Lesmes defiende ante el Rey los nombramientos de un Consejo General del Poder Judicial en funciones
Recuerda a quienes quieren frenarlos que hacerlo «sería incumplir la Constitución»
El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes , ha defendido este lunes ante el Rey que el órgano de gobierno de los jueces continúe desempeñando las funciones que tiene encomendadas al margen de su renovación. No hacerlo, ha dicho, «sería incumplir la Constitución». Un aviso a quienes, como informó ABC este domingo, están intentando limitar la actividad del Consejo a asuntos de trámite.
En la Apertura del Año Judicial, presidida por el Rey, Lesmes ha recordado a los partidos su obligación de renovar las instituciones , un emplazamiento que ya ha hecho en varias ocasiones por carta a las Presidencias de las Cámaras. El CGPJ lleva en funciones desde diciembre de 2018.
A juicio del presidente del Supremo, este retraso (que todo apunta que se perpetuará en el tiempo tras fracasar el acuerdo entre PSOE y PP) , representa «una seria anomalía». «Es la propia Constitución la que fija en cinco años la duración del mandato de cada Consejo , por lo que me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones», ha dicho.
Ha recordado además que es esa misma Constitución la que la que asigna al órgano de gobierno de los jueces unas «muy relevantes funciones», en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, «funciones que son permanentes y de debido cumplimiento, de manera que deben seguir desarrollándose con normalidad». Lo contrario, ha dicho, «sería incumplir la propia norma fundamental, con grave quebranto para la Justicia española , a la que dañaría una paralización institucional mantenida en el tiempo, en un momento en el que debe afrontar unos retos enormes».
Tras aludir a la crisis del coronavirus y recordar a sus víctimas, Lesmes ha destacado el papel de los tribunales de justicia durante el estado de alarma, en especial el del tribunal que preside (Supremo), en el que los magistrados «mantuvieron su actividad profesional» con medios telemáticos . Solo durante la vigencia de este estado se dictaron y notificaron entre todas sus salas más de 800 sentencias, ha dicho; se deliberaron más del 80 por ciento de los asuntos señalados y el Gabinete Técnico informó más de 4.000 recursos.
Con autocrítica Lesmes ha reconocido que esta crisis «ha mostrado con crudeza las debilidades de nuestro sistema judicial y procesal», por lo que ha apostado por una Administración de Justicia «lo suficientemente tecnificada y bien organizada para que, llegado el caso, pueda seguir prestando sus servicios de forma eficiente pese a dificultades como las que ahora vivimos, garantizando la paz social también en situaciones de excepcionalidad». En este sentido, reclama «un giro estratégico a nivel legislativo» para que la tecnología y la digitalización no «meramente ayuden o faciliten las tareas procesales», sino que «las vertebren en su integridad» . También ha instado a que se analice cuál debe ser la función del Poder Judicial en los estados especiales recogidos en el en el artículo 116.2 de la Constitución Española (alarma excepción y sitio).
Y es que, ha argumentado, el «Derecho de necesidad» tiene «dos efectos fundamentales: uno positivo, el que faculta a los poderes públicos para adoptar las concretas medidas a través de las que se pretende solventar la situación de crisis, lo que permite que el Derecho se adapte a la realidad social; pero también uno negativo -y no exento de peligro-, que permite excepcionar de manera temporal la aplicación del Derecho ordinario», ha advertido.
Lesmes ha aludido al debate jurídico que se ha abierto en la sociedad española sobre las restricciones al ejercicio de derechos que se han producido con el estado de alarma en la vida pública española de los últimos meses; en concreto, si podía haberse dado una respuesta distinta desde el ámbito del derecho ordinario, si rebasó o no los límites constitucionales; y cuáles son, en fin, los mecanismos de control adecuados frente al mismo y frente a los actos adoptados durante su vigencia.
Normas más claras
El presidente del Supremo ha recordado que diversos juzgados tuvieron que dictar durante el estado de alarma «resoluciones urgentes para avalar o anular tales medidas», lo que puso de manifiesto, a su juicio, «la necesidad de una mayor claridad normativa respecto de la posible adopción de medidas tan restrictivas de la libertad , así como una mejor delimitación de su necesaria ratificación judicial cuando son tomadas en razón de la legalidad ordinaria».
Por su parte, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado , ha iniciado su intervención recordando a las víctimas de la pandemia que perdieron la vida «en condiciones indescriptiblemente dolorosas» y todos los colectivos que arriesgaron sus vidas para garantizar la normalidad en condiciones tan difíciles. «Toda la ciudadanía española ha dado una lección impagable de responsabilidad y entrega» para combatir, junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Administración de Justicia, «esta grave amenaza contra la democracia y la paz social». Mención especial ha hecho también al impulso del Ministerio Público a las investigaciones en residencias de ancianos , las más afectadas por la pandemia.
Antes de analizar las cifras generales de delincuencia que constan en la Memoria de la Fiscalía relativa a 2019, Delgado ha hecho una mención especial al terrorismo, que ha acaparado el 40,37 por ciento del total de diligencias abiertas en la Audiencia Nacional , una explicación que se debe al incremento de investigaciones y respuesta punitiva que se está dando al terrorismo yihadista, «cuyo fanatismo revela la indudable gravedad de su amenaza».
También ha aludido a la lucha contra la corrupción política, que «continúa siendo otro de los objetivos prioritarios del Ministerio Fiscal», ha dicho. «La respuesta penal a este grave fenómeno criminal exige de una exigente formación especializada y del esfuerzo constante de los profesionales que integran la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, enfrentados a procedimientos técnicamente muy complejos y, a menudo, extraordinariamente voluminosos».
Delgado ha lamentado que la violencia de género siga «golpeando con extraordinaria crudeza nuestra convivencia diaria» y en este sentido ha destacado el repunte en la cifra de mujeres fallecidas a manos de sus parejas o ex parejas, 59 en 2019 frente a las 51 del año pasado, de las cuales, solo 15 habían formulado denuncia previamente.
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