El juez procesa a Villarejo y otras 13 personas por el espionaje a un exjuez
Ya son tres las piezas separadas de la macrocausa Tándem que se enfilan a juicio
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado continuar el procedimiento contra el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo y otras 13 personas en la pieza separada de la macrocausa Tándem que se seguía por el encargo de espiar a un exjuez. Los delitos, uno de extorsión y dos de revelación de secretos.
El proyecto, denominado 'Pintor' se desplegó en el año 2017. La encomienda tiene su origen en una reclamación de más de un millón y medio de euros que la AEAT dirige de forma solidaria frente al empresario Fernando Muñoz Tamara y su socio Mateo Martín Navarro, quien, asesorado por su letrado y otrora juez instructor Javier Urquía, se declara insolvente.
Fernando Muñoz consideraba que Mateo Martín contaba con «un cuantioso patrimonio que habría ocultado», pero como los trámites legales que emprendió contra él no daban fruto, su hermano Juan, también empresario, le «propone contactar con José Manuel Villarejo Pérez para contratar los servicios de la empresa Cenyt». El comisario le ofreció «hacer informes» tanto de Martín como de Urquía para conseguir «unas condiciones o acuerdos favorables para los Muñoz«.
Según explica el auto, fue así como los hermanos Muñoz Tamara «contrataron a principios del año 2017 los servicios» de Villarejo, quien «con la colaboración de varios de los miembros de su entramado empresarial» y en concreto, su hijo José Villarejo Gil y el policía en segunda actividad Antonio Bonilla, «les proporcionó diversa información sensible y de acceso restringido de ambos objetivos a cambio de 20.000 euros, precio que abonó en efectivo y sin dejar ningún rastro documental» Juan por indicación de Fernando.
La finalidad del proyecto era doble. Por un lado, «localizar a través del contacto de Cenyt en la policía activos patrimoniales» de Mateo Martín. Por otro, «obtener debilidades» tanto de él como de Urquía, para utilizarlas «como medida de presión» en una eventual negociación y «fuercen» a los espiados a aceptar condiciones que les eran desfavorables «mediante la advertencia de difundir públicamente, en caso contrario, información privada y comprometedora» de ambos.
«Las grabaciones de Villarejo son muy explícitas; les dice que sólo tendrán que pagar a la empresa de detectives a la que él encargue los seguimientos, a la que además pedirá un 'precio de estudiante'. Advierte de que en el futuro la tarifa será de '150 ó 200 papeles; menos no se cobra por esos curros', porque 'si te pillan te comes cuatro años por revelación de secretos'», explica el auto del juez.
Esos detectives eran Nuria Morales, Gervasio Cañabate, Elisa Gabán, y Juan Manuel León, que hicieron seguimientos y grabaron con cámara oculta a Urquía en situación comprometedora. Se incluye a José Manuel González, un policía en activo de Málaga que estando de baja laboral por supuesta enfermedad, habría colaborado en el espionaje. El procedimiento se dirige contra todos ellos.
Ese material sensible recopilado, que el instructor resume como «fundamentalmente dos vídeos con prostitutas y cocaína, entre otros» fue recepcionado por los abogados de los Muñoz, los también procesados José Luis García y Ricardo Álvarez-Ossorio , quienes se iban a encargar de mostrárselo a las víctimas para conseguir los fines del proyecto.
Los empresarios no usaron la información
Sin embargo, el juez concluye que «de las diligencias practicadas se desprende» que los Muñoz Támara y sus abogados «no habrían llegado a utilizar toda esta información reservada de la que habrían dispuesto para lograr sus propósitos».
Cabe recordar en este punto que los empresarios comparecieron por iniciativa propia en la Audiencia Nacional el pasado 4 de junio y en un cambio de su versión inicial de los hechos , reconocieron el contrato, el pago de 20.000 euros y la existencia de los vídeos de Urquía, si bien se desmarcaron del fin extorsionador del encargo. Las defensas de otros investigados plantean la posibilidad de que alcanzasen un acuerdo con Fiscalía Anticorrupción.
El auto destaca además que los informes elaborados por Cenyt para este proyecto y que fueron intervenidos en los registros «contienen datos confidenciales sacados de bases policiales en el que consta acreditada la intervención de Antonio Martínez Novoa», un inspector que ya fue señalado por lo mismo en otras dos piezas separadas de la causa y para el que se dictó el sobreseimiento porque no queda acreditado que hiciese esas consultas de datos a sabiendas de su destino ilegal ni que recibiera dádivas a cambio.
Esta es la tercera de la veintena de líneas de investigación que tiene la macrocausa Tándem que se enfila para juicio. El juez ya ha procesado a Villarejo y a parte de su «clan» en los proyectos Iron y Land, donde también se ha continuado el procedimiento para quienes fueran sus clientes. El comisario lleva desde noviembre de 2017 en prisión provisional y el máximo que puede permanecer en la cárcel sin que medie ni juicio ni sentencia es de cuatro años.
