Manos Limpias acusa a la Fiscalía de perseguir a su cúpula por motivos «políticos»
Virginia López y Miguel Bernad están investigados por supuestos delitos de blanqueo de capitales y apropiación indebida
El sindicato Manos Limpias ha iniciado acciones penales por ser objeto de «intimidaciones» y «falsas acusaciones» por parte de la Fiscalía con el objetivo de influir en el juicio que arrancará el 11 de enero de 2016 contra la Infanta Cristina y otros 17 acusados en el marco del caso Nóos. Según informa Ep, la entidad es la única que ejerce acciones penales contra Cristina de Borbón, para quien reclama ocho años de cárcel por dos delitos fiscales.
Mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el sindicato a puesto estos hechos en conocimiento de la Audiencia Provincial de Palma, que acogerá la vista oral, y recrimina que la Fiscalía de Delitos Económicos de la Audiencia Provincial de Madrid haya formulado una querella «política» contra la letrada personada en el caso Nóos, Virginia López Negrete , así como contra el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad , por supuestos delitos de blanqueo de capitales y apropiación indebida .
El sindicato ha procedido de este modo a llevar a los tribunales a la fiscal que suscribe la querella, al reprochar que se trata de una denuncia dirigida a «lesionar» su imagen de cara al juicio por Nóos.
El Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid admitió a trámite la semana pasada la querella presentada por la Fiscalía contra Miguel Bernad y Virginia López. El secretari general declarará el próximo 23 de noviembre en calidad de querellado, asistido por abogado. En el caso de Virginia López, jefa de Asesoría Jurídica de la organización sin ánimo de lucro, se ha enviado la misma citación por exhorto a los juzgados de Valladolid, dado que aunque fue citada correctamente por la Fiscalía, rehusó declarar ante el Ministerio Público durante las diligencias de investigación.
Los hechos investigados ocurrieron entre finales de 2010 y principios de 2011. Manos Limpias había recaudado más de 100.000 euros de un millar de afectados de la estafa de Afinsa para exigir judicialmente que el Estado les devolviera el dinero.
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