Justicia defiende en Europa su reforma «suspendida» del CGPJ
Afirma que la carta del Greco no se ajustaba al pie de la iniciativa del PSOE y Unidas Podemos
El Ministerio de Justicia ha defendido ante el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa la reforma que planeaba del sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) alegando que, además de estar «suspendida», no preveía que el órgano fuese renovado por una mayoría simple y la alusión al respecto que hacía este organismo en su carta de advertencia a España «no se atiene al contenido del texto».
Justicia ha tenido que dar estas explicaciones a petición del GRECO en una reunión celebrada en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones y después de que este organismo advirtiese al Gobierno de España de que sus planes de reforma del modo de elección del CGPJ se alejaban de los estándares anticorrupción europeos.
Durante el punto del orden del día que versaba sobre los planes de España en este sentido, la delegada de Justicia ha explicado que el proyecto, ahora paralizado, pretendía elegir a los vocales por mayoría absoluta frente a la reforzada de tres quintos que rige en línea con el sentir de la Constitución y sólo si esta no se conseguía en primera vuelta.
«El Parlamento Español no ha considerado, ni está considerando, designar por una mera mayoría simple a los miembros de un órgano constitucional», ha trasladado la representación española.
Así, ha incidido en que «no implica, por tanto, un cambio estructural del modelo existente para la selección de los miembros del CGPJ» y que la mayoría absoluta en segunda votación «es la misma que el ordenamiento jurídico español requiere para aprobar las leyes más relevantes del Estado, incluidas las que regulan los derechos fundamentales y las libertades públicas, así como las que regulan el propio funcionamiento de los órganos constitucionales».
«Por tanto, la propia ley que regula el CGPJ exige esta misma mayoría para ser reformada», ha añadido la delegación española en la reunión.
En su misiva, conocida el pasado 21 de octubre pero fechada el día 14, el presidente del Greco, Marin Mrçela, advertía de que la proposición de ley «se aparta de las normas del Consejo de Europa» relativas a la composición de consejos judiciales y elección de sus miembros y «puede resultar una violación de los estándares anticorrupción» establecidos por la organización intergubernamental de la que forman parte 47 Estados europeos.
Lamentaba que la propuesta registrada por los dos partidos que sustentan al Gobierno de España fuese «reemplazar el requisito de una votación del Parlamento por mayoría cualificada de tres quintos por el de una mayoría simple». Y en este sentido, recordaba que los consejos judiciales «deben ser órganos independientes que busquen salvaguardar la independencia del Poder Judicial y de los jueces individuales», fundamental «para una lucha eficaz contra la corrupción».
Además, el presidente del Greco señalaba que, según los estándares diseñados por el Consejo de Europa, al menos la mitad de los miembros del Consejo deberían ser jueces elegidos por sus propios compañeros. «Las autoridades políticas no deben participar en ninguna etapa del proceso de selección del turno judicial», recalcaba el escrito.
Mrçla recordaba a España que «aún» no ha cumplido las recomendaciones emitidas por el Greco hace casi siete años, en la que se pedía una evaluación del marco legislativo que rige el Consejo del Poder Judicial y de «sus efectos sobre la independencia real y percibida de este organismo de cualquier influencia indebida».
