamente el proyecto del arquitecto, que había calculado los posibles costes con las tablas de precios mínimos que maneja el Ayuntamiento de Madrid. El presupuesto que presentó después superaba 1,3 millones de euros y finalmente, la obra costó 1,4 millones, luego la desviación no fue tan elevada como denunciaba Calvente.
