Monedero pide al juez de Neurona que le ahorre el paseíllo en su declaración del lunes

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid en el que solicita que se le evite acceder por la puerta principal el próximo lunes, cuando está citado como investigado en el contexto del caso Neurona.

El escrito, al que tuvo acceso ABC, solicita «que se facilite el acceso al edificio de una manera que no ponga en peligro la integridad personal del investigado».

Aduce así, tal y como adelantó Libertad Digital, «motivos de seguridad y la situación de restricciones en la entrada de los Juzgados por motivos Covid» para solicitar «cualquier alternativa» de entrada a las instalaciones «para asistir sin dilaciones ni inconvenientes» a la citación.

Esas «dilaciones» e «inconvenientes» a las que se refiere son las que todos los días sufren los ciudadanos que se acercan a realizar trámites en los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla, donde el protocolo Covid de acceso impone la formación de colas, diferenciadas en función de la gestión de que se trate, a las puertas del edificio. En su caso, se añade además de la espera, la previsible expectación mediática ante su primera comparecencia como investigado en el caso Neurona.

Monedero, que en el mismo escrito aprovecha para designar asistencia letrada, ya tiene la respuesta del instructor Juan José Escalonilla, que en una diligencia de ordenación fechada el 4 de marzo, contesta que el juzgado no es «competente para acordar sobre tal extremo» y libra oficio al Decanato para que decida lo que considere. Tendrá así la última palabra sobre el trato a este investigado.

El actual director de la fundación de Podemos, el Instituto 25M, acude a declarar en relación al pago de 26.000 euros que recibió en diciembre de 2018 desde la consultora latinoamericana Neurona Consulting y que después justificó ante su banco con una factura que los investigadores sospechan que es falsa.

Para el juez, el pago podría estar relacionado con el desembarco de Neurona en España y su contratación posterior con la coalición Unidas Podemos, que abonó 363.000 euros por servicios de consultoría en la campaña electoral de abril de 2019 mediante un acuerdo que hizo saltar las alarmas del Tribunal de Cuentas bajo indicios de falsedad. La formación está imputada por un presunto delito electoral y/o de financiación irregular por este asunto.