Monedero, un año a vueltas con el dinero cobrado a gobiernos bolivarianos

La Universidad Complutense de Madrid, en la que trabaja el ex número tres de Podemos, Juan Carlos Monedero , le ha abierto este viernes un expediente «muy grave» por «sus trabajos paralelos» a los desarrollados en el ámbito universitario. Denunciado por Manos Limpias por haber recibido 425.000 euros procedentes de los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, este fue uno de los detonantes para que abandonara la formación morada, liderada por su amigo Pablo Iglesias.

Fue en enero de 2015 cuando se conoció que Monedero cobró 425.150 euros a través de su empresa «Caja de Resistencia Motiva» 2 e n los dos primeros meses de vida de la sociedad . Su trabajo fue asesorar en la creación de una moneda única «bolivariana», para instalar de manera común en los citados países. Al cierre del año de 2013, la sociedad aún no tenía ningún empleado pero sí 425.150 euros de cifra de negocio, de los que 57.000 fueron dedicados a aprovisionamiento y 2.000 a otros gastos. El beneficio se situaba así en 365.442 euros , que después de impuestos quedaron en 295.025.

El mes siguiente, Hacienda comenzó a investigarlo , ya que el exdirigente de Podemos habría pagado alrededor de quince puntos más si hubiera declarado estos ingresos como personales, vía IRPF, en lugar de a través de una sociedad.

Monedero decidió entonces presentar ante Hacienda una declaración complementaria para declarar como persona física los ingresos que recibió por asesorar a Gobiernos latinoamericanos y por los que previamente había pagado impuestos a través de una sociedad. De esto modo, se ahorró 68.351,91 euros en impuestos. Durante el mes posterior a la polémica estuvo prácticamente desaparecido del panorama político, hasta que ofreció una rueda de prensa.

El Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid archivó el pasado mes de julio la causa por fraude fiscal contra el exdirigente de Podemos. El tribunal no veía delito en la acción de Monedero , porque afloró ese dinero antes de que la Agencia Tributaria le notificara oficialmente la investigación, condición sine qua non para poder imputar un ilícito de fraude. La resolución, que firmó la magistrada Raquel Fernandino Nosti, explicaba que, de acuerdo con la documentación recabada por el juzgado, efectivamente el querellado «presentó voluntariamente» el pasado 29 de enero dos declaraciones complementarías relativas a 2013, una por IRPF (por valor de 141.215 euros) y otra por IVA (por valor de 77.280 euros). Y esas declaraciones extemporáneas -destacaba el fallo- se hicieron « con anterioridad al inicio de las actuaciones inspectoras », que el juzgado situó el 3 de febrero.