Los nuevos delitos contra Puigdemont facilitan mucho una entrega a España
El fraude y la falsedad están incluidos en el catálogo de las euroórdenes
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que preside Manuel Marchena tendrá que decidir próximamente si ve indicios suficientes para investigar a Carles Puigdemont por el caso de Aguas de Gerona, tal como le ha pedido la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de esa localidad catalana. Las diligencias realizadas hasta ahora revelan que al menos hay indicios de dos delitos -fraude y falsedad documental-, que están castigados con hasta seis años de cárcel, pero eventualmente podrían añadirse otros como prevaricación y malversación de fondos públicos, según fuentes judiciales consultadas por ABC.
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La Fiscalía del Tribunal Supremo deberá por su parte emitir un informe para ratificar, o no, las conclusiones a las que ha llegado Anticorrupción. El escrito en el que el fiscal encargado del caso solicitaba a la juez de Gerona que elevase esa exposición razonada al Supremo fue visado por el jefe de esa Fiscalía especial, Alejandro Luzón , y aprobado por el teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado, Luis Navajas , que estaba al frente del ministerio público porque Dolores Delgado aún no había tomado posesión de su cargo. No solo eso; la anterior fiscal general, María José Segarra , mantenía la misma postura, aunque no dio tiempo a que impulsase el procedimiento por su cese en el cargo.
Un plazo de tiempo
Si el Tribunal Supremo decide investigar al fugitivo -tras pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo-, el instructor que se nombre podría solicitar de nuevo una Orden Europea de Detención y Entrega en base a los delitos que se le imputan en este procedimiento. Las fuentes consultadas por ABC consideran que sería mucho más fácil conseguir la entrega en poco tiempo de ese individuo con esos nuevos cargos, que están dentro del catálogo de delitos reconocidos por los países que colaboran en el sistema de euroórdenes. De hecho, son muchas las euroórdenes que se han cumplimentado por esos delitos.
Por supuesto, si esa entrega se produjese el líder independentista solo podría ser juzgado por ese procedimiento, pero en ningún caso por el 1-O, salvo que permanezca en España un tiempo determinado sin estar sometido a ninguna medida cautelar y por voluntad propia. Asimismo tras un juicio y eventual condena podría ser juzgado por los sucesos de 1 de octubre si tras cumplir la misma permanece dicho plazo en España.
Lo previsible es que la próxima semana se conozca el criterio de la nueva fiscal general del Estado, una vez que haya estudiado el asunto y consultado la opinión de los fiscales del Supremo. En cualquier caso, sería llamativo que tanto una como los otros no apoyaran la postura del jefe de la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado y del propio teniente fiscal de la citada Fiscalía General.
La investigación que puede poner fin a las andanzas de Puigdemont tiene su origen, paradójicamente, en una denuncia presentada por los independentistas de la CUP en 2016 sobre distintas irregularidades presuntamente cometidas por el Ayuntamiento de Gerona en la etapa en la que el fugitivo estaba al frente.
Los primeros análisis de la documentación evidenciaron supuestas irregularidades en la empresa Agissa, una sociedad cuyo 80 por ciento está en manos privadas y el 20 por ciento restante en poder de los ayuntamientos de Gerona, Salt y Sarriá del Ter. Los investigadores -en un principio agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de esa provincia- detectaron indicios de que parte de los fondos destinados a mantener la calidad del agua se desviaron irregularmente para comprar la colección de arte del historiador Rafael Santos Torroella .
Tres por ciento
La Fiscalía Anticorrupción, que ya investigaba el caso del 3 por ciento, decidió asumir la investigación y abrir una pieza separada. Así, el 19 de septiembre de 2017 - justo un día antes de que la Guardia Civil entrara, entre otras dependencias, en la Consejería de Economía de la Generalitat, que entonces dirigía Oriol Junqueras, con los resultados conocidos por todos- hacía los registros en el Ayuntamiento de Gerona y en las oficinas de Agissa, además de en los domicilios de los consejeros de esa sociedad.
Como curiosidad, aquellos registros, del Instituto Armado, fueron protegidos por los Mossos d'Esquadra , que montaron los correspondientes perímetros de seguridad alrededor de los objetivos. No hubo incidentes a pesar de ser una población de marcado acento independentista, más allá del lanzamiento de algunos huevos.
