El jurado considera culpable de asesinato al hombre que acuchilló a su exnovia en su lugar de trabajo en Palma
La Fiscalía ha solicitado una pena total de 24 años y medio de prisión para el acusado, así como una indemnización económica global de 250.000 euros
La Audiencia Provincial de Baleares ha acogido este lunes un juicio por un crimen de violencia de género ocurrido en Palma hace dos años. Al final de la vista oral, el tribunal del jurado ha emitido un veredicto de culpabilidad para Rafael Pantoja, de 47 años de edad y nacionalidad española, acusado de asesinar a su expareja sentimental , Sacramento Roca, el 16 de noviembre de 2018, tras acuchillarla repetidamente con un machete. El homicidio se produjo en el lugar de trabajo de la víctima, que tenía 36 años y era también de nacionalidad española. La mujer había decidido romper la relación unas semanas antes del asesinato , hecho que el hombre no había aceptado.
Al inicio del juicio, el procesado ha reconocido esta mañana ante el tribunal que el día del crimen acudió a la tienda de muebles donde trabajaba Sacramento para «acabar con su vida» , si bien también ha indicado que no recordaba con exactitud cómo había sido el desarrollo de los hechos. «Todavía no puedo recordar los pensamientos que tenía entonces», ha dicho, para añadir: «No estaba en mis capacidades mentales adecuadas». Durante su declaración, ha pedido perdón a los allegados de la víctima. «Pido perdón a la familia y a todo aquel al que haya podido hacer daño con este acto tan cruel», ha afirmado. En ese contexto, ha recalcado a continuación: «Me arrepentiré toda mi vida».
Los miembros del jurado consideran al acusado autor de un delito de asesinato con las agravantes de parentesco y género, ya que entienden que mató a Sacramento porque ella no quería volver a estar con él . El tribunal también considera al encausado culpable de amenazar al hombre que le siguió para intentar retenerle una vez cometido el crimen. El jurado no se ha mostrado favorable al indulto. Tras la lectura del veredicto, la Fiscalía ha solicitado una pena de 24 años de prisión para el acusado, por el delito de asesinato, con las agravantes de parentesco y de género, así como seis meses más por un delito de amenazas. El procesado, de acuerdo con su abogada, se ha mostrado conforme con esa petición. Inicialmente, el Ministerio Público pedía un total de 27 años de cárcel. El magistrado dictará la sentencia en los próximos días.
Desarrollo de los hechos
Como se ha indicado ya, el asesinato de Sacramento se produjo el 16 de noviembre de 2018, en la calle Aragón de Palma, en el interior de la tienda de muebles y electrodomésticos en la que desde hacía 15 años t rabajaba la joven como cajera . Aquel día, su exnovio se acercó hasta ella con la excusa de entregarle una fotografía que supuestamente se había dejado olvidada en la casa que ambos compartieron durante unos meses. La mujer le pidió entonces que por favor se marchara de la tienda, pero él no lo hizo. El hombre llevaba escondido un machete, que la víctima no había visto. Unos instantes después, cuando ella se dio la vuelta para seguir atendiendo a los clientes, él sacó el arma homicida y sin mediar palabra asestó varias puñaladas a Sacramento, entre ellas una en el corazón y otra en el pulmón, que resultaron mortales.
El agresor huyó enseguida de la tienda , pero fue perseguido inicialmente por un testigo del suceso, que gritaba pidiendo ayuda. De inmediato se sumaron a la persecución un policía local del municipio de Llucmajor fuera de servicio y un vigilante de seguridad. Este último conocía al presunto homicida, quien había trabajado también como vigilante de seguridad en distintos lugares. Acabada la persecución, el mencionado policía local consiguió retener al sospechoso, que poco después fue arrestado por agentes de la Policía Nacional. Paralelamente, mientras ello sucedía, la víctima fue asistida rápidamente por parte de los efectivos sanitarios que se desplazaron de inmediato hasta el lugar del suceso, pero finalmente no pudieron hacer ya nada por salvar la vida de la joven, debido a las gravísimas heridas que había sufrido.
El presunto asesino se autolesionó ese mismo día por la noche en la celda en la que estaba recluido, golpeando su cabeza contra la pared. Poco después, fue trasladado al Hospital de Son Espases de Palma, en donde quedó ingresado. Finalmente, el hombre recibió el alta médica unos días después y pasó a disposición judicial. El juez decretó entonces el inmediato ingreso en prisión provisional sin fianza del detenido, en donde ha permanecido desde el 19 de noviembre de 2018.
Una denuncia previa
Sacramento había presentado una denuncia contra su exnovio cuatro días antes del crimen que acabó con su vida, el 12 de noviembre de 2018, al sentirse acosada. La relación entre ambos había durado unos doce meses, desde octubre de 2017 hasta octubre del año siguiente. A partir de ese momento, la joven había sufrido varios episodios de acoso, como por ejemplo llamadas telefónicas continuas. Asimismo, alguien había colocado carteles en la vía pública con el número de teléfono de la mujer —en los que se decía que se ofrecía sexo— y alguien había pinchado además las ruedas de su coche. Al presentar la citada denuncia, atribuyó ambos actos a su expareja.
Las compañeras de trabajo de Sacramento coincidieron en destacar en aquellas trágicas fechas ante los medios su carácter afable, su bondad y su disposición a ayudar siempre a quien lo necesitase. El citado crimen causó entonces una gran conmoción, no sólo entre los allegados de la joven, sino también en toda la sociedad mallorquina y en los representantes de las distintas instituciones. Las declaraciones y las concentraciones de condena se sucedieron durante aquellos días sin descanso.
La víctima era madre de dos hijas. Precisamente, la Fiscalía ha pedido en el juicio celebrado este lunes una indemnización de 100.000 euros para cada hija de Sacramento, así como 50.000 euros para sus padres. Además, la Abogacía de la Comunidad se ha adherido íntegramente a la petición del Ministerio Público. Por su parte, las acusaciones particulares discrepan de la Fiscalía por lo que respecta a la posible indemnización global a percibir. Así, dichas acusaciones piden 150.000 euros para cada una de las dos hijas, mientras que para los padres solicitan 70.000 euros.
