Juicio del «procés» en directo | «Hubo un clima de tensión claramente insurreccional» a partir del 20-S
El juicio del «procés» vive ya su séptima semana de sesiones
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17.55
Se suspende la sesión . El juicio se reanudará mañana a las 10.00 horas.
17.54
Finaliza la declaración del teniente coronel de la Guardia Civil.
17.52
El abogado de Dolors Bassa pregunta si su defendida, que era la Consejera de Trabajo y Asuntos Sociales, el departamento encargado de las «cridas» de voluntarios, dio instrucciones para que se activara este sistema de llamamiento. El teniente coronel lo niega.
17.46
La abogada de Cuixart pregunta por qué se registró la sede de Òmnium meses después de intervenir los correos electrónicos de su defendido: «Porque existen indicios en la investigación de que puede haber pruebas e indicios de delito en esta sede. Se solicita al juez y nos la concede», responde. De los delitos que motivaron el registro, menciona el de malversación.
17.40
Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart, pregunta al testigo si las protestas del 2 de octubre frente a las casas cuartel de la Guardia Civil «son en protesta por la actuación policial del 1 de octubre». «No lo sé», responde el testigo. «La Guardia Civil el 1 de octubre cumplió el mandato judicial», concluye.
17.34
«Nosotros no investigábamos cargos políticos, investigábamos a personas», responde a Jordi Pina el teniente coronel de la Guardia Civil. Añade que Jordi Turull «tenía algún tipo de relación con el proceso y por eso lo incluimos en la investigación».
17.31
«Vamos hacia unos caminos que no tienen ninguna salida. Usted le está preguntando [al testigo] por qué no suscitó ante la jueza de instrucción que había aforados, que podía haber un problema competencial», ha interrumpido Manuel Marchena a Jordi Pina. «Normalmente, el teniente coronel de la Guardia Civil no suscita cuestiones de competencia».
17.19
Pina pregunta por las detenciones del 20-S y quién las decidió, algo que el testigo ya declaró esta mañana: «Como jefe de instrucción propongo al juez una serie de detenciones, el juez me las acepta unos días antes y se hacen conforme ordena el juez». El abogado de Turull pregunta si el auto solo decía que se detuviera a aquellas personas que «obstaculizaran o impidieran las órdenes de entrada de registro». «No», responde.
17.11
Jordi Pina, en defensa de Turull, pide que explique por qué su defendido les denunció. «A raíz de una toma de declaraciones. Se cita a personas relacionadas con el objeto de investigación y a partir de ahí se nos pone una denuncia, alegando que esas actuaciones las estábamos haciendo sin sustento de ningún juzgado», responde el teniente coronel. Pina pregunta si tenía algo que ver con que «en el curso de esas diligencias policiales alguno de los instructores amenazó a una de las letradas de la Generalitat con que podía ser denunciada». «No he tenido acceso a la querella», responde el guardia civil.
17.07
Manuel Marchena, presidente del tribunal, ha interrumpido en varias ocasiones a la abogada de Sànchez por pedirle una «valoración probatoria» al testigo. «Que no se le pida que explique cómo se inicia un procedimiento penal o si una invitación a la Diada prueba un hecho concreto».
17.01
La abogada de Sànchez pregunta por qué en los atestados no se incluyen los mensajes que pudieran ser favorables a la defensa del presidente de ANC y el resto de acusados, a lo que el teniente coronel responde que su función era «valorar la participación de una persona en unos hechos, no la no participación».
16.55
La abogada de Sànchez, máximo dirigente de la ANC, asegura que «la protesta que convocó el 21 de septiembre ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fue definida en el auto como "Escrache"» y pregunta el motivo. «Nosotros investigamos como un acto que se celebró ante el TSJ de Cataluña. Lo titulamos como escrache por la información que teníamos y las circunstancias en las que se elaboró ese atestado», responde el teniente coronel de la Guardia Civil.
16.49
La abogada pregunta si los indicios se basan en «noticias de prensa, tuits, entrevistas en televisión». El teniente coronel responde que también en «correos electrónicos, documentación hallada».
16.37
La abogada pregunta si hubo alguna detención durante el periodo calificado por el propio testigo como «periodo insurreccional». «No se produjeron detenciones que en un contexto ordinario sí se habrían producido» porque, como ha dicho esta mañana, «aquello era un polvorín».
16.32
«¿Por qué razón se mencionan hechos concretos de la ANC que se remontan a 2013?», pregunta la abogada al testigo basándose en las respuestas anteriores. La respuesta es que «no son hechos relacionados con malversación de fondos públicos, son relacionados con otros delitos».
16.29
La defensa de Sànchez pregunta si en todo el tiempo investigado la ANC recibió alguna subvención pública. El jefe de la investigación asegura que «si consta, está en diligencias», a lo que la abogada responde que «no consta, por eso se lo pregunto». «Los indicios que hay están aportados a la investigación», concluye el teniente coronel.
16.23
Francesc Homs pregunta por las «fuentes de conocimiento utilizadas para delimitar aquello que era competencia de la Generalitat y lo que no». Asegura el teniente coronel que «cuando se veía que se estaba desarrolando algo, por ejemplo una gestión del DNI, eso no es competencia de la Generalitat de Cataluña». «Ese es el límite. En caso de duda, no lo incluíamos», continúa. Repreguntado sobre las «fuentes de conocimiento», responde el agente de la Guardia Civil: «Intervenciones telefónicas, fuentes abiertas... Investigábamos a personas que hacen acciones que pueden ser un hecho ilícito».
16.13
Preguntado por las estructuras de Estado, el testigo asegura sobre la Agencia Tributaria propia que «el marco estatutario permite que esa estructura se desarrolle hasta cierto límite». Las indagaciones iban encaminadas a dilucidar si se sobrepasaba ese límite.
16.10
Se reanuda el juicio. Toma la palabra Javier Melero, abogado de Joaquim Forn.
14.15
Receso . La sesión se reanudará a las 16.00 horas.
14.12
Andreu van den Eynde pregunta al testigo si «ha localizado algún mensaje implícito de incitación a la violencia por parte de los señores Junqueras y Romeva» durante las investigaciones que ha realizado. «No», responde Baena.
14.02
«A mí el juez nunca me ha ordenado investigar el "procés", sino "averigüe si estas personas están implicados en estos hechos"». Esos «hechos» son relacionados por Baena, como ha hecho en varias ocasiones durante su declaración, con el uso de dinero público.
13.56
La defensa pregunta por el motivo por el que se intervinieron las comunicaciones de Josué Sallent, a lo que Baena responde que «consta en la diligencia». «Yo sé que lo hice bien porque [el juez] me lo autorizó». La defensa pregunta si uno de los indicios fue que había hablado con una empresa de recuento de votos: «Puede ser».
13.41
Baena ha añadido que se «asoció» una información a esa cuenta y se le vinculó a él. Pero que es falso y que lo ha desmentido a la prensa, en el Congreso, en el Senado y en una comisión del Ministerio del Interior. La titularidad real de la cuenta será difícil desvelarla porque el tribunal del «procés» denegó una prueba forense para resolverlo. Los jueces alegaron que un supuesto filtro de los planteamientos ideológicos de un testigo no es «presupuesto de validez de los actos de investigación». Informa Luis P. Arechederra .
13.38
El teniente coronel Baena niega ser el titular de una cuenta de Twitter que utilizaba el nombre de usuario de Tácito, desde la que se escribieron mensajes críticos contra el secesionismo en plenas investigaciones de la Guardia Civil. Las defensas de los acusados, y algunos medios de comunicación, sitúan a Baena detrás de esos comentarios y consideran que prueba su parcialidad y la contaminación de sus investigaciones. El teniente coronel rechaza ser el «propietario» de esa cuenta y explica que simplemente la seguía en Twitter porque le interesan las ciencias políticas. Informa Luis P. Arechederra .
13.35
Para la primera de las investigaciones, en la que se hizo un análisis de indicios para comprobar si la Generalitat se desmarcaba del marco autonómico, se emplearon «noticias y hechos desde el año 2012 hasta el año 2016». Es algo que ha confirmado el testigo tras ser preguntado por Van den Eynde.
13.26
La defensa pide a la Sala que exponga la cuenta de Twitter por la que le están preguntando, llamada «Tácito» y con una foto de una serpiente enroscada como imagen de perfil.
13.23
Tras la Abogacía del Estado y una breve intervención de la acusación de Vox, toman la palabra las defensas. Andreu van den Eynde, abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, es el primero en sacar a relucir las cuentas de Twitter supuestamente propiedad del teniente coronel de la Guardia Civil que está prestando declaración como testigo.
13.13
Sobre los hechos del 20 de septiembre, «la hipótesis más peligrosa no es la que sucede», asegura el agente. «No contemplábamos un llamamiento por parte de las asociaciones civiles, en este caso ANC y Òmnium, a una concentración en un lugar concreto. Sí que veníamos de una situación en la que se producían protestas de los ciudadanos ante las actuaciones de la Guardia Civil», lo que motivó que hubiera unidades del GRS (Grupos de Reserva y Seguridad) para ofrecer seguridad en los registros.
13.08
Comienzan las preguntas de la Abogacía del Estado, que pide al testigo que le indique si cuando lideró al equipo que realizaba las pesquisas, eran los jueces instructores quienes dirigían la investigación, algo que confirma.
13.04
Con respecto a los observadores internacionales, el testigo confirma que «hubo facturas» y que algunas de ellas llegaron a pagarse.
12.59
La fiscal pregunta sobre los registros en imprentas, «donde se encontraron dípticos y carteles sobre el referéndum». El testigo asegura que se hizo por orden de la Fiscalía, pero no fue un registro, sino una «inspección».
12.49
La investigación revela que Pablo Raventós, directivo de Unipost, pidió verbalmente el cobro de una factura a la Generalitat, según ha indicado el testigo.
12.48
«Gente que trabajaba en esta empresa [la desarrolladora del programa de contabilidad de Unipost] nos decía que se habían generado notas de entrega, proformas y facturas. Esas facturas se anulan a la vez y se genera otra proforma, y ya está, así queda todo». El objetico de esto era «que la anulación no sea definitiva, sino que utilizan un código para que pueda ser reactivada luego, y el servicio quedaba reflejada en una factura proforma para que no hubiera un descuadre en el balance».
12.47
Sobre la división de los gastos del encargo a Unipost, el agente asegura que «lo que aportamos en la investigación no concuerda con lo que aparece en otras investigaciones, así qe intentamos ver cómo funcionaba el sistema de Unipost».
12.44
La Fiscalía continúa preguntado sobre las 56.000 cartas encontradas en Unipost. El agente asegura que «pese a haber hecho esa actuación había personas que habían recibido esas cartas. Me comentaron que Unipost no tiene capacidad de distribución en todo el territorio catalán y utilizaba subcontratas para llegar allí donde no llegaba». Esto se supo porque algunos de los que recibieron cartas «pusieron denuncias por la utilización fraudulenta de sus datos».
12.41
Para la contratación de los servicios de Unipost «se utilizaron otros cauces, una contratación verbal» de la que había «referencias en manuscritos».
12.37
Se reanuda el juicio .
12.00
Receso . La sesión se reanudará a las 12.30 horas.
11.57
La Fiscal pregunta por las 56.000 cartas intervenidas en Unipost, que incluían certificados de acuse de recibo. «Aparte de la documentación que encontramos, vimos cuánto valía un certificado, y alguien de Unipost nos lo valoró» porque para la investigación era necesario saber «cuánto ha costado».
11.50
Sobre la campaña «Civisme» y la ampliación de crédito a 3.430.000 euros para ejecutarla, el testigo afirma que «cuando en el equipo lo vemos nos sorprende porque se está tramitando con carácter de urgencia una campaña que aparentemente es sobre civismo, pero realmente es una campaña para publicitar el referéndum, por eso investigamos. Nos sorprendió esa urgencia en un día de agosto». La empresa encargada de realizar el anuncio renunció a ello «porque creían que estaba vinculada al referéndum».
11.41
La Fiscalía pregunta al testigo qué eran los sistemas informáticos llamados «cridas»: «Un sistema de activación de voluntariado vía web». Lo vincula con ese traspaso de las competencias estatutarias hacia el referéndum. «Es una web de movilización para voluntariado, pero se iba a utilizar ese voluntariado en el referéndum».
11.34
Entre lo obtenido en el despacho del señor Salvadó también se encontró un «planning» que «contenía una serie de medidas y el dinero invertido para que fueran efectivas».
11.30
Baena asegura que investigaron las comunicaciones de las salas de mando de los Mossos d'Esquadra el 1 de octubre por orden de la magistrada. Según él, se acumuló «bastante material que arroja indicios de lo que ocurrió el 1-O». Alude a comunicaciones entre los mossos, solicitudes de los agentes y las respuestas de las salas de mandos. Y sostiene que, de ese material, se deduce que se identificó y siguió a la Guardia Civil y la Policía Nacional, incluso a veces con prioridad a otros cometidos de los Mossos aquella jornada. Informa Luis P. Arechederra .
11.28
Entre otras cosas, el agente asegura que existía «un inventario de bienes para repartirse entre España y Cataluña lo que había». También anotaciones sobre el papel de los observadores internacionales en la valoración del referéndum: «El apoyo internacional era una de las piedras angulares. Entre las estructuras de Estado existe la necesidad de ser reconocido».
11.27
«Investigábamos el desarrollo de las competencias estatutarias para obtener una estructura para un futuro Estado aprovechando el marco legal del estatuto. No es otra cosa que la evolución de una estructura comunitaria y estatutaria hacia una estructura de Estado, y nosotros investigamos el empleo de dinero público» para ello, asegura el teniente coronel. «Toda aquella estructura básica para que un Estado sea independiente en el momento de la desconexión».
11.21
La Fiscalía pregunta si «persistieron esas movilizaciones tras el 1 de octubre», incluyendo escraches a «esposas e hijos» de miembros de la Guardia Civil. El testigo lo confirma.
11.18
El testigo no participó directamente en ningún registro el 20-S, sino que se mantuvo en el cuartel: «Yo era el responsable judicial del dispositivo». «Cumplimos con el objetivo, que era ir a por una serie de pruebas, recopilarlas, aportarlas al juez y el número de detenidos consensuado con el juez fueron presentados», «excepto el hecho de que no pudieran ir los detenidos al punto de registro», algo que «se solventó».
11.14
El teniente coronel Baena ha asegurado que se produjeron 47 asedios a las casas cuartel de la Guardia Civil.
11.11
La Fiscalía pregunta por los «asedios» a las casas cuartel de la Guardia Civil: «En las casas cuartel se producían concentraciones de personas diciéndonos cosas, insultándonos, impidiendo la salida y manifestando una actitud hostil hacia la presencia de la Guardia Civil en ese sitio», responde el agente. El empleo de la palabra «asedio» por la fiscal ha provocado la protesta de las defensas, que han alegado que el testigo hablaba de «escraches» y se estaba cambiando la terminología «para introducir» el término que quería la Fiscalía.
11.07
Las defensas protestan, asegurando que el testigo no debería utilizar el concepto «periodo insurreccional» para «ilustrar sus comentarios». Manuel Marchena, presidente del tribunal, asegura que «esa realidad él la percibió. Que sea más o menos acertado... La Sala no se siente en absoluto vinculada ni da por probada una valoración que haga el testigo». La fiscal, para aliviar la tensión, propone que el testigo indique exactamente las fechas a las que se refiere con esos términos: «El periodo que va del 19-20 de septiembre al 27 de octubre», cuando se aplicó el 155. En ese lapso de tiempo se produjeron 84 de las 88 acciones de acoso contras las fuerzas de seguridad, según ha indicado antes el teniente coronel de la Guardia Civil.
11.01
El testigo está explicando la coherencia entre los hechos que fueron sucediéndose en el «procés» y las previsiones de los documentos preparatorios, como la agenda Moleskine incautada a Josep María Jové, el antiguo número dos de Oriol Junqueras, considerada decisiva para probar la existencia de una estrategia coordinada. «El referéndum tenía que celebrarse sí o sí. Aparece en la agenda y en Enfocats», ha señalado Baena, en alusión también a la conocida como hoja de ruta del plan secesionista ilegal. Informa Luis P. Arechederra .
10.57
La Fiscalía pregunta si en la agenda incautada a Jové se hablaba de «presión al Estado español». «Sí, había que ir incrementando el grado de conflictividad con el Estado», responde el teniente coronel. «El referéndum tenía que celebrarse sí o sí».
10.53
«Los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) no los llegamos a investigar», afirma el teniente coronel. «No se investigaba a ANC per sé, o a Òmnium, sino que aparecen a raíz de los hechos del 20 de septiembre. Cuando se nos pide una valoración general del "procés" sí que los incluimos. Lo mismo ocurre con los CDR, que son una herramienta [...]. Al principio el objetivo de esta "unidad de propósito" era el referéndum y luego la república».
10.51
Baena asegura que el referéndum se adelantó con respecto a lo previsto en el docuemnto Enfocats: «Se producen una serie de hechos que produjeron que, cuando estaba prevista la celebración del referéndum según Enfocats, realmente se celebrara antes por la situación política».
10.41
Baena relata ante el tribunal en qué consistió la labor de investigación policial, primero a instancias del juez de instrucción 13 de Barcelona y después de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Para el teniente coronel, el 20-S marcó un punto de inflexión en Cataluña. A partir de ese día, ha dicho en varias ocasiones que «hubo un clima de tensión claramente insurreccional». Informa Nati Villanueva .
10.40
Afirma el teniente coronel que en «el primer informe que entregamos sobre el "procés"» veían «qué nos pedía el juez exactamente, que pruebas habíamos obtenido y hacíamos obtención de otras pruebas de aquello que no teníamos recopilado». «Muchas de estas pruebas han sido obtenidas por distintas fuentes. Nuestro trabajo ha sido hacer un recopilatorio de todo lo acontecido mirando medios de comunicación, diarios oficiales, testificales... Sobre todo eso informábamos».
10.37
Los correos electrónicos intervenidos «se cogieron en el CTTI y en las sedes de las administraciones en las que trabajaban estas personas», ha asegurado el agente tras ser preguntado por la fiscal. Sobre el acoso a las fuerzas policiales, ha añadido que «de las 88 acciones que se producen contra la Guardia Civil, dos se producen hasta el 20 de septiembre y dos a partir de la aplicación del 155» Las 84 restantes ocurrieron en el periodo que queda entre ambas fechas.
10.33
«Nosotros somos policía judicial y nos debemos a un juez. No interpretamos las órdenes ni nos quedamos con la información para ofrecerla cuando más nos convenga», asegura el agente.
10.28
Sobre el 20-S, la fiscal pregunta al teniente coronel si «recuerda si los autos que usted había solicitado eran genéricos». «No, eran muy específicos», responde. «De hecho, había que hacer llamadas al juez [desde los registros] para que especificara qué era necesario exactamente porque eran muy concretos».
10.24
Daniel Baena es uno de los máximos responsables de las investigaciones policiales del 1-O. El hecho de que este agente difundiera en las redes mensajes contra el independentismo no le va a ayudar en el interrogatorio de las defensas, que muy probablemente utilizaran esta circunstancia para intentar desacreditarle. Informa Nati Villanueva .
10.21
«Sabíamos que el CTTI (Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información) iba a ser el centro neurálgico» de los datos informáticos del 1-O y por eso entraron en las instalaciones, para que «durante los días 30 de septiembre y 1 de octubre no se utilizara esa infraestructura oficial para el referéndum».
10.18
La fiscal pregunta si el auto «ordenaba ente otras cosas impedir la apertura y la actividad» de centros de recepción y contabilización de votos. «Sí, lo sabíamos», responde. «Sobre ese párrafo, teníamos experiencia previa [...] y nos encargamos de ejecutarlo nosotros de forma directa, la Policía Judicial. Del resultado de esa práctica, de esa diligencia, dimos cuenta a la jueza del TSJC».
10.14
«A raíz de la investigación» se pasó a comprobar «la veracidad de esas declaraciones y qué acciones podían ser constitutivas de delitos». Una de las personas investigadas fue Salvadó, de quien se indagó sobre su papel en la creación de la Agencia Tributaria propia.
10.10
El teniente coronel investigó documentos relacionados con la creación de una Agencia Tributaria catalana «por si podía ser una estructura de Estado básica en una declaración de independencia».
10.05
Se reanuda el juicio . La Sala llama al teniente coronel de la Guardia Civil.
09.45
Tanto la testifical de Baena como la de su compañero estaban previstas para hace unas semanas, pero fueron aplazadas por el tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena después de que lo solicitasen algunos abogados de los 12 acusados. Consideraban que disponían de un «corto espacio de tiempo» para preparar sus estrategias de defensa. Informa Europa Press.
09.42
Las defensas han cuestionado la imparcialidad de Baena tanto en la fase de instrucción como en la de cuestiones previas del juicio —trámite reservado para alegaciones de vulneración de derechos y en la cual se puede tratar de anular la causa—, ya que se le identificó como el usuario de un perfil de Twitter (Tácito) en el que se publicaron mensajes contra los líderes independentistas.
09.35
Baena firma los informes policiales de la investigación sobre el «procés» y la organización del 1-O que han servido para las instrucciones de las causas que se han seguido, además de en el Supremo, en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y en la Audiencia Nacional. Le seguirá el guardia civil que elaboró, en calidad de secretario, dichos atestados.
09.30
Buenos días. La Sala que juzga el «procés» en el Tribunal Supremo escuchará este martes uno de los testimonios claves del proceso, el del teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena , jefe de la policía judicial a cargo de la investigación sobre la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
