Justicia y Cruz Roja cruzarán sus bases de datos de cadáveres y desaparecidos para buscar inmigrantes
La ruta canaria se cobró al menos 600 muertos el año pasado, según Naciones Unidas, sin que sus familias tengan noticias
La ruta canaria de la inmigración se cobró la vida de más de 600 personas el año pasado, según la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM). Otros organismos elevan esa cifra a más del doble. Cruz Roja, por ejemplo, calcula que entre el 5 y el 8 por ciento mueren en esa travesía. Con más de 23.000 inmigrantes llegados a las islas el año pasado, supondría entre 1.151 y 1.841 víctimas. Ni se conoce la cifra con certeza ni prácticamente existen mecanismos para identificar a los desaparecidos.
El Defensor del Pueblo pidió hace un mes sistemas para poner nombre a esos desaparecidos y la creación de una oficina de información y atención para los familiares. No es una respuesta a esa demanda, pero Justicia y Cruz Roja acaban de firmar un convenio (que hoy publica el BOE), cuyo objetivo es precisamente identificar los cuerpos que nadie sabe a quién pertenecen.
Lo que se hará es intercambiar datos de personas desaparecidas entre los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Instituto Nacional de Toxicología y el Servicio de Restablecimiento del Contacto Familiar de Cruz Roja Española para atender a los familiares que buscan a sus seres queridos «como consecuencia de procesos migratorios, catástrofes naturales, conflictos bélicos y disturbios internos, en razón del interés conjunto en la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de cadáveres a tal fin».
Los Institutos de Medicina Legal, dependientes de Justicia, compararán con sus bases de datos de cadáveres no identificados los datos de personas desaparecidas que facilite Cruz Roja Española. En caso de posible coincidencia, y en los términos que fije el juez, s e comunicará a la ONG para que facilite el contacto con los familiares y se les puedan hacer las pruebas necesarias: ADN y otras encaminadas a esa identificación.
Justicia se compromete a comunicarlo a las comunidades autónomas para que puedan adherirse a este convenio, aunque será el ministerio el que centralice la información y facilite el seguimiento de los casos, con las limitaciones propias del procedimiento judicial. En teoría la colaboración se extenderá a otros programas humanitarios, siempre que no conlleven coste económico para el ministerio.
Por su parte, Cruz Roja adquiere la obligación de compartir la información que reciba de búsquedas de desaparecidos (cuando exista consentimiento expreso de la parte), o cualquier otra relevante para la identificación con los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses que correspondan, «incluyendo datos relativos a sucesos de cadáveres no identificados que pudieran corresponder a migrantes desaparecidos».
Será la ONG la que mantenga la comunicación con las familias en los países de origen para informarles sobre el estado, evolución o resolución de estos casos. En caso de posibles coincidencias, siempre y cuando lo determine la autoridad judicial, Cruz Roja Española facilitará el contacto con los familiares para la realización de las pruebas pertinentes, si bien la toma, gestión y análisis de muestras no es competencia suya.
En el convenio se alude de forma clara al «actual y complejo contexto migratorio con la progresiva internacionalización y dispersión de las familias y los múltiples casos de personas desaparecidas en el transcurso de sus periplos migratorios». De ahí la necesidad de una respuesta con nuevas fórmulas de trabajo.
El Servicio de Restablecimiento del Contacto Familiar de Cruz Roja Española es quien recibe las peticiones de ayuda para buscar a esas personas y los Institutos de Medicina Legal los que acumulan cadáveres sin posibilidad de identificación, al no contar con referencias familiares que faciliten información para contrastar datos ante y post mortem. Se espera que lo que ahora son números empiecen a ser personas para poder dar respuesta a sus seres queridos.
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