Marlaska reitera el fin de la ley de Seguridad Ciudadana pero sin mencionar el aval europeo a las devoluciones en caliente

El titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska , ha reiterado esta tarde que «el Gobierno tiene como prioridad derogar la llamada "Ley Mordaza", una ley fallida, y sustituirla por una ley de Seguridad Ciudadana. Una ley moderna adaptada inequívocamente a los valores constitucionales, consensuada y que ofrezca también un marco de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». El ministro ha hecho esta declaración de intenciones en el marco de su primera comparecencia en comisión en el Congreso para informar de las grandes líneas de la gestión que tiene por delante , en la que no ha habido mención alguna a la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que esta semana avalaba los rechazos de inmigrantes en frontera a los que siempre se ha opuesto el PSOE y cuyo soporte legal está contenido en la misma ley de Seguridad cuya derogación ha vuelto a mencionar Marlaska.

A falta de que se desarrolle a continuación el turno de preguntas de los Grupos parlamentarios al ministro, el responsable de Interior ha realizado a lo largo de su comparecencia diversos anuncios, entre los que se cuentan el de impulsar una reforma del Sistema de Asilo «que adecúe la normativa existente sobre protección internacional y reforme el sistema de acceso a los solicitantes».

Asimismo, en otro ámbito, el ministro ha avanzado que en la lucha contra el terrorismo se va a impulsar la Estrategia Antiterrorista con la aprobación de diversos planes, entre ellos el de Prevención y protección Antiterrorista o uno específico para combatir la financiación de este fenómeno. Al margen, el ministro también ha anunciado que se reformará la ley de Víctimas del Terrorismo con objetivos como los de «introducir mejoras económicas, derechos a la justicia y proteccion psicosocial».

Dentro del capítulo de anuncios, Grande-Marlaska ha confirmado la aprobación de una nueva Ley Orgánica General penitenciaria que se adapte a las reformas legales operadas en el Código Penal y que ofrezca un marco de certidumbre a las funcionarios, cuyas agresiones por parte de los presos —ha recordado— han caído un 34 por ciento,