Llarena activa las euroórdenes para que tres de los exconsejeros huidos sean juzgados en España
El juez señala que la petición de la Fiscalía, adelantada por ABC, está «plenamente justificada»
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha emitido las órdenes europeas de detención y entrega solicitadas por la Fiscalía contra los exconsellers catalanes Antoni Comin, Lluis Puig y Clara Ponsatí , procesados en rebeldía en la causa del «procés». Como informó ABC, las órdenes europeas, internacionales y nacional de captura e ingreso en prisión se emiten por delitos de sedición y malversación de caudales públicos, en el caso de Comin; por delito de sedición, en relación a Clara Ponsatí; y de malversación y por desobediencia respecto a Puig.
Comin y Puig se encuentran en Bélgica, como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, mientras que Ponsatí se encuentra en Escocia. Además, las órdenes internacionales se han enviado a Interpol para la detención a efectos extradicionales en el caso de que estos procesados se localicen en un país que no pertenezca a la UE, informan fuentes del Supremo.
En un auto de 59 páginas, el juez Llarena hace un relato de hechos a partir de las diligencias practicadas hasta la fecha en la causa del procés, y c onsidera plenamente justificada la petición realizada por la Fiscalía el pasado 31 de octubre para activar las euroórdenes contra los tres exconsellers citados, una vez que se ha dictado la sentencia de la Sala Segunda en relación a otros doce procesados en el mismo caso.
El instructor señala que el resultado probatorio de la sentencia del «procés» no es directamente extrapolable a los procesados en rebeldía, quienes no han sido juzgados, y que se enfrentan a los hechos que ofrece la investigación, aunque «no puede sino concluirse que la sentencia reafirma la conclusión del auto de procesamiento de que los procesados perpetraron una serie de actuaciones que, sin seguridad pero con firmeza, presentan indicios racionales de criminalidad».
Actos de ejecución
Apunta que la sentencia del tribunal del «procés» subsumió los hechos en los delitos de sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia. Recuerda el juez que la sentencia no ha considerado suficiente para apreciar la malversación la mera firma de un acuerdo gubernativo de asunción solidaria de los gastos destinados al referéndum, sino que exigió actos materiales de ejecución. De ahí que no pueda reclamar por este delito a Ponsatí.
A diferencia de ella, Comin y Puig sí abordaron desde sus respectivas consejerías gastos de realización de la votación , entre ellos la distribución de 56.000 cartas certificadas con nombramiento de cargos para las mesas electorales y más de cinco millones de sobres ordinarios con tarjetas censales, que abordó la empresa Unipost SA, con quien medió un acuerdo marco para la distribución postal que permitía la elusión de licitaciones posteriores.
«Una encomienda de 979.661,96 euros de importe, cuyo pago se disimuló y fraccionó, atribuyéndose a la Consejería de Cultura, regida por Lluís Puig, la cantidad de 238.003,35 euros, y a la Consejería de Salud, regida por Comin, la cantidad de 233.180,55 euros», señala el auto.
Comparecencia «voluntaria»
Entretanto, los tres procesados en rebeldía ya están preparados para comparecer ante las autoridades belgas y escocesas respectivamente y oponerse a la entrega, siguiendo así los pasos de Puigdemont, cuya euroorden ya fue activa el mismo día en el que fue notificada la sentencia. Las defensas de los tres antiguos miembros del Gobierno de Carles Puigdemont ya han sido informados verbalmente de la llegada de la documentación. Para evitar su detención, la exconsejera Ponsatí tiene previsto acudir el jueves a dependencias policiales como paso previo para que el asunto sea estudiado por el Tribunal de Edimburgo.
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