Nueve de cada diez ciudadanos ven «inaplazable» un Pacto de Estado por la Justicia
El 80 por ciento cree que los nombramientos de jueces obedecen más a criterios políticos que a exclusivamente profesionales
Un Pacto de Estado por la Justicia que refuerce su papel como «elemento vertebral» de la democracia. La Abogacía cree de forma mayoritaria que un acuerdo en el que participen todos los operadores jurídicos , partidos, sindicatos, organizaciones de consumidores y usuarios contribuiría a reconstruir la confianza de los ciudadanos en un sistema de justicia que tiene que ser «eficaz, neutral, previsible e independiente de los otros poderes del Estado» .
El quinto barómetro externo del Consejo General de la Abogacía Española refleja que ocho de cada diez españoles consideran que todos los gobiernos, del color que sean, han tenido más interés por controlar la justicia que por dotarla de los medios suficientes para que pueda funcionar mejor. Por eso, un 90 por ciento de los encuestados cree que es «inaplazable» un Pacto de Estado por la Justicia que la blinde «de forma clara y creíble frente a influencias o intromisiones de carácter político». De igual forma, el 94 por ciento de los encuestados ven necesaria una reforma «inmediata y a fondoo» de la justicia de modo que «asuntos especialmente graves o importantes y que causan gran alarma social no tarden años en tramitarse y resolverse».
La imagen que los españoles tienen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no es nada esperanzadora. Nueve de cada diez dicen que necesita una reforma urgente y profunda; el 80 por ciento considera que en los nombramientos pesan más criterios políticos que factores exclusivamente técnicos y profesionales, y seis de cada diez consideran que no cumple adecuadamente su función de defender la independencia judicial.
«Papel mojado»
Respecto al funcionamiento de la Administración de Justicia, un 53 por ciento de los españoles cree que funciona mal. Para ocho de cada diez, el lenguaje y los procedimientos de la justicia son «excesivamente complicados y difíciles de entender para el ciudadano medio». También ocho de cada diez encuestados consideran que con los medios de los que dispone la justicia y con su actual forma de funcionar no puede contribuir tan «eficaz y rápidamente como debería a investigar y castigar los casos de corrupción». Y lo peor: el 73 por ciento de los ciudadanos cree que «no sirve de nada ganar un pleito porque en la práctica la sentencia es papel mojado», porque o no se cumple o se cumple tarde y mal.
La encuesta se realizó a mil personas mayores de 18 años entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre de 2015
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