Marcha atrás al poder del TC para inhabilitar a los cargos desobedientes
El Pleno del Congreso aprueba hoy la toma en consideración de una Proposición de Ley del PNV
El Pleno del Congreso aprobará este martes la toma en consideración de una Proposición de Ley del PNV para derogar la reforma de las atribuciones del Tribunal Constitucional aprobada en 2015 por el PP que otorga a este órgano la capacidad de inhabilitar a los cargos públicos que desobedezcan sus sentencias. A cambio, propone «imponer multas coercitivas de 600 a 3.000 euros a cualquier persona, investida o no de poder público, que incumpla los requerimientos del Tribunal».
La iniciativa contará con el respaldo del PSOE, Podemos, PDeCAT (antigua Convergència), ERC y EH-Bildu por lo que saldrá adelante con una amplía mayoría. Los socialistas justifican su apoyo al texto argumentando que cuando el Partido Popular presentó la reforma la criticaron con dureza al no estar de acuerdo ni en el fondo ni en la forma, y que por coherencia su voto esta tarde en Pleno no puede ser otro que a favor de su derogación. A nadie se le escapa que el pacto entre el PSOE y el PNV en el gobierno vasco ha podido contribuir a acercar posturas. PP y Ciudadanos se opondrán a la tramitación de la iniciativa.
Esta propuesta entronca con la situación política catalana donde la presidenta del Parlament, Carme Forcadell , se enfrenta a la inhabilitación por haber permitido un debate parlamentario sobre la convocatoria de referéndum.
El texto planteado por el grupo vasco contiene una segunda disposición que, aunque saldrá de momento adelante por no poder votarse la iniciativa de manera separada, probablemente no prosperará. Se trata de la segunda reforma del Tribunal Constitucional aprobada por el PP en ese mismo año 2015. En ésa ocasión para introducir el recurso previo de inconstitucionalidad en la reforma de los estatutos de autonomía, cuya derogación pide ahora también este grupo. El PSOE considera que esta marcha atrás no es pertinente ni adecuada y defiende la conveniencia de hacer un control constitucional previo. Su portavoz en la comisión Constitucional, Gregorio Cámara, recuerda que el objetivo de esta reforma es que pueda reproducirse un conflicto como el que rodeó al Estatut catalán. Una vez que el Pleno del Congreso apruebe la toma en consideración del texto, la iniciativa será objeto de una ponencia donde los distintos grupos parlamentarios podrán proponer enmiendas. De la negociación de todas ellas saldrá un nuevo texto que regresará al Pleno del Congreso donde, según el PSOE, ya no saldrá adelante esta última disposición.
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