La ley de Memoria Democrática continúa su tramitación parlamentaria sin el apoyo de ERC
Los independentistas acusan al Gobierno de «cobardes» y presentan una enmienda de texto alternativo que es avalada por otros socios de Sánchez como Bildu y BNG
El proyecto de Ley de Memoria Democrática del Gobierno ha llegado este jueves al Congreso de los Diputados con las fórmulas jurídicas para prohibir la exaltación del franquismo , la Fundación Franco , suspender también la del Valle de los Caídos y sacar a los monjes para resignificar el espacio . No ha faltado la bronca parlamentaria durante este primer estadio; el debate de totalidad. Lo que para PSOE y Unidas Podemos es « un paso más en nuestra democracia », para Partido Popular y Vox, que presentaron sendas enmiendas a la totalidad, es una ley fundamentada en el «guerra-civilismo» y la «adoctrinación».
Las enmiendas de la derecha no han logrado los apoyos suficientes, sí los de Ciudadanos. Al otro lado del tablero político, ERC, socio del Gobierno, presentó por su parte otra enmienda de texto alternativo. La de ellos sí ha sido avalada por Bildu, CUP, el BNG, PdeCat y JpC, de los que algunos son aliados parlamentarios de Pedro Sánchez . No obstante, el proyecto legislativo del Gobierno continuará su tramitación con los apoyos de PSOE, Unidas Podemos y PNV.
El Anteproyecto de ley de Memoria Democrática fue aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de julio. Según explicaron entonces, buscan mejorar la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 con José Luis Rodríguez Zapatero . «Un paso más hacia el perfeccionamiento de nuestra democracia», ha defendido el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños . «Esta es una ley que no diferencia entre víctimas y pretende de una vez por todas cicatrizar las heridas», ha seguido. El ministro ha dedicado unos segundos de su intervención a agradecer el «trabajo» de su antecesora en el cargo, la exvicepresidenta Carmen Calvo , que «tanto esfuerzo dedicó» a la elaboración de la iniciativa.
Los independentistas han presentado una enmienda de texto alternativo, es decir, su propia ley, porque consideran «insuficiente» la del Gobierno. «No se contemplan ni indemnizaciones a los familiares de las víctimas ni devoluciones patrimoniales», ha criticado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián . «La pregunta no es por qué nosotros somos tan duros, sino por qué ustedes son tan cobardes» , ha atizado. Rufián también reprocha a Sánchez que no tengan «bemoles» de declarar «ilegal» y «fascista» (y «no nulo», ha apostillado) al franquismo.
«Buenos y malos, rojos y azules...»
La portavoz en el debate del PP, Macarena Montesinos , ha acusado al Gobierno de «agitar el espíritu del guerra-civilismo» y «dividir a los españoles entre buenos y malos» . La popular también ha hecho una reivindicación de la Transición y lamenta que el Gobierno quiera «imponer su relato» de la historia. Mas el PP se quejó de que en la votación Sánchez no estaba por su viaje a La Palma ni tampoco el resto de ministros, que lo hicieron telemático. Quisieron matizar que el líder de la oposición, Pablo Casado , estaba presente.
En una línea similar, Francisco José Contreras (Vox) ha reprochado que la norma ahonda en «la vieja y dolorosa división entre rojos y azules», y acusa a «la izquierda de sacar a pasear el fantasma de Franco« por motivos electoralistas.
Desde Unidas Podemos, la diputada Martina Velarde ha contestado a los portavoces de PP y Vox. «Sus enmiendas a la totalidad solo demuestran que son herederos ideológicos del periodo más doloroso de nuestra historia», ha dicho. Aunque Velarde ha apuntado que el grupo parlamentario morado registrará enmiendas parciales para acabar con la ley de amnistía del 77 .
Esquivar las trabas del CGPJ
El proyecto de ley contempla «la humillación a las víctimas» como elemento para sortear trabas del Consejo General del Poder Judicial ante una eventual disolución de una fundación. Cabe recordar que en un informe no vinculante del 7 de junio este órgano advirtió de que prohibir el enaltecimiento del franquismo podría chocar con la doctrina del Tribunal Constitucional.
Explicaron entonces que «sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas», dichas manifestaciones podrían quedar amparadas en una expresión libre de ideas. Así, en la disposición adicional quinta del texto legislativo se recoge como motivo para la suspensión de fundaciones «la apología del franquismo y la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la Guerra o del franquismo».
No se espera que la ley entre en vigor hasta 2022.
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