caso villarejo
El número 2 de Interior con el PP pide que el Gobierno le autorice a declarar sobre el espionaje a Bárcenas
El exsecretario de Estado de Seguridad, investigado por la llamada Operación Kitchen, presenta un escrito en la Audiencia Nacional que insta a recabar autorización del Consejo de Ministros
El número 2 del Ministerio del Interior en la época de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, quiere que el Gobierno le autorice a declarar en sede judicial sobre la llamada 'operación Kitchen', el operativo policial encubierto desplegado a partir de 2013 para conseguir documentación sensible del Partido Popular que en teoría obraba en poder de quien fuera su tesorero, Luis Bárcenas.
El que fuera secretario de Estado de Seguridad bajo gobierno de Mariano Rajoy está investigado por presuntos delitos de malversación, prevaricación y revelación de secretos en relación a aquella operación que es objeto de la pieza separada número 7 de la macrocausa que investiga las actividades del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.
En este contexto, fue llamado a declarar el pasado mes de enero, si bien se acogió a su derecho a guardar silencio . Ya el 13 de marzo, el juez autorizó una entrada y registro en su casa, donde se personaron los investigadores para recabar documentación en cualquier soporte que pudiese acreditar su vinculación con 'Kitchen'.
Ahora, su defensa ha presentado un escrito en el que tras hacer un repaso sobre su situación en la causa, solicita al juez que, a su vez, recabe autorización del Consejo de Ministros para que pueda prestar declaración sobre aquel operativo de carácter reservado que habría comandado la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional dirigida por Eugenio Pino, en el que se habrían invertido fondos reservados, y que no contaba con tutela judicial.
El documento solicita en particular que el Consejo de Ministros remita a la Audiencia Nacional cualquier oficio que hubiera recibido o elaborado la Secretaría de Estado durante el periodo de Martínez al frente en el que aparezca la expresión «Operación Kitchen» o alguna denominación similar y, en caso de que este tipo de papeles no existan, concrete expresamente qué contenidos de aquel operativo han sido ya desclasificados así como le conceda permiso específicamente para hablar de ello ante el juez.
Material ya desclasificado
Cabe recordar que el Consejo de Ministros ya ha relevado de la obligación de guardar secreto a los funcionarios policiales involucrados que han sido llamados al procedimiento, como el que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional, Enrique García Castaño. Martínez pide la misma venia para él, dado que no es miembro de la Policía.
Además, el Gobierno ha desclasificado dos veces materiales sobre aquel despliegue policial a fin de aportarlos a la Audiencia Nacional, si bien las primeras búsquedas fueron infructuosas porque «Kitchen» es el nombre informal que puso Villarejo al asunto y en los registros, no consta como tal.
Se trata de notas de servicio y también recibos que acreditan el pago a cuenta de fondos reservados del principal confidente de la operación, el que fuera chófer de Luis Bárcenas y su mujer, Sergio Ríos. Según las pesquisas, estuvo cobrando 2.000 euros al mes durante dos años por espiar al que era su jefe y tratar de sustraerle esa documentación sensible.
El único político investigado
Martínez es el primer y único cargo político al que ha salpicado este asunto incoado en 2018 y bajo secreto de sumario, por el que ya están imputados diversos mandos policiales, incluidos Pino y García Castaño .
Precisamente, el salto a Martínez se produjo después de que este último aportase a la causa el contenido de dos móviles sustraídos a Bárcenas que, según dijo, él mismo volcó en un ordenador portátil comprado ad hoc para que el secretario de Estado consultase su contenido . Proporcionó la identidad de los funcionarios policiales que colaboraron en aquel volcado.
No obstante, García Castaño siempre ha sostenido que se trató de un operativo policial legítimo que tenía el fin de encontrar fondos ocultos y testaferros de Luis Bárcenas, que acababa de ser encarcelado en el contexto de la trama Gürtel. Con todo, la información recabada, como el contenido de esos dos teléfonos móviles, nunca llegó a ponerse a disposición del juez de la Audiencia Nacional que investigaba ese caso de corrupción.
