La juez procesa al chófer de la coca que se lucró con los ERE
Guerrero, el exdirector de Trabajo de la Junta, dio 1,5 millones en ayudas a su conductor
La juez María Núñez Bolaños ha concluido la instrucción de una nueva pieza separada del caso ERE, concretamente la referida a cuatro ayudas concedidas por el exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucia, Francisco Javier Guerrero, al que fue su conductor, Juan Francisco Trujillo por un importe de 1.475.000 euros.
En el auto previo al de apertura de juicio concluye que las ayudas se concedieron «de forma arbitraria por Francisco Guerrero para su lucro y el de sus amigos o conocidos a sabiendas del carácter ficticio de dichas empresas y de la finalidad indiciariamente ilícita de la ayuda concedida».
También refiere el auto judicial, tal y como se puso de manifiesto en la investigación iniciada por la juez Mercedes Alaya, que el director general de Trabajo de la Junta de Andalucía recibía numerosos regalos de su chófer que, además, como reconoció en una de sus declaraciones, compraba cocaína para ambos .
La juez señala que Guerrero «sugirió» a su entonces chófer que creara dos empresas y, según declaró el propio Trujillo, «le dijo que como tenía facultades para conceder subvenciones y que no tenía que justificar nada, podía otorgárselas presentando una memoria muy simple», de manera que el pago «lo acordaría el propio Guerrero».
«En ejecución de dicho plan o concierto», creó dos sociedades, como son Iniciativas Turísticas Sierra Morena y Lógica Estratégica Empresarial «y presentó dos breves memorias». Ambas sociedades recibieron sendas ayudas de 450.000 euros cada una en 2004 y 2005. Una tercera ayuda por la misma cantidad fue concedida a Trujillo como administrador solidario de la sociedad Ave Nueva, en la que a su vez figura como administrador Isidoro Ruiz Espigares.
Cuatro delitos
Los hechos investigados podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación, malversación, falsificación de documento mercantil y tráfico de influencias, de los que imputa al exdirector de Trabajo, su conductor, el exdirector de Vitalia Antonio Albarracín , y a Isidoro Ruiz que actuó como administrador solidario de una las empresas que recibió ayudas.
La juez resuelve el sobreseimiento provisional de la madre y esposa del conductor , por no quedar acreditados suficientes indicios de su participación en los hechos –en el caso de la madre, y ninguna participación en el caso de la mujer–, aunque Juana Gallego –esposa de Trujillo– continúa en las actuaciones como partícipe a título lucrativo.
La juez pide ahora a la Fiscalía y a las acusaciones que en el plazo de 10 días soliciten la apertura del juicio oral, con escrito de acusación, o el sobreseimiento de esta causa.
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