Juicio del «procés», últimas noticias en directo | Abogacía del Estado: «El 1-O se dan todos los elementos del delito de sedición»
Las acusaciones presentan hoy sus conclusiones finales tras casi cuatro meses de juicio
18.57
El presidente de la sala da por concluida la sesión y anuncia la reanudación del juicio el próximo martes, día 11 de junio, a las 9.30.
18.53
El magistrado Marchena rechaza la petición de la defensa de Cuixart porque «la Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox se han ceñido al tiempo concedido». «Esto no se debería haber planteado ahora, sino antes». Marchena recuerda que los tiempos fueron pactados antes de comenzar el juicio.
18.51
La abogada de Jordi Cuixart pide al tribunal que este deje más tiempo del inicialmente fijado para responder a los alegatos de las acusaciones.
18.48
Finzaliza su intervención el abogado de la acusación particular Ortega Smith: «La organización criminal ha sido desarticulada (...) Esta acusación popular confía en esta sala, como la inmensa mayoría de los españoles, en que habrá justicia. No podrá haber justicia si no se dicta una sentencia acorde con los mayores delitos que pueden cometerse en un ordenamiento constitucional. Esas penas tendrán que cumplir la finalidad del castigo, pero también la finalidad disuasoria para que nunca nadie más se atrava a atentar contra el ordenamiento constitucional».
18.44
«Este proceso fue iniciado en febrero de 2017 por esta acusación popular con querellas ante el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. No ha llegado aquí por casualidad. Todo el material probatorio no está por el azar (...). Está aquí por la profesionalidad y la valentía de personas que hoy tristemente no están entre nosotros», afirma Ortega Smith.
18.38
El letrado de Vox continúa hablando del «reparto de funciones» como el cuarto elemento del delito de organización criminal.
18.34
Ortega Smith analiza la estrategia llevada a cabo por los líderes independentistas: «Estamos ante una organización heterogénea y compleja, con un objetivo de secesión. Una estrategia legal. Una supuesta legimitdad basada en un referéndum (...) Y otra una estrategia orgánica. La creacion real de estructuras de estado. Ha quedado acreditado que los Mossos pasarían a formar parte de una fuerza de interior al servicio de la organización criminal, tal y como quedó acreditado el 1-0». La «actuación coordinada» sería el tercer elemento del delito de organización criminal según la acusación particular.
18.30
El número dos de Vox analiza los factores a tener en cuenta en el delito de organización criminal. «El primero es que haya un mínimo de dos personas, lo que en este caso se supera en gran número (...). El segundo es que la organización tenga un carácter permanente o estable».
18.27
Toma la palabra Javier Ortega Smith para argumentar por qué los acusados deben ser condeandos por el delito de organización criminal.
18.25
El letrado de Vox afirma que «sin el apoyo de miembros del poder legislativo y ejecutivo ni Sánchez ni Cuixart habrían podido cometer por sí solos el delito de rebelión».
18.20
Fernández enumera los episodios violentos vividos en la jornada del 1-0: «Los cortes de carreteras, las barricadas humanas,la resistencia a los agentes de la autoridad, el asedio a los hoteles donde se encontraban los agentes [...]». «Esto es una expresión clara y plural de esa violencia. Fueron la culminación de un proceso en el que se emplearon los llamamientos a la resistencia activa como una herramienta fundamental», asevera.
18.16
«El proceso de tensión creciente entre el poder autonómico y el Tribunal Constitucional se trasladó a la relación entre los ciudadanos de Cataluña. Lo hicieron aprovechando su posición de cargo público», asegura Fernández.
18.14
Fernández recuerda las distintas resoluciones del Tribunal Constitucional no atentidas por los líderes independentistas.
18.11
«Los acusados pretendieron culminar el más novedoso proceso golpista que se ha llevado a cabo contra el Estado de Derecho en una sociedad moderna», ha señalado Fernández.
18.10
Los abogados de Vox se han adherido a los informes de la Fiscalía y la Abogacía del Estado en aquello que coincide con sus escritos.
18.06
Se reanuda la sesión con la acusación particular de Vox. «Esta acusación popular va a plantear su informe en dos bloques diferenciados. Uno en aquellas acciones que incurren en el delito de rebelión y otro que expondrá mi compañero sobre el delito de organización criminal».
17.40
Finaliza la exposición de la Abogacía del Estado. La Sala ordena un receso hasta las 18.00 horas, cuando será el turno de la acusación particular de Vox.
17.39
«Por todo ello, esta representación considera que quedan acreditados todos y cada uno de los elementos objetivos y subjetivos integrantes del delito de sedición respecto de los acusados. Igualmente, del delito de desobediencia [...] concurren y resultan probados documentalmente todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo», dice Seoane, que concluye que los requerimientos impedían cualquier trámite de realización del referéndum, cosa que incumplieron de forma colegiada. «También lo es el delito de malversación, teniendo en cuenta que son importes acreditados pero en cualquier caso mínimos, porque esa malversación, que se ha producido de forma continuada, no ha sido por estos conceptos, sino por una adscripción de todos los recursos materiales y humanos de la Generalitat».
17.31
«La voluntad de todos ellos [salvo la de los acusados por desobediencia] era la consecución de esas finalidades con los medios empleados. [...] Cada uno dentro de sus ámbitos aportó lo necesario. Forcadell fue fundamental para dar apariencia de legalidad», argumenta Seone.
17.26
«Para que un alzamiento público tenga violencia tienen que concurrir dos requisitos: que la violencia o amenaza de utilizarla hayan sido vistos como un elemento nuclear del mismo o que aparezcan como idóneas para obtener dicho resultado», defiende la abogada del Estado.
17.23
La diferencia entre el delito de sedición y de rebelión reside en «los medios empleados para la perpetración del delito. [...] En el de sedición se exige un alzamiento público al igual que en el de rebelión pero tumultuario», añade Seoane.
17.18
El 1-O se vieron «manifestaciones de la utilización de la fuerza como de tratar de impedir cualquier de las finalidades fuera de las vías legales», confirma Seoane. La resistencia «fue pasiva, en algunas ocasiones activa» y «nos encontramos un buen número de centros en los que no habiendo intervenciones policiales y habiendo solo presencia mínima de Mossos d'Esquadra, ante los intentos de los binomios de mossos lo que se encontraban era una oposición por parte de los allí concentraods que impedían el acceso», continúa Seoane. «Se dan todos los elementos del delito de sedición en la forma de proceder el 1 de octubre», sostiene.
17.14
«Alzamiento, según sentencia del TS de 1980 [...] ha de entenderse como un levantamiento u oposición contra los poderes públicos. Este alzamiento ha de ser público, notorio, y tumultuario, entendiéndose por tumultuario que sea anárquico», algo que Seoane relaciona con lo ocurrido el 1 de octubre: «Un movimiento reactivo, de carácter generalizado, masivo y desde luego público. Es algo notorio y evidente el alzamiento y la oposición que se produjo por parte de más de dos millones de personas el 1 de octubre». «Se produjeron concentraciones masivas en los colegios que estaban organizadas», insiste la abogada del Estado.
17.02
«La sombra del 9-N sobrevolaba sobre los miembros del Govern y era una necesidad eludir esa responsabilidad», asegura Seoane.
16.53
«En el documento hallado en el despacho de Jové también se hace referencia a la clave de la movilización para el éxito frente al Estado, así como para que los Comunes y otros actores no se puedan descolgar», asegura Seoane.
16.46
Seoane afirma, sobre la campaña «Civisme» y otra para la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que «la estructura y contenido de estas campañas eran singularmente parecidos, solo se diferenciaban los medios en los que se iban a insertar». Además, se iban a emitir con cargo al acuerdo marco de inserción publicitaria de la Generalitat con la CCMA.
16.39
Rosa María Seoane está realizando un relato cronológico a través de la información que incluía la agenda incautada a Josep María Jové. En abril de 2017, por ejemplo, se incluye «la licitación de acuerdos marco para contratación de material electoral» como urnas.
16.24
«La decisión de no someter a admisión a trámite la proposición de ley del 31 de julio dependió exclusivamente de quien tenía la potestad para ello, la presidenta de la Mesa del Parlament, Carme Forcadell», asegura Seoane, que añade que de esta forma la acusada pudo «retener» la tramitación de esa ley hasta el 6 de septiembre de 2017. Así se evitaba también la suspensión de la ley por parte del Tribunal Constitucional.
16.19
Seoane, que está haciendo un repaso a todo el entramado legislativo que ha rodeado al 1-O, recuerda que se tumbaron los presupuestos de la Generalitat porque una disposición adicional «incluía una previsión de gasto para el referéndum».
16.12
Sobre la hoja de ruta conjunta de 2015, Seoane asegura que «se convirtió en programa político y fue, tras las elecciones de septiembre de 2015, el guion que siguió el Gobierno durante esa legislatura».
16.10
«Las limitaciones impuestas en la práctica de la prueba, como la falta de contraste, [...] han sido aplicada con rigor a las partes y en ningún caso han causado indefensión», asegura Seoane. «Ninguna indefensión material se les ha causado a las partes», insiste.
16.08
La abogada del Estado recuerda que, al comenzar el juicio, manifestó que «nos encontrábamos ante un ejercicio de máximas garantías. Nos reafirmamos en lo dicho en aquel momento».
16.06
Se reanuda la sesión con la intervención de Rosa María Seoane, abogada del Estado, que comienza confirmando la petición de penas del escrito provisional.
14.13
Manuel Marchena, presidente del tribunal, suspende la sesión hasta las 16.00 horas.
14.10
Concluye el fiscal Fidel Cadena: «Solo se restaura la eficacia normativa del bien objeto de entredicho cuando se aplica sobre ese tipo penal la correspondiente sanción penal. [...] El artículo 36.2 [que pide que los acusados no se beneficien del tercer grado hasta que cumplan la mitad de la pena] es invocado con pleno conocimiento. [...] El Ministerio Fiscal solo solicita de este tribunal que se dicte una sentencia de acuerdo con lo que en nuestra opinión ha quedado probado, un delito de extraordinaria gravedad».
13.58
Fidel Cadena desciende al rol de los Mossos para denunciar que en el «procés» se invirtió la posesión de la «fuerza legítima» que corresponde al Estado. Según el fiscal, que exculpa a la mayoría de «encomiables» agentes autonómicos, la pasividad de los Mossos es «la instrumentalización de un cuerpo armado al servicio de la rebelión». La utilización de los Mossos, por tanto, dio la vuelta a la realidad: el monopolio de esa fuerza legítima que le corresponde al Estado Constitucional se puso al servicio de aquellos que trataron de liquidarlo ilegalmente. Informa Luis P. Arechederra .
13.56
«El 27 de octubre se consuma la proclamación de independencia, ni más ni menos. La Constitución ha sido derogada en Cataluña, en una parte del Estado español», afirma el fiscal Cadena.
13.53
«Cuando se invade el uso del poder inherente de la fuerza [...] la pasividad de los mossos no es irrelevante. Ha sido organizada por el poder político» y eso supone «planificación» y «disposición del cuerpo armado en favor de la rebelión». «Se ha invertido la pirámide», sostiene Cadena.
13.50
«La utilización de los mossos es fundamental. El uso de la fuerza es monopolio del Estado y su utilización solo es posible en el marco de las leyes», dice Cadena.
13.39
Cadena sostiene que, por los argumentos dados por las defensas para desechar que en Cataluña hubiera una rebelión, el propio 23-F no habría sido un golpe de Estado porque «la existencia de la violencia física queda limitada a unas zancadillas». Insiste, por lo tanto, en el papel crucial que juega la intimidación.
13.35
El fiscal Fidel Cadena se encarga de la última parte del alegato con los argumentos técnicos con los que convencer a los jueces de que el «procés» fue una rebelión. Explica que el delito no exige que haya violencia física ni una «hostilidad abierta» ni un alzamiento militar. «Esta es una rebelión distinta en la que el poder público ya se ostenta» y la violencia se deja para responder a la reacción del Estado ante los pasos adelante del plan ilegal. Añade además que intervienen todos los actores en el delito, desde los tres pilares del «procés»: parlamentario, gubernativo y asociativo. «La Constitución ha sido horadada, vejada y humillada». Informa Luis P. Arechederra .
13.33
El fiscal Cadena continúa explicando la diferencia entre la sedición y la rebelión, insistiendo en que lo ocurrido entre septiembre y octubre de 2017 en Cataluña era lo segundo: «No está en riesgo la seguridad, sino la esencia misma del Estado de Derecho».
13.28
«Es evidente que estamos en el ámbito del orden constitucional, no del orden público. No se puede calificar esto como sedición», sostiene el fiscal Cadena.
13.24
A lo largo de dos años, «desde el 9 de noviembre de 2015 se suceden actuaciones esenciales [...] en la consecución de esta rebelión». Señala a la Mesa del Parlament, presidida por Carme Forcadell, por ser un pilar esencial en esta estrategia.
13.22
«Lo que no es violento se puede tornar en belicoso y violento tan pronto como se ofrezca esa resistencia», indica el fiscal Cadena.
13.18
Según el fiscal Fidel Cadena, que ha tomado el relevo a Consuelo Madrigal, son autores del delito de rebelión «los que se alzan pública y violentamente con esa finalidad».
13.13
«Solo la sumisión de los poderes públicos al control del gasto y al principio de legalidad del gasto permite a todos los ciudadanos ejercer su derecho de control del ejercicio del poder» recogido en la Constitución «que estos acusados han pisoteado», afirma Madrigal. «Un execrable ataque a la esencia del Estado democrático y de Derecho que la monarquía parlamentaria española, la democracia española», concluye Madrigal.
13.10
«El desvío ilegítimo de fondos públicos multiplica cuantitativa y cualitativamente la entidad de la rebelión, multiplica cuantitativamente la tenacidad del delito. Cuantitativo, porque implica recabar financiación, [...] pero es más grave también desde el punto de vista cualitativo, porque el ejercicio fuera de control del gasto público vulnera en sí mismo el orden constitucional», apunta Consuelo Madrigal.
12.59
«Estamos ante un desvío de fondos que en su totalidad puede llegar a los tres millones de euros», dice Madrigal, pero que podría ir a más si se tiene en cuenta «el desvío de los recursos públicos, personales, tecnológicos, de organización y gestión» de la Generalitat «relativos a la creación de páginas webs, de herramientas informáticas, porque estos servicios se prestaron por la Administración pero tienen un coste».
12.56
Que los locales públicos se cedieran gratuitamente para el referéndum del 1-O «no implica que le salga gratis a la Administración», señala Madrigal. «Es un gasto para todos los contribuyentes. Los que sostienen que los servicios públicos no cuestan son quienes por lo general están más dispuestos a adueñarse de ellos, a usarlos, a apartarlos de su legítimo uso e inversión, que es justamente lo que integra el delito de malversación», continúa la fiscal.
12.49
«La eventual anulación de los contratos no eximiría a la Administración de indemnizar a los contratistas que han actuado en su beneficio», afirma la fiscal Madrigal.
12.47
Madrigal recuerda que, para el envío de notificaciones a los ciudadanos que debían formar parte de las mesas electorales del 1-O, la Generalitat hizo un encargo a Unipost y se emitieron facturas por valor de «192.000 euros a cada una de las consejerías». «Fueron anuladas pero volvieron a emitirse bajo la leyenda proforma», añade.
12.40
«El procés fue un golpe de Estado y Junqueras su motor» : El Ministerio Público considera que los acusados incitaron la violencia para intentar «liquidar» la Constitución española. La crónica de Luis P. Arechederra y Nati Villanueva sobre las conclusiones expuestas en el Tribunal Supremo por los fiscales Zaragoza y Moreno.
12.32
Madrigal desmonta ahora el papel de los «observadores internacionales» camuflados como «científicos»: «La imprecisión con la que [Helena Catt, jefa del equipo] aludía a sus tareas [...] desmiente la existencia de un trabajo científico. Si se pagaron 114.000 euros en concepto de honorarios y 62.000 en alojamiento y viajes fue para dar la falsa apariencia de una observación objetiva de esta consulta ilegal».
12.27
«La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales [CCMA, ente en el que se incluye a TV3], creada con la finalidad de emitir contenidos audiovisuales en defensa de la lengua catalana, emite publicidad política con sujeción a tarifa [...] y emitió sus facturas con la tarifa más alta», apunta Consuelo Madrigal. «Hubo un coste que hemos asumido en última instancia todos los contribuyentes aunque el Departamento de Presidencia no lo quiera asumir», subraya.
12.22
Madrigal habla ahora de la campaña «Civisme», que «bajo el disfraz de valores cívicos, solidaridad y cultura de la paz, en realidad se ciñó al anuncio de las vías del tren que se bifurcan el 1 de octubre». Además, apunta que Turull «batió records» al lograr financiarla en solo tres días.
12.19
La fiscal asegura que una factura negativa «tiene unos efectos tributarios». «La normativa tributaria permite a los contratistas que ven difícil el cobro emitir una factura negativa para recuperar el IVA. Esto no significa renuncia al cobro», señala Madrigal.
12.15
Madrigal asegura que los miembros del Govern ignoraron las resoluciones judiciales que les fueron notificadas de forma personal y con «unas advertencias muy precisas». «Aprobaron por unanimidad el decreto de convocatoria de esa consulta y suscribieron de forma colegiada y conjunta la contratación y el gasto necesario para articular ese referéndum con éxito», añade.
12.12
Se reanuda el juicio del «procés». Marchena da la palabra a la fiscal Consuelo Madrigal, que se centrará en los delitos de malversación.
12.08
El fiscal Jaime Moreno ha sido el encargado de presentar el segundo bloque de argumentos de la Fiscalía para demostrar que hubo violencia en el «procés». «Todos ellos eran conscientes de que era seguro que habría enfrentamientos», aseguró en su exposición, dedicada a demostrar que se ejerció la violencia «necesaria, ni más ni menos». Informa Servimedia.
11.39
Receso. La sesión se reanudará a las 12.05 horas.
11.38
«Ha sido probado que hubo violencia, fue lo suficiente para los objetivos que se habían trazado, sin violencia física no hubiera sido posible cruzar caminos necesarios en esa hoja de ruta, los acusados sabían que esto comportaría enfrentamientos y los admitieron antes de abortar la vía unilateral y además llamaron a la ciudadanía a enfrentarse», finaliza Moreno.
11.33
Manuel Marchena, presidente del Tribunal, recuerda al fiscal Moreno que le quedan 10 minutos para finalizar su intervención. Moreno está detallando, uno a uno, los motivos por los que se sostienen las acusaciones. De Forcadell dice que fue requerida siete veces por el TC y la define como el «bastión de la Mesa» del Parlament para desarrollar toda la normativa independentista. De Sànchez y Cuixart, que «sus alocuciones el 20 de septiembre son claras».
11.18
Los miembros del Govern sentados en el banquillo «habían convertido en ley su propia voluntad», afirma tajantemente el fiscal Jaime Moreno.
11.07
«La violencia sirvió para transitar, para cruzar determinados peldaños de la hoja de ruta. A diferencia de lo que ocurrió el 9-N, en esta ocasión el Estado intervino, fundamentalmente a través del poder judicial», dice Moreno.
11.04
El fiscal Jaime Moreno toma el relevo de Javier Zaragoza y se adentra en una cuestión nuclear en el juicio. ¿Hubo violencia, fue suficiente para colmar el delito de rebelión, se les puede atribuir a los acusados? Con una brillante argumentación, Moreno defiende que sí. «Hubo violencia en las cosas (daños en vehículos el 20-S, lanzamiento de piedras, golpes...), hubo intimidación en los colegios del 1-O; y hubo violencia física», como prueban los 93 agentes lesionados en el referéndum ilegal y los 1.000 votantes heridos leves. Los acusados son culpables de todos los enfrentamientos porque ellos crearon el riesgo, al convocar los hechos del «proces» y alentar a la gente a acudir a los centros de votación. Para el fiscal, la violencia fue suficiente y se plasmó en tres momentos: en el 1-O, para evitar la investigación contra la preparación del referéndum en las semanas previas y para hostigar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lamenta con pasión que secretarios judiciales pidieran salir encapuchados de algunos registros o tuvieran que salir por un tejado. «No fue necesaria más violencia, pero tampoco menos, y no fue desdeñable», concluye Moreno. Informa Luis P. Arechederra .
10.57
«La protesta podían haberla hecho de cualquier otra menera, en cualquier otro momento, respetando incluso los plazos que establece la ley de manifestaciones. No se cumplió», dice Zaragoza sobre las concentraciones frente a los registros policiales. «Era un acto de obstaculización de manera violenta a esa acción judicial que llegaba al corazón de la organización», afirma Moreno.
10.50
Moreno sostiene que entre septiembre y octubre de 2017 hubo violencia e intimidación en Cataluña y recuerda las agresiones que sufrieron los agentes policiales. «En la medida en la que se conocían esos enfrentamientos, no solo no desconvocar sino alentar a la población a acudir a los lugares para producir ese enfrentamiento con las fuerzas [...] suponía que quien crea ese riesgo es al que le es imputable el enfrentamiento producido».
10.45
Para Moreno, la clave no es «si votar es o no delito», sino que «la idea es más sencilla: la democracia no es posible sin un respeto escrupuloso a la norma, a la ley».
10.43
Sobre la idea de que votar no es delito, Moreno señala que «no existe un derecho indiscriminado a votar, sino que el derecho a voto tiene unos cauces y unos límites».
10.42
«El uso de la fuerza por parte de los agentes resultaba no solo legítimo sino legal y absolutamente necesario, era la forma de dar cumplimiento a una orden de la autoridad judicial», señala el fiscal Jaime Moreno, que toma el relevo a Javier Zaragoza.
10.40
«No les pido que renuncien a sus convicciones y sus ideales, tienen todo el derecho, esto es una democracia, los pueden defender y debatir. Pero no los pueden imponer por cauces antidemocráticos, utilizando métodos ilegales y utilizando la violencia en determinados momentos. Pero les pido que respeten las leyes, la convivencia y los derechos de los demás», concluye Javier Zaragoza.
10.36
«Sànchez y Cuixart eran los dueños del orden público en Barcelona», dice el fiscal Zaragoza. «Había un estado de excepción de facto porque lo excepcional era que se convocara una manifestación para parar a la Guardia Civil y evitar una acción judicial», añade Zaragoza. «Lo anormal y excepcional es que dos señores se convirtieran en dueños del orden público en Barcelona», insiste.
10.32
La existencia de una estrategia concertada entre los líderes del plan secesionista ilegal se demuestra, según Zaragoza, por la existencia de seis documentos que preveían todos los pasos que dio el «procés». Ha citado el Libro Blanco para la Transición Nacional, la hoja de ruta del plan secesionista, la propuesta de acuerdo para la independencia de Junts pel Sí tras las elecciones de 2015, el documento Enfocats, la hoja de ruta de la ANC para 2016 y 2017, y la agenda Moleskine. «Todos los hechos, como si fuera la crónica de una rebelión anunciada, los han conocido todos los españoles a través de la televisión», ha expresado. Informa Luis P. Arechederra .
10.29
«La prefectura de Mossos d'Esquadra desarrolló un plan de actuación con dos objetivos: simular que se acataba la resolución judicial [...] y facilitar el desarrollo del 1 de octubre», continúa Zaragoza. Los Mossos d'Esquadras dependían de la Consejería de Interior que comandaba Forn.
10.25
De Joaquim Forn, Zaragoza asegura que «en tres meses recibió cinco avisos del Tribunal Constitucional». «Si no se le notificó personalmente es porque eludió esta notificación, pero sabía perfectamente [...] que era una actitud delictiva desde el principio hasta el final», añade.
10.21
«Es un partícipe cualificado del sanedrín del "procés" que pilotaba este plan», continúa Zaragoza sobre Junqueras.
10.20
«El procesado Junqueras fue advertido por el Tribunal Constitucional hasta en ocho ocasiones», recuerda Zaragoza, que lo señala como el motor principal de la rebelión.
10.17
Para el fiscal Zaragoza, la columna vertebral del «procés» tuvo tres pilares: el parlamentario, el Ejecutivo y el de las asociaciones civiles. El Parlamento, con Carme Forcadell a la cabeza, creó «la cobertura necesaria para dar validez al "procés». El Ejecutivo desarrolló los decretos y las normas y empleó a los Mossos d'Esquadra para sus propios fines y las asociaciones civiles son las «armas imprescindibles para desarrollar todo este proceso» mediante la movilización popular.
10.13
El fiscal acude al prestigioso jurista Hans Kelsen para calificar el «procés» de golpe de Estado. «Lo que sucedió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017 fue un golpe de Estado, la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales». Zaragoza recuerda que el Estado tuvo que aplicar «un mecanismo excepcional», el artículo 155 de la Constitución, para revertir la situación. También insiste en la utilización de la violencia por los acusados para lograr sus fines ilegales, una violencia que no tiene que ser grave ni armada para que haya delito de rebelión, atribuido a nueve de los doce acusados, alega. «No hacen falta armas ni militares», concluye. Informa Luis P. Arechederra .
10.08
«Hubo que utilizar el artículo 155, [...] lo que demuestra que era una ataque contra el orden constitucional, no contra el orden público. Por eso no puede ser una sedición», afirma Zaragoza. «El carácter violento del alzamiento no implica que sean necesarias la violencia grave o la utilización de armas, ni mucho menos que sea necesaria la declaración del estado de sitio», continúa.
10.05
Mediante el «procés», Cataluña «se alzaba contra el Estado [...] con el apoyo de la voluntad popular y el auxilio de los Mossos d'Esquadra», señala el fiscal Javier Zaragoza.
10.03
Zaragoza asegura que hubo violencia entre septiembre y octubre de 2017 en Cataluña, pero que «parece que, según el contexto en el que se produzca, [...] esto engloba un nuevo concepto, el de violencia pacífica, cosa que no es sostenible».
10.00
El fiscal Zaragoza dice que, escuchando las declaraciones de los acusados, «uno tiene la sensación de que el "procés", este plan que utilizando la violencia en los momentos necesarios perseguía declarar la independencia, [...] era una ficción o un mal sueño porque nadie ha querido asumir responsabilidades».
09.56
El fiscal Javier Zaragoza ha inaugurado el alegato del Ministerio Público, que se dividirá en cuatro bloques y durará toda la mañana. Zaragoza ha arrancado con fuerza y ha delimitado ya lo que está en juego en este juicio contra los líderes del «procés». «No están siendo juzgados porque se criminalice la disidencia política, no se persiguen ideas políticas. La razón por la que están siendo juzgados es haber intentado liquidar la Constitución española de 1978, el instrumento básico de nuestra convivencia, mediante procedimientos ilegales, vías de hecho, elementos coactivos y utilizando la violencia en aquellos momentos que ha sido necesaria». El fiscal ha destacado la apertura de la democracia española y ha asegurado que la única «violación de derechos civiles que se está produciendo en Cataluña es la que están sufriendo estoicamente aquellos que defienden la Constitución». Informa Luis P. Arechederra .
09.54
«No son presos políticos», dice Zaragoza de los doce acusados. «Tampoco hay detenciones arbitrarias», continúa. «Se les ha investigado por haber quebrantado las leyes democráticas básicas de nuestra convivencia, romper el orden constitucional, desobedecer al Tribunal Constitucional, obstaculizar las actuaciones judiciales o destinar fondos públicos para financiar actividades ilícitas. Este es el objeto del juicio», afirma Zaragoza.
09.49
«No se criminaliza el voto, se persigue incumplir y desobedecer reiteradamente las resoluciones judiciales, incluidas aquellas que prohíben un referéndum ilegal, algo que siempre ha sido delito en todos los códigos penales de todas las épocas», continúa Zaragoza de forma tajante.
09.48
«En el Estado de Derecho, la ley es la expresión de la voluntad popular», dice Zaragoza. «La Constitución es el elemento esencial que garantiza una convivencia pacífica que garantiza los derechos y libertades de todos».
09.47
«La Democracia española no es militante, y ellos lo saben. [...] A diferencia de otros países, en España no se criminaliza a quienes defienden proyectos políticos contrarios a los principios básicos de nuestra legalidad constitucional, que permite plantear y debatir proyectos de reforma constitucional hasta sus principios más fundamentales», señala Zaragoza. «Pero lo que no es admisible es que se defiendan a través de actividades que vulneren los principios democráticos», subraya.
09.44
«No existe un derecho de secesión», dice Zaragoza. «La única violación de derechos civiles que en estos momentos se está produciendo en Cataluña [...] es la que están sufriendo y padeciendo estoicamente aquellos que defienden la Constitución», continúa.
09.42
«La razón por la que están siendo juzgados no tiene nada que ver con la disidencia política», dice el fiscal Javier Zaragoza, que subraya que «no se persiguen ideas políticas». Los doce acusados están en el banquillo por «liquidar la Constitución de 1978», «haber atacado el orden constitucional [...] utilizando la violencia en aquellos momentos en los que ha sido necesaria, todo ello al amparo de un supuesto derecho de autodeterminación que carece de apoyo normativo nacional e internacional».
09.40
Las conclusiones finales de las defensas se expondrán la semana que viene, entre el martes y el miércoles. Los abogados tendrán una hora por cada acusado y, posteriormente, cada uno de ellos tendrán 15 minutos para el turno de última palabra.
09.38
Se reanuda el juicio . Manuel Marchena, presidente del Tribunal, explica cómo será la sesión de hoy. La Fiscalía tendrá toda la mañana para exponer sus conclusiones, mientras que la Abogacía del Estado y la acusación popular de Vox podrán hacerlo por la tarde.
09.20
El juicio del «procés» se reanudará en 10 minutos, a las 9.30 horas.
09.12
A los aproximadamente 80 incidentes con enfrentamientos y hostilidades frente a Policía y Guardia Civil que se produjeron en los diferentes centros de votación en la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre, el Ministerio Público suma en su escrito definitivo de acusación otros 47 actos de acoso en cuarteles de la Guardia Civil, 23 actos similares en comisarías de Policía y edificios públicos del Estado, 11 en alojamientos y hoteles de funcionarios policiales, 47 ataques a sedes del PSC, y los graves incidentes que se produjeron los días 19 y 20 de septiembre, según reza el documento de conclusiones definitivas ya presentado ante la Sala que se expondrá hoy. Informa EP.
09.07
En su escrito definitivo, entregado la semana pasada, la Fiscalía ya avanza que puede probarse que esta situación de insurrección comprende al periodo que va entre el 20 de septiembre de 2017 —con la protestas contra los registros en organismos de la Generalitat que ordenó un juez de Barcelona para abortar los preparativos del referéndum— y la jornada del 27 de octubre, fecha de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Informa EP.
09.00
Los cuatro fiscales que llevan la acusación en la causa del «procés» independentista en el Tribunal Supremo expondrán este martes su informe de conclusiones definitivas, en el que apuntarán las pruebas que a su juicio son claves para acreditar que hubo una «situación claramente insureccional» y una instrumentación de la violencia que justifica las condenas que solicitan para los doce acusados, que en caso del exvicepresident de Cataluña y actual diputado suspendido Oriol Junqueras asciende a 25 años de condena por rebelión y malversación de fondos públicos. Informa EP.
