Malversación de escaños

Solo un criterio excluyente basado en una supuesta superioridad moral de la izquierda parlamentaria ha movido a populistas, comunistas, independentistas republicanos y batasunos a querer forzar la verdadera legitimidad de sus escaños. Hace unos meses, rodeaban el Congreso al grito de «no nos representan». Hoy, dentro, al calor de las alfombras y del hemiciclo, ya juegan a ser casta. Pretenden intercambiar o prestarse escaños por dinero. Aceptan o rechazan cambalaches a cambio de poder, no de principios o valores. Negocian con la soberanía popular y se apropian de votos propios y ajenos para justificar un mercadeo. Y aunque nadie lo crea, el PSOE lo ha llamado «cortesía parlamentaria» para justificar su cesión de escaños en el Senado…

El reglamento del Congreso avala muchas de estas prácticas para permitir un trapicheo de subvenciones públicas. Intentan repartirse trozos del Congreso como si fuese una pieza de caza para sacar provecho de la mejor porción. ¿Por qué el tráfico de escaños es legal, y el de influencias es ilegal? Se basan en el mismo principio de oportunismo y compadreo cómplice, que era precisamente el que la «nueva» política pretendía combatir. Sin embargo, incurren en una malversación de escaños públicos, en un cohecho moral que se oculta al votante para que el Estado pague una coima como si se tratase de una comisión legal.

El intento ha frustrado de momento las expectativas de Compromís, IU, EH-Bildu, ERC e incluso Podemos. El adoctrinamiento dirigido a convencer a la opinión pública de que basta simplemente con que sea la izquierda radical quien «explore» algo para que sea correcto, democrático, progresista, puro y por supuesto ético, está basado en una falacia. Primero se niega la legitimidad real y aritmética de gobernar a quien ha ganado las elecciones para, después, crear desde la manipulación y el victimismo una segunda legitimidad, esta vez ficticia y falsa: la de quienes exigen como un derecho inalienable formar grupos parlamentarios pese a que no les ha votado el mínimo de ciudadanos para adquirir ese derecho. Aliarse unas horas para adquirir derechos permanentes, cobrar y romper de inmediato es un fraude de ley. Si no de la letra, sí del espíritu.

Esos partidos no son víctimas de una injusticia, sino de las reglas que ellos mismos han impuesto en su programa electoral a su votante. Si pretenden que su regeneración de la vida pública pase por un mercadeo incesante de escaños para gozar de más privilegios políticos, poco tardarán en convertir las instituciones en un coto privado. El uso abusivo del concepto de legitimidad y la instrumentalización moral de los escaños -aunque hayan fracasado, la intención cuenta- no son más que la primera fase de la operación «asalto al cielo». Con el PSOE como instigador.