El TC no estudiará la suspensión de Rull, Turull y Sànchez porque ya no son diputados

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha archivado, por pérdida de objeto, los recursos de amparo que presentaron los condenados en la causa del «procés» y exdiputados Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull contra los Acuerdos de la Mesa del Congreso que decretaron la suspensión en sus cargos electos tras las elecciones del pasado 28 de abril. Los magistrados consideran que, tras la disolución de las Cámaras, esos acuerdos carecen de efectos.

En tres autos del pasado 30 de octubre que no han trascendido hasta este lunes, el Pleno argumenta que aquellos acuerdos «se han agotado en el momento de resolver el incidente de suspensión», pues al disolverse las Cortes, quedó concluido el mandato de los diputados entonces electos.

Cuando el TC admitió a trámite esos recursos el 3 de octubre, aludió a su «especial trascendencia constitucional» al afectar a una faceta de un derecho fundamental «sobre el que no hay doctrina de este Tribunal», y porque el asunto podía tener unas «consecuencias políticas generales».

La suspensión «automática» en el ejercicio del cargo, así como de sus derechos y deberes de los cuatro presos, en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), no fue una decisión unánime de todos los miembros de la Mesa , pues los dos diputados de Unidas Podemos mostraron su desacuerdo a que fuera la Cámara quien llevara a cabo esta decisión y no el Tribunal Supremo.

No obstante, la suspensión se acordó tras analizar el informe redactado por los servicios jurídicos de la Cámara, a quien la Mesa consultó al existir «dudas» sobre si aplicar la dicho precepto o el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso. La petición se realizó después de que los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo respondieran a la entonces presidenta Meritxell Batet que el encargado de suspender a los diputados es la propia Cámara Baja.

Los letrados del Parlamento dieron el aval a la LECrim, que ordena la suspensión del cargo público en caso de procesamiento por delito de rebelión, como era el caso de Junqueras, Sànchez, Rull y Turull antes de conocer la sentencia del Tribunal Supremo que finalmente les condenó por sedición.