El juez de Púnica exime a Indra y da por agotada la pieza sobre la financiación del PP de Aguirre
Rechaza por impertinentes las diligencias que pedía Anticorrupción para sostener que era prematuro el sobreseimiento de la empresa
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra la empresa Indra por un presunto desvío de fondos de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid en un auto en el que da por agotada esta línea de investigación del caso Púnica sobre la presunta financiación irregular del PP que presidía Esperanza Aguirre en la región.
El instructor da la razón así a la mercantil, que había pedido que se cerrase el caso en lo relativo a la persona jurídica por entender que no había quedado acreditado que la empresa tuviese responsabilidad por acción u omisión en lo que hiciesen personas que en ella trabajasen.
La Fiscalía Anticorrupción, por contra, se oponía a archivar las actuaciones contra Indra aduciendo que la petición «no se efectúa en el momento procesal oportuno» porque «aún quedan pendientes importantes y pertinentes diligencias a practicar» para esclarecer los hechos y que, en todo caso, «la investigación sigue abierta hasta que finalicen los plazos fijados por ley para su conclusión» y eso es en el mes de julio.
Es ahí donde el juez instructor quita la razón al Ministerio Público pues entiende que si bien los plazos formalmente no han concluido, esta línea de investigación «está agotada». Se remite al auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que el pasado mes de febrero desestimó una serie de diligencias que pedía Anticorrupción y dejó por escrito que después de siete años de investigación, «no se puede demorar por más tiempo» esta pieza separada del caso Púnica, entre cuyos imputados figura la propia Aguirre .
« Este instructor entiende que la instrucción de la Pieza está finalizada, y será desde el rigor de esta convicción, coherente con la tutela de los derechos fundamentales de las personas sujetas a la investigación desde ya hace 7 años (en este 2021), desde el estricto parámetro en que deberá valorarse la utilidad, necesidad y pertinencia de las diligencias que, en este momento, se solicitan», dice el juez, antes de rechazarlas una por una.
Es el caso de la reclamación de los fiscales de analizar uno de los contratos adjudicados desde ICM a INDRA sobre redes sociales en 2011 y 2012 y del que Anticorrupción critica que el instructor «nada ha dispuesto». «Acierta el Fiscal en su afirmación. Este Magistrado nada ha dispuesto sobre el análisis del mencionado informe porque no se ha reputado necesario ni pertinente practicar un análisis prospectivo general sobre un contrato respecto del cual Indra ya ha señalado que existen indicios que se ejecutó», contesta García Castellón.
Añade que «se desconoce de qué indicios infiere el Fiscal» que Indra no prestó aquel servicio y «no se alcanza a comprender a qué se refiere ahora el Fiscal cuando en términos categóricos afirma que el contrato 'hay que analizarlo'», habida cuenta de que lo habrá tenido ya que analizar para llegar a esa conclusión de que hay indicios de irregularidades.
Rechaza las diligencias sobre Indra
En la misma linea, desestima su petición de encargar una pericial sobre los expedientes de contratación y las ofertas presentadas por Indra en relación a los procesos electorales celebrados en la Comunidad de Madrid en los años 2007, 2011 y 2015, ya que interpreta que es «inútil, innecesaria y carente de toda pertinencia al interesarse tan solo porque la pericial» ya realizada y que obra en el sumario la encargó la propia compañía. «No se señala por el Fiscal qué aspectos del informe pericial aportado se entienden oscuros, controvertidos, o necesitados de aclaración», añade.
También rechaza que estén «pendientes actuaciones del instructor»en aspectos como una denuncia que ya fue incorporada a la causa, los lotes de una de las contrataciones investigadas o llamar al responsable de Cumplimiento Normativo de la empresa para preguntar por unas retiradas de fondos y qué medidas de prevención se llevaron a cabo. »En conclusión, no ha lugar a practicar ninguna de las diligencias interesadas por el Fiscal en su escrito «, concluye el juez.
Este jueves, el juez escuchará a Luis Gálvez, de la constructora Ploder, y sobre quien el extesorero del PP Luis Bárcenas aseguró que había realizado una donación de 60.000 euros en un sobre que él entregó personalmente a la expresidenta regional, Esperanza Aguirre, para una de sus campañas electorales. La diligencia se desprende de aquella declaración previa del tesorero, que acudió como testigo tras presentar un escrito a la Fiscalía Anticorrupción anunciando su interés por «colaborar» con las pesquisas.
La propia Aguirre respondió anunciando que emprendería acciones legales contra él por falso testimonio y negó rotundamente haber percibido aquel dinero. Ahora, será el turno de que Gálvez ofrezca su versión de los hechos.
