Macarena Olona - Portavoz adjunta de Vox en el Congreso de los Diputados
19-M: el día en que se ejecutó el cambio de régimen en España
En un momento histórico en que los derechos y libertades de los españoles se han visto gravemente limitados, es cuando deberían ser más sólidos los controles propios de nuestro Estado de Derecho. Pero los han derribado
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Moncloa levantó el teléfono. Al otro lado, la presidenta del Congreso de los Diputados. Hay llamadas que cambian la Historia de un país. Esa, sin duda, fue una de ellas. El Gobierno de España pedía a la tercera autoridad de la nación no tener que someterse al control parlamentario de la oposición. No conocemos los términos exactos en que se produjo esa petición del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Lo que sí puedo atestiguar es la manera en que el pasado 19 de marzo se ejecutó el cambio de Régimen que se inició el día en que el candidato Sánchez fue investido presidente ilegítimo del Gobierno de España.
Las alarmas habían saltado tiempo atrás. Porque habíamos visto caer centenarias instituciones llamadas en nuestra democracia a defender la legalidad y los derechos de los ciudadanos. Primero fue la Abogacía del Estado. Doblegada políticamente por el Ejecutivo socialista y convertida en la «Abogacía del Gobierno». Llegó a ser la 'Abogacía de Esquerra Republicana' y, Gabriel Rufián, el portavoz que anunciaba sus dictámenes. Cuánta indignidad. Pero, en el cambio de Régimen que estaba pertrechándose, el primer paso que había que dar era eliminar a los servidores públicos leales al Estado. Entre ellos, Carmen Tejera, la Abogada del Estado-Jefe en el Ministerio de Hacienda, vilmente cesada después de 17 años en el cargo, el pasado mes de febrero. Su contribución como perito en el juicio del procés para obtener la condena de los golpistas por malversación pública había sido decisiva. El mismo día en que se celebraba la Mesa de la traición entre el Gobierno de España y el desleal Gobierno de la Generalidad de Cataluña, con su presidente inhabilitado a la cabeza, se le comunicó su cese. Sólo Vox y el PP levantamos la voz. Y nos quedamos solos. La Abogacía del Estado había caído.
Mirábamos con esperanza al Ministerio Fiscal. Había demostrado su fortaleza frente a este mismo Ejecutivo socialista sin escrúpulos y, en su Estatuto Orgánico, prevalece su independencia como garantía esencial de nuestro Estado de Derecho. Pero entonces llegó Dolores Delgado como Fiscal General del Estado -hasta el día anterior Ministra socialista de Justicia- y, con ella, las cloacas del Estado a la cabecera del Ministerio Publico. Vox anunció, y así ha ejecutado, que recurriría su nombramiento ante el Tribunal Supremo. El Ministerio Fiscal había caído.
Nuestros ojos se dirigían con preocupación hacia la Corona. VOX ya denunciaba que derrocar la Monarquía es uno de los objetivos del actual Gobierno social-comunista. La pregunta que en ese momento nos hacíamos era, ¿se atreverían a llegar tan lejos? El jaque al Rey se anuncia hoy en la «España de los Balcones». Unos balcones que representaban la unidad, la comunidad de los españoles en el confinamiento. Con su cacerolada al Rey - Jefe del Estado y símbolo de su unidad y permanencia, según expresa nuestra Constitución españolahan pulverizado esa unidad.
Con el COVID-19 y el Estado de Alarma, los carroñeros que nos gobiernan han visto su oportunidad para asestar el golpe definitivo a nuestra democracia y hacer rapiña de la miseria que está asolando a España: Han blindado al narco-comunista Pablo Iglesias en la Comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia. Tan pronto conocimos su nombramiento, los 52 Diputados de VOX en el Congreso lo recurrimos ante el Tribunal Supremo y pedimos la suspensión cautelar de su designación. Sólo un cambio en la Ley que regula el CNI, de 2002, podía desactivar nuestro recurso judicial. Lo introdujeron en uno de los Reales Decretos Leyes que establecen medidas extraordinarias para hacer frente a la pandemia.
El Presidente de Vox, Santiago Abascal, ya ha anunciado que los 52 Diputados de VOX en el Congreso lo recurriremos ante el Tribunal Constitucional. Pero el poder absoluto todavía no se había alcanzado. Quedaba en pie la Cámara que representa la soberanía nacional... Hasta el pasado 19-M.
Ese día la Presidenta del Congreso de los Diputados sometió al resto de miembros de la Mesa una propuesta de acuerdo que amordazaba toda la actividad parlamentaria de control del Ejecutivo socialista al suspender «desde el 19 de marzo el computo de los plazos reglamentarios que afectan a las iniciativas que se encuentren en tramitación en la Cámara hasta que la Mesa levante la suspensión». El representante de Vox en la Mesa (el único, recordemos, por una funesta estrategia del PP), el Vicepresidente Cuarto Ignacio Gil Lázaro, alzó la voz en defensa de la democracia española recordando que la misma Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, establece terminantemente en su artículo 1.4, que: «La declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado». Horas a contrarreloj en las que éramos plenamente conscientes del momento histórico que estábamos viviendo: luchábamos contra un golpe institucional. Se nos dijo, en un burdo intento de diluir nuestra denuncia, que idéntico acuerdo de suspensión de la actividad de control se había acordado por la Mesa del Senado el pasado 12 de marzo, donde Vox no tiene representación, con el voto favorable del PP.
No era momento de desunión en la oposición y así se lo trasladamos a populares. Era el momento de demostrar, no sólo con palabras, que «los Parlamentos no se cierran ni en guerra». Aunque sólo unos días antes no hubieran sido coherentes en el Senado. Pero el cambio de Régimen se consumó. Moncloa había levantado el teléfono y su mayoría en la Mesa le entregó el Congreso de los Diputados. Y, por primera vez en la historia reciente, se ha silenciado la voz del pueblo español expresada en las Cortes Generales. Sine die .
Como primera manifestación, este pasado sábado el BOE publicaba la resolución del Ministerio de Justicia, que, de manera extravagante, excepciona de la suspensión general de los plazos administrativos la tramitación de los expedientes de indulto. En plena pandemia. En pleno Estado de Alarma. Si no se hubiera amordazado al Congreso, Los Diputados podríamos requerir al Gobierno la aportación de la información relativa a los expedientes que se van a ver beneficiados por esa medida. La suspensión acordada ha eliminado la obligación del Gobierno de aportarnos dicha información. Y esto es sólo la primera manifestación. En un momento histórico en que los derechos y libertades de los españoles se han visto gravemente limitados, en que el Ejecutivo atesora poderes extraordinarios, y en que nos jugamos la vida, en este momento, precisamente, es cuando deberían ser más sólidos los controles propios de nuestro Estado de Derecho. Pero los han derribado. Había un plan. Se ha ido ejecutando. Y el cambio de Régimen se consumó el pasado 19 de marzo. Los 52 Diputados de Vox en el Congreso vamos a recurrir la mordaza impuesta al Congreso ante el Tribunal Constitucional. Y pediremos la suspensión cautelar. Está en juego nuestra Democracia.
