La juez notifica a Interior que ella ordenó discreción a la Guardia Civil en la causa sobre el 8-M

La juez que investiga por un presunto delito de prevaricación al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en relación a las manifestaciones que autorizó antes del estado de alarma pese al avance de la pandemia, notificó este lunes por escrito al Ministerio del Interior que ella misma había dado orden a la Guardia Civil de «guardar rigurosa reserva» sobre este asunto e incumplirlo puede conllevar responsabilidades penales.

Se trata de un oficio remitido el lunes a las nueve y media de la mañana al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y firmado por la titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel. A esas horas, aún no había trascendido al público el cese del coronel jefe la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos , pero la decisión se había adoptado y comunicado al afectado la noche anterior. El argumento, una pérdida de confianza que se enmarcaría, precisamente, en que no estuvo informando a sus superiores de esta investigación en curso sobre el delegado del Gobierno.

En su escrito, la juez contrarresta esa posición del Ministerio del Interior poniendo negro sobre blanco y en cuatro escuetos puntos que en el marco de esas diligencias, ella misma ordenó discreción y recordó agentes de la Guardia Civil a cargo de la investigación que según la Constitución la Policía Judicial tiene «exclusiva dependencia de los jueces, tribunales y el Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente».

«(Esta instructora) desde el primer día de la investigación dio orden expresa a la Policía Judicial actuante de guardar rigurosa reserva sobre la evolución y el resultado de las concretas investigaciones que les hubieran sido encomendadas, así como todas las informaciones que, a través de ellas obtengan, de modo que sólo se informara a esta magistrada-juez », dice el escrito remitido a Interior.

De hecho, traslada al número 2 de Fernando Grande-Marlaska que ella misma «enfatizó que cualquier nota de prensa que desde Guardia Civil quisiera hacerse pública debería contar previamente con su autorización», dado que decidiría «no sólo el hecho en sí de facilitar dicha nota sino también su concreto contenido».

«La infracción de dicho deber será corregida disciplinariamente, sin perjuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiere dar lugar -que pudieran ser penales- cuestión ésta que, hasta el momento, no le consta que se haya producido pero que, de producirse, podría dar lugar a la correspondiente investigación por parte de este juzgado», añade el oficio, citando la norma que regula el funcionamiento de la Policía Judicial.