La mayoritaria Asociación de Fiscales ve «intolerable e injustificable» la actuación de Delgado en el caso Stampa
La Asociación Profesional Independiente de Fiscales no entiende que no haya un «clamor» pidiendo su dimisión
La Unión Progresista de Fiscales «respeta» a su compañero, Ruiz de Alegría, pero no ve irregularidad alguna en el caso
«Opaco», «intolerable» e «injustificable». Así ha calificado este viernes la mayoritaria Asociación de Fiscales la «intromisión» del jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, en las diligencias del caso Stampa y que ha llevado al fiscal que le investigó, Carlos Ruiz de Alegría, a denunciar en este diario los intentos de dilatar la investigación por parte de la mano derecha de Dolores Delgado.
«Es intolerable que el jefe de la Secretaría Técnica vaya pidiendo expedientes por ahí», señala en declaraciones a ABC la presidenta de la asociación. Cristina Dexeus asegura que su asociación va a llegar hasta el final con este asunto y que el ninguneo a los vocales de la AF al negarles la documentación solicitada sobre el devenir de estas diligencias en el Consejo Fiscal del miércoles se va a traducir en una petición por escrito, pues consideran el asunto grave al tratarse del fiscal que investigaba un caso (Tándem) en el que tres investigados son defendidos por el despacho de Baltasar Garzón, pareja de la fiscal general del Estado.
Para Dexeus, es especialmente significativo que quien haya denunciado estos intentos de dilatar la causa sea precisamente un fiscal de la Unión Progresista de Fiscales (la asociación de la propia Delgado) con una larga trayectoria profesional y un perfil sumamente discreto.
No entiende por qué, al igual que se llamó a ese Consejo Fiscal a dos fiscales jefe para defender la actuación de la Fiscalía General (a Alejandro Luzón, de Anticorrupción) y al propio jefe de la Técnica (García Ortiz), no se contó con la presencia de Ruiz de Alegría, teniendo en cuenta que conocía el caso a la perfección y que fue él quien propuso el archivo de la investigación abierta a Stampa al considerar que ya estaba acabada. Pese a ello, García Ortiz «sugirió» practicar diligencias hasta en dos ocasiones más. A juicio de la AF es necesario conocer el contenido de esas diligencias para esclarecer por qué Fiscalía General estaba tan interesada en estar encima de este asunto, que tampoco era «un 11-M ni un 'procés'».
La Asociación de Fiscales denuncia la situación de debilidad y de falta de credibilidad en la que Delgado está colocando a la institución con actuaciones como esta, lo que le lleva a reafirmar la inconveniencia de este nombramiento que desde el primer día vienen criticando. Recuerda Dexeus, además, que pese a sus vínculos con el Gobierno por su condición de exministra y de los del despacho de su pareja con determinadas causas abiertas, Delgado no ha firmado un solo decreto de abstención. Precisamente este fin de semana la AF celebra su congreso del que se espera que salga una declaración dura y contundente contra la actual fiscal general.
«Una auténtica vergüenza»
Por su parte, desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), su presidente, Salvador Viada, uno de los más combativos con lo sucedido en el caso Stampa, describe al fiscal investigador Ruiz de Alegría como una persona «discreta, decente y competente». De ahí el valor de su testimonio, dice en la misma línea que Dexeus. «Esto no puede pasar, que no haya, no una voz, sino un clamor, pidiendo la dimisión de Delgado es una auténtica vergüenza».
Asegura que la actuación de García Ortiz solicitando más diligencias tras una dación de cuentas «no es normal» . «Es como si el cartero te abre la carta y te la contesta«, dice, para recalcar que la dación de cuentas se hace con la fiscal general, no con el intermediario, porque eso implica asumir una competencia que no tiene».
Muy crítico con la forma de proceder de la Fiscalía General, Viada explica que «cuando algo no les interesa, y encima es sucio, lo que hacen es declararlo reservado, y eso es precisamente lo que han hecho con la documentación relativa a este asunto. Coincide con Ruiz de Alegría en que aquí lo que se pretendía era prolongar la investigación para que cuando se llegara al Consejo Fiscal de octubre del pasado año, Stampa tuviera esas diligencias abiertas y obtuviera cero votos en las ocho plazas a las que aspiraba.
Aunque no tener esas diligencias abiertas tampoco hubiera garantizado que se hubiera votado lo cierto es que con ellas abiertas la Fiscalía se garantizaba que no iba a recibir un solo voto, dice. «No llegó a ese Consejo Fiscal en igualdad de condiciones que los otros aspirantes», dice.
«Novedosa interpretación»
La valoración que hace la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de lo sucedido es opuesta a la de la AF y la APIF. «Con todo el respeto por el compañero Alegría, lo que más nos preocupa a los vocales de la UPF es esa novedosa interpretación de que los conductos internos de comunicación y toma de decisiones de las fiscalías se pueden poner en conocimiento de los investigados o de los acusados. Las fiscalías conforman sus posturas jurídicas y procesales a través de estos debates internos», dice Inés Herreros , su presidenta.
«Nunca hemos conocido que un artículo 25 (la dación de cuentas) se ponga en conocimiento del investigado. Y la condición de fiscal del investigado (Stampa) no puede suponer que se le de un trato distinto al de cualquier ciudadano». Señala Herreros que el canal de comunicación del artículo 25 «se aplica en las fiscalías de toda España abriendo un expediente nuevo siempre ajeno a las diligencias de penales de las que trae causa».
Centra así el debate en si Stampa tenía o no derecho a acceder a la documentación, lo que para las otras dos asociaciones, siendo relevante, es ahora mismo secundario. Sobre la actuación concreta de la mano derecha de Delgado, que es lo que preocupa al resto, Herreros no ve ninguna irregularidad en el hecho de «sugerir» la práctica de más diligencias y recuerda que en el debate del Consejo Fiscal del miércoles nadie discutió la normalidad del proceder del fiscal-jefe de la Técnica en relación a ese artículo 25.
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